Ciudad de México, 14/08/26 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su administración haya elaborado una lista negra de periodistas, medios de comunicación y políticos opositores, luego de la polémica generada por la presentación de un análisis gubernamental sobre una presunta red de amplificación digital dedicada a reproducir contenidos críticos contra la Cuarta Transformación.
De acuerdo con Infobae, la mandataria defendió durante su conferencia matutina a Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y sostuvo que la funcionaria únicamente expuso la manera en que determinadas publicaciones son retomadas y multiplicadas en redes sociales, sin plantear sanciones ni identificar a los comunicadores mencionados como integrantes de una operación ilegal.
Sheinbaum rechazó que la presentación pueda interpretarse como una relación oficial de adversarios políticos o comunicadores incómodos para el Gobierno.
“Vean nuevamente la conferencia, Luisa lo que dice es: viene una noticia de una cuenta y, de ahí, se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta. Mostró cómo funcionan las redes hoy, nunca dijo esta es la lista, pero ya, todos, todos, todos: la lista de Sheinbaum”, afirmó desde Palacio Nacional.
La presidenta sostuvo que la controversia se ha alimentado por una interpretación que, desde su perspectiva, busca presentar a su administración como intolerante frente a las críticas. Aseguró que existe plena libertad para expresar opiniones contrarias al Gobierno y negó que se hayan instrumentado mecanismos de censura o represalias contra medios y periodistas.
“Si hay la mayor libertad de expresión de la historia, ¿a quién se le censura? Pregunto: ¿a quién? A nadie”, manifestó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las críticas generadas después de que se difundieran los nombres de periodistas, medios y figuras políticas incluidos en el análisis presentado por Alcalde.
La mandataria también defendió los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, actualmente sometidos a consulta, y rechazó que disposiciones como la creación de códigos de ética y defensores de audiencias constituyan restricciones a la libertad de prensa. Consideró que estas medidas buscan transparentar los criterios editoriales de los medios y proporcionar mecanismos para que las audiencias puedan presentar inconformidades.
“¿Qué tiene eso de censura? Nada. Absolutamente nada. Y sostengo que es un avance democrático para el país. Porque el medio tiene que decir cuál es su código y permitir que la audiencia se queje ante un defensor que ellos mismos ponen. Así de sencillo, simple”, expresó la presidenta al explicar su postura sobre esas disposiciones.
Sheinbaum agregó que las propuestas permanecen abiertas a discusión pública y aseguró que no han sido impuestas de manera unilateral.
“Y además sigue a consulta, porque además se puso a consulta. Ni siquiera se dijo: estas son. Vamos a ponerlas a consulta a ver qué opinan todos. Es un ejercicio de debate”, declaró.
La jefa del Ejecutivo federal insistió en que no ha ordenado limitar la pluralidad de opiniones ni sancionar a comunicadores por sus posiciones críticas. En contraste, afirmó que durante administraciones anteriores, incluidas las de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, sí se registraron prácticas de presión contra periodistas y medios de comunicación.
La controversia comenzó después de que Alcalde denunciara la existencia de lo que calificó como una red de amplificación digital enfocada en reproducir mensajes contrarios al Gobierno federal y a la Cuarta Transformación.
La funcionaria presentó un estudio realizado entre el 1 de enero y el 8 de agosto de 2026 que identificó 560 mil 520 cuentas vinculadas con la circulación de ese tipo de contenidos.
Según los datos presentados por la Consejería Jurídica, durante ese periodo se contabilizaron más de 22 millones de publicaciones dirigidas principalmente contra el Gobierno y la presidenta. El análisis también señaló que una parte de las menciones pudo ser ubicada en países como México, Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela, Colombia, Indonesia, Perú y Ecuador.
El estudio gubernamental clasificó el funcionamiento de esa presunta red en cuatro niveles. El primero estaría integrado por 54 cuentas de medios y analistas políticos encargadas de generar información, investigaciones, opiniones y noticias; entre los nombres señalados se encuentran Atypical, Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, El Universal y Reforma.
En un segundo nivel fueron colocadas 32 figuras públicas y políticos, entre ellos Alejandro Moreno y Xóchitl Gálvez, señalados por amplificar y politizar los contenidos. El reporte atribuyó a este grupo más de 67 mil publicaciones durante el periodo revisado.
Una tercera capa estaría conformada por 34 cuentas anónimas o identificadas como trolls, que presuntamente redistribuyen los mensajes con altos niveles de actividad. Finalmente, el Gobierno aseguró haber detectado un grupo de alrededor de 500 mil cuentas automatizadas encargadas de replicar masivamente los contenidos.
Entre las cuentas mencionadas en la presentación figuraron “Melissa Bely”, “La Abuela García” y “Don Metralleta”, a las que se atribuyeron patrones particularmente intensos de publicación y uso reiterado de apodos y etiquetas dirigidas contra la Cuarta Transformación.
Pese a que el análisis exhibió nombres específicos de medios, periodistas y políticos, Sheinbaum insistió en que no existe una lista gubernamental destinada a perseguir opositores.
La presidenta mantuvo que el objetivo de la exposición fue explicar la dinámica de difusión de mensajes en plataformas digitales y no establecer responsabilidades contra quienes generan contenidos críticos hacia su administración.
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