Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 10/10/2025 (Más).- Debido a la falta de un convenio firmado entre el Gobierno del Estado y la Federación, en Coahuila, las personas con discapacidad de los 29 a los 64 años enfrentan limitaciones para acceder al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Actualmente, este beneficio solo está disponible para la población de 0 a 29 años de edad.
Cecilia Torres, encargada de programas del Bienestar en Saltillo, explicó que la exclusión de los adultos mayores con discapacidad se debe a que administraciones pasadas y la actual no han concretado el acuerdo necesario para ampliar la cobertura del programa, pese a que la universalidad de esta pensión ya se ha logrado en gran parte del país.
En México, la pensión federal para personas con discapacidad de 29 a 64 años está aprobada y entregándose en 24 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En estos estados, los beneficiarios ya reciben pagos bimestrales del programa, como ocurre en el Estado de México, donde se cubre de 0 a 64 años.
Por el contrario, los estados que aún no han firmado el convenio para ampliar la pensión a personas de 29 a 64 años son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. En estos estados, la pensión se limita únicamente a personas de 0 a 29 años, salvo algunas excepciones por pobreza extrema o pertenencia a comunidades indígenas o afromexicanas.
Alberto Hurtado Vera, diputado local, señaló que la diputada Delia Hernández presentó un exhorto en el Congreso de Coahuila para que se agilice la firma del convenio y se amplíe el programa a más beneficiarios, incluyendo a los adultos con discapacidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los legisladores de PRI y PAN, quienes argumentaron diversos motivos para no respaldarla.
Esta falta de convenio tiene un impacto directo en la vida de las personas con discapacidad adultas, quienes quedan excluidas de un beneficio federal que podría mejorar su calidad de vida y garantizar un apoyo económico estable. Activistas y familiares han señalado que la demora limita derechos fundamentales de este sector de la población.
La diferencia en la aplicación del programa federal entre estados evidencia cómo la voluntad política y los acuerdos entre gobiernos estatales y la federación determinan la extensión de los programas sociales, dejando a Coahuila y otros siete estados rezagados en la protección económica de sus ciudadanos con discapacidad.
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