Ciudad de México, 20/10/26 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum negó haber establecido un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para detener al exfiscal estatal César Gustavo Jáuregui Moreno a cambio de ofrecerle una embajada, y sostuvo que la investigación federal contra el exfuncionario deriva de la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado sin autorización del Gobierno de México.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la mandataria afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar las pruebas que sustentan las acusaciones contra Jáuregui, investigado por una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional. También señaló que será esa institución la que determine si existen elementos para ampliar las indagatorias a otros funcionarios, incluida la gobernadora de Chihuahua.
Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum rechazó las versiones periodísticas sobre un supuesto pacto entre su administración y Campos para proceder contra el exfiscal y ofrecer a la mandataria estatal una representación diplomática en el extranjero. La presidenta aseguró que su gobierno no negocia con gobernadores la detención de personas y que los procedimientos deben desarrollarse conforme a las disposiciones legales.
“Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, declaró al ser cuestionada sobre las versiones del presunto acuerdo.
La titular del Ejecutivo federal también negó haber exonerado a la gobernadora de cualquier posible responsabilidad. Explicó que determinar si una persona debe ser investigada o si existen elementos para proceder en su contra, corresponde a las fiscalías y a las autoridades judiciales, por lo que evitó anticipar conclusiones sobre el alcance de las indagatorias.
Sheinbaum añadió que esperaba que durante la audiencia judicial programada para este martes se expusieran las pruebas relacionadas con la imputación contra Jáuregui, en la medida en que lo permitiera el procedimiento. El caso se relaciona con la presunta intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua.
La presidenta explicó que la investigación federal comenzó después de que se conociera la participación de dos agentes estadounidenses en acciones relacionadas con el laboratorio, ubicado en la localidad de El Pinal, municipio de Morelos. Ambos agentes murieron en un accidente vehicular ocurrido en la Sierra Tarahumara, junto con dos funcionarios de la Fiscalía estatal, cuando regresaban del lugar.
De acuerdo con la versión expuesta por Sheinbaum, el Gobierno de México revisó si los agentes extranjeros contaban con las autorizaciones necesarias para permanecer en el país y participar en actividades de seguridad. La mandataria sostuvo que las autoridades estatales no podían realizar ese tipo de operaciones de manera independiente, sin respetar los mecanismos de coordinación y autorización establecidos en la legislación federal.
Sheinbaum cuestionó además que el traslado se realizara durante la noche por una carretera sinuosa – un tramo carretero que presenta una sucesión continua de curvas en diferentes sentidos, generalmente ubicada en zonas de montañas, colinas o terrenos accidentados – de la Sierra Tarahumara, donde ocurrió el accidente que provocó la muerte de las cuatro personas. “Fue una irresponsabilidad ir esa noche, cualquiera que haya ido solamente para ir a ver un laboratorio”, expresó.
La investigación de la FGR busca determinar si la participación de los agentes extranjeros se realizó sin fundamento legal ni autorización federal, así como establecer si existieron omisiones de las autoridades estatales al informar sobre el operativo. La Ley de Seguridad Nacional establece disposiciones para regular la colaboración de autoridades mexicanas con agencias de otros países.
La presidenta señaló que, a partir de los elementos recabados, la Fiscalía federal encontró motivos para proceder contra el exfiscal por una posible violación a esa legislación. No obstante, insistió en que corresponde a las autoridades ministeriales acreditar las acusaciones y a los órganos judiciales resolver conforme al desarrollo del proceso.
César Gustavo Jáuregui Moreno encabezó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua desde 2023 hasta abril de 2026. Tras conocerse la participación de agentes estadounidenses en el operativo, dejó el cargo y reconoció su responsabilidad política por permitir la actuación de agentes extranjeros sin autorización del Gobierno federal.
El exfuncionario fue detenido el sábado 17 de octubre en la capital de Chihuahua por autoridades locales. Después de una audiencia inicial relacionada con delitos del fuero común, en la que se determinó que enfrentara esa etapa del proceso en libertad bajo medidas cautelares, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por la investigación federal.
Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos sostuvo que su administración no protegerá a servidores públicos involucrados en posibles delitos y defendió la actuación de las autoridades estatales en las investigaciones relacionadas con el caso. En un mensaje difundido el lunes, afirmó que la ley debe aplicarse sin distinciones y que no habrá protección para quienes hayan trabajado en su gobierno.
“Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni persigue a nadie”, expresó la mandataria estatal.
Campos recordó que en abril sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tras la cual se acordó integrar un grupo interinstitucional dentro de la Fiscalía de Chihuahua para investigar la presencia de agentes de la CIA en la entidad.
La gobernadora explicó que la investigación estatal se concentró en posibles delitos del fuero común, mientras que la FGR inició una causa distinta dentro de sus atribuciones. Añadió que, si durante las indagatorias locales se identifican hechos relacionados con el ejercicio de funciones públicas que correspondan al ámbito federal, su administración entregará la información a las autoridades competentes.
El caso mantiene abiertas distintas líneas de investigación sobre la participación de agentes extranjeros, las autorizaciones necesarias para realizar operaciones de seguridad en territorio mexicano y las posibles responsabilidades de funcionarios estatales. Sheinbaum reiteró que la resolución dependerá de las pruebas que presente la Fiscalía y de las determinaciones judiciales, al tiempo que descartó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua.
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