Múzquiz, la disputa PRI-Morena por la joya de la corona

La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, enfrenta varias denuncias por corrupción y una solicitud de juicio político, por parte de Movimiento Ciudadano, acusaciones que incluyen el desvío de recursos y la utilización de «empresas fachada» para adjudicaciones fraudulentas.

Por Miguel Villarello

Saltillo, Coahuila, MÁS. – La actual administración del Ayuntamiento de Múzquiz, encabezada por la alcaldesa Tania Flores Guerra, enfrenta una nueva solicitud de juicio político presentada por el partido Movimiento Ciudadano. En los últimos 12 meses, la administración de Flores Guerra ha sido objeto de varias denuncias, comenzando con una acusación de corrupción por parte de su exsecretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera Mendoza.

En mayo pasado, durante las campañas electorales en las que ambas participaron (Flores Guerra por Morena-PT y Escalera Mendoza por Movimiento Ciudadano), Escalera Mendoza amplió su denuncia, vinculando a la alcaldesa con corrupción en obras a través de “empresas fachadas”, ubicadas en Piedras Negras. 

En el mismo mes, mientras realizaban actividades proselitistas, la presidenta municipal y sus simpatizantes fueron agredidos por priistas liderados por Francisco Tobías, a quienes los morenistas sorprendieron repartiendo más de 15 mil pesos en efectivo a lideresas del tricolor.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Alfonso Danao de la Peña, presentó la solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado, alegando corrupción en la administración de Flores Guerra.

CORRUPCIÓN

Fue en julio del 2023 cuando, por la sospecha de un posible mal uso de recursos públicos por una cantidad estimada en 100 millones de pesos la exsecretaria del ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera Mendoza, interpuso una denuncia ante el Congreso, instancia que dio parte a la Auditoría Superior del Estado.

Después la ASE informó al Legislativo que se contaba con suficiencia de evidencias para iniciar una investigación a dicha administración.

Se busca fincar responsabilidad por el desvío de recursos del ejercicio 2022, según trascendió por parte de la exfuncionaria, y la comisión de los delitos posibles como recaudación, administración, manejo, aplicación y ejercicio de recursos públicos de manera irregular, además del posible desvío financiero por pate de funcionarios del ayuntamiento de Múzquiz.

La probable investigación para emprender sería en dos frentes, primero, por parte de la ASE y después por la Fiscalía Anticorrupción estatal.

Escalera Mendoza entonces exfuncionaria de la administración de Tania Flores Guerra, ocupó el cargo de enero del 2022 a febrero de 2023, entregó las pruebas documentales en la Oficialía Mayor del Congreso.

Semanas después la coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Edna Dávalos Elizondo, confirmó del inicio de las investigaciones.

PRUEBAS

Específicamente las pruebas presentadas comprobaban la triangulación de pagos de contratos de obras por adjudicación directa a compañías relacionadas con la familia Flores Guerra.

El supuesto desvío de los cerca de 100 millones de pesos va desde la contratación de empresas inexistentes, así como arrendamiento de vehículos y equipo propiedad de una empresa familiar por lo que estaría cayendo en conflicto de intereses, así como uso de recursos públicos en obras inexistentes o inconclusas con precios inflados y sin licitación de por medio.

Una compañía “fachada” cuyo domicilio fiscal no correspondía a la ubicación proporcionada era Servicios y Minerales Guel, empresa dada de alta en el padrón de proveedores del municipio y que estaba vinculada a Antonio Flores Guerra, hermano de la alcaldesa y actualmente diputado plurinominal.

La empresa fue constituida en 2021 por Jaqueline Garza Briones y Edgar Ali Hernández Garza quienes laboraban para Antonio Flores, por lo que se comprobaría que fungían como prestanombres.

Otras irregularidades referían la adquisición de vehículos, gastos en el relleno sanitario, uso de barredoras y pipas de agua propiedad de Minera del Norte y estaban en calidad de préstamo al ayuntamiento de Múzquiz.

Pero que en realidad este las facturaba como arrendadas a través de empresas fantasmas, se sumó también el uso de vehículos propiedad del Municipio en tareas de patio en la minera de carbón Oasis del Desierto en Nueva Rosita, ambas empresas estaban ligadas a la familia Flores Guerra.

MÚZQUIZ-PIEDRAS

La sorpresa, en mayo y en plenas campañas electorales a la alcaldía de Múzquiz, fue propinada por la candidata del Movimiento Ciudadano, Carla Mónica Escalera Mendoza, de nueva cuenta.

Reveló que, a raíz de la denuncia en la que implicó por corrupción al actual ayuntamiento, ella y su familia habían recibido amenazas.

Fue su partido a través de la denuncia pública que emprendió la cacería de posibles actos de corrupción en los municipios de Múzquiz y Piedras Negras y que involucraban a dos candidaturas.

El presidente Alfonso Danao de la Peña y Escalera Mendoza presentaron pruebas documentales que relacionaban a la administración de Múzquiz con una empresa de Piedras Negras propiedad de un familiar del candidato de la coalición PT-Morena, Carlos Jacobo Rodríguez González.

Carla Mónica Escalera afirmó que se trataba de una liga de corrupción de la administración de Múzquiz uno de cuyos brazos se extiende a la empresa AIKIN SA de CV, a la que denominó “facturera”, con sede en Piedras Negras y propiedad de los hermanos Jacobo y Efrén Rodríguez.

Dicha compañía habría emitido facturas por diversas obras relacionadas con la red de agua potable por 3 millones de pesos, una cancha de fútbol por 5.4 millones, el parque La Alberquita que costó 5.4 millones de pesos, otra obra relacionada con la introducción de agua potable por 3.8 millones de pesos.

Asimismo, cobró por la construcción de cuatro dormitorios por 4 millones de pesos, oficinas del centro de gobierno municipal de Múzquiz por 5.4 millones, introducción de drenaje en una vialidad por 1.5 millones y la colocación de 11 válvulas en la red de agua potable a un costo de 3 millones de pesos.

Según la entonces candidata a la alcaldía por MC había documentos probatorios de que las obras se hicieron a precios inflados y no fueron realizadas por la empresa mencionada, pero sí emitió factura por ese tipo de trabajos.

DEFENSA

Previsora, Tania Vanessa Flores Guerra se apersonó en el Congreso para “denunciar” al auditor superior del Estado, Manuel Ramírez Briones.

Expresó que se trataba de dos denuncias “por haber cruzado la línea en una investigación tomándose atribuciones indebidas respecto de la auditoría realizada a la cuenta pública municipal del ejercicio 2022”.

No obstante, fuentes cercanas al ayuntamiento de Múzquiz indicaron que las denuncias las habían tramitado una de las sindicaturas del cabildo y la secretaría del ayuntamiento y estaban relacionadas con la investigación específicamente del desvío de recursos por los 100 millones de pesos denunciada por Mónica Escalera en julio del 2023 y no de la cuenta pública del 2022.

Flores Guerra estableció que “quiero mantenerme al margen y no hacer comentarios, se hará de manera pacífica con todo el derecho que nos da el poder defendernos, nos llevamos el tema hasta el final porque lo más importante es que no se politice, ya que estoy en un proceso electoral”.

Aseveró también que el Auditor Superior “en diciembre en entrevistas dijo que se hicieron observaciones sobre un presupuesto que no era local, sino federal”.

Y que se trataba de observaciones administrativas y documentales por alrededor de 20 millones de pesos, pero no por desvío de recursos, pues no había “comprobación de desvío, pero la Auditoría hizo acciones que lo hacían ver de otra manera”.

SIN DENUNCIA

Si el gobernador quiere a Múzquiz, lo siento mucho, no se lo vamos a ceder respondió la alcaldesa y candidata a la reelección Tania Flores Guerra en mayo y después de la agresión que sufriera por parte de simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y la intromisión de la Policía Estatal en su campaña política.

La candidata por la coalición Morena-PT denunció a través de un video en las redes sociales que sus simpatizantes encontraron a una persona quien, a bordo de un vehículo, intercambiaba con la ciudadanía dinero en efectivo por credenciales para votar.

Consideró el hecho como delito electoral tipificado como compra de voto en favor de la candidata del PRI-PRD-UDC, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, motivo por el que retuvieron al vehículo y la persona para entregarla a la autoridad.

Tras horas de tensión el conflicto derivó en un zafarrancho, fue necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad estatales y después que la situación se calmó Flores Guerra expresó sentirse acosada, agredida físicamente y temer por su seguridad y la de su familia.

No comentó si solicitará alguna medida de protección, pero la Fiscalía estatal abrió un expediente en contra de quien resultara responsable por la supuesta retención de los militantes priistas y algunos elementos de seguridad, expediente del que no se supo más.

JUICIO

El más reciente incidente fue el llevado a cabo por el partido Movimiento Ciudadano al iniciar la promoción de dos juicios políticos para dos alcaldesas en funciones, Tania Flores Guerra de Múzquiz y Laura María Galindo Dovalina de Zaragoza, por el supuesto incumplimiento de reposición de funciones públicas a sendos regidores.

Para el caso de Múzquiz, la solicitud fue presentada en el Congreso por el presidente del partido, Alfonso Danao de la Peña, quien explicó que un regidor en funciones solicitó licencia para participar en el proceso electoral del 2 de junio como candidatura.

Pasada la elección y como no resultó electo, hizo la solicitud en su cabildo para la reintegración a sus funciones, pero pasó un mes en los que ni la alcaldía ni la secretaría del ayuntamiento resolvió la petición, además de no pagar su salario.

Inclusive, Alfonso Danao de la Peña confirmó que se presentó la denuncia ante el Tribunal Electoral y estaba por resolverse.

En Múzquiz, platicó fuera del Legislativo, Antonio González Escamilla, esposo de la excandidata Mónica Escalera, dejó de percibir sus quincenas de sueldo sin siquiera pedir licencia para separarse del cargo edilicio, por lo que se le deben dos quincenas.

Explicó que, de acuerdo con el Código Municipal, una vez que un regidor con licencia solicite regresar a sus funciones en cabildo, se le dará su reposición en un plazo no mayor a 10 días, no obstante, en este caso se había acumulado un mes de omisiones por parte de la alcaldía y la secretaría del ayuntamiento.

OTROS DELITOS

Horas después Mónica Escalera Mendoza afirmó que la solicitud de juicio político interpuesta ante el Congreso y en contra de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, era por corrupción, abuso de autoridad, desvío de recursos y negligencia administrativa.

A través de las redes sociales recalcó que tenía que ver con una serie de atropellos contra personal municipal dado de baja y contra su esposo, regidor en funciones y a quien le retuvieron el sueldo.

Advirtió de una serie de medidas que tomaría para defender a la decena de burócratas despedidos y a su esposo.

Una sería una manifestación para tomar las instalaciones de la presidencia municipal, además llevar su petición ante el Congreso y el Gobierno del Estado para que se designara una alcaldía interina.

La excandidata explicó que los juicios laborales los ganaron los burócratas despedidos injustificadamente, pero la presidenta municipal se negaba a entregar las liquidaciones y advirtió que mediante tecnicismos jurídicos la administración buscaba alargar el litigio para heredarlo a la siguiente alcaldía.

Así las cosas, pareciera que Múzquiz, a pesar de que la coalición PRI-PRD-UDC obtuvo la alcaldía, sigue siendo la joya de la corona de las alcaldías de Coahuila por su riqueza carbonífera, turística y abundante agua que espera ser explotada.

Pues llama la atención la serie de disputas que encabezan el PRI y Morena, mientras la ciudadanía sufre de cierto grado de inseguridad, falta de fuentes de empleo, una economía incierta a futuro y la insuficiencia de abastecimiento de agua en sus domicilios como consecuencia de un deficiente y obsoleto servicio.