Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 22/07/2026 (Más).- La Fiscalía General del Estado confirmó este miércoles la muerte de Rocky, el perro que presuntamente fue víctima de maltrato por parte de Liliana “N.”, quien permanecerá en prisión preventiva justificada tras haber sido vinculada a proceso.
La dependencia informó que el fallecimiento del animal agrava el delito que se le imputa a la mujer, por lo que la pena podría alcanzar hasta ocho años de prisión.
El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera Ruíz, dio a conocer que el deceso ocurrió mientras la institución continuaba con la integración de la carpeta de investigación. Indicó que el cuerpo del perro fue asegurado para la práctica de la necropsia correspondiente y la obtención de nuevos elementos periciales.
“Lamentablemente el día de hoy Rocky pierde la vida. Ya estamos nosotros en los procesos que tenemos que realizar sobre la identificación y el levantamiento”, señaló.
Explicó que Liliana “N.” fue detenida un día antes mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión y que, durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularla a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán fortalecer sus respectivas teorías del caso.
El funcionario precisó que la muerte del perro modifica el panorama jurídico del proceso, ya que el Código Penal de Coahuila establece un agravante cuando el ser sintiente pierde la vida.
“La penalidad de cuatro años aumenta al doble cuando se pierde la vida del ser sintiente, es decir, hasta ocho años de prisión”, explicó.
Respecto a la estrategia legal de la defensa, Loera Ruíz informó que durante la audiencia se planteó que la imputada presentaba una condición de salud mental que la haría inimputable.
Sin embargo, dijo que el juez consideró insuficientes las pruebas exhibidas para acreditar ese supuesto, por lo que la mujer continuará internada en el Centro Penitenciario Femenil mientras avanza el proceso judicial.
Sobre el esposo de la imputada, aclaró que recuperó su libertad bajo reservas de ley, aunque la investigación continúa abierta para determinar si existe alguna responsabilidad adicional derivada de los hechos.
El delegado sostuvo que la carpeta de investigación fue integrada con videos difundidos en redes sociales, inspecciones realizadas con autorización judicial, pruebas biológicas y diversos dictámenes periciales, los cuales permitieron sustentar la solicitud de vinculación a proceso.
“El juez de control coincidió con nosotros de que existía información para vincularla a proceso”, afirmó.
Loera Ruíz reiteró que la Fiscalía mantendrá las investigaciones por casos de maltrato animal y llamó a la población a denunciar este tipo de conductas mediante los canales oficiales.
“La confianza es lo que permite también a nosotros actuar y cuidar el debido proceso para que no se genere especulación”, expresó.
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