Ciudad de México, 30/07/26 (Más).- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) mantiene una investigación por la muerte de seis mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ocurridas entre marzo y junio de este año, con el propósito de determinar si existieron posibles responsabilidades de las autoridades penitenciarias o factores estructurales que hayan puesto en riesgo la vida de las internas.
De acuerdo con información publicada por El País, las autoridades capitalinas atribuyen los fallecimientos a distintas causas, entre ellas suicidios, enfermedades y padecimientos médicos; sin embargo, la sucesión de los casos en un periodo de apenas 90 días motivó la apertura de una investigación por parte del organismo defensor de derechos humanos.
Las mujeres fallecidas fueron identificadas como Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos de ellas murieron por asfixia, una por broncoaspiración, otra por acidosis metabólica, una más por complicaciones derivadas de hipertensión arterial y otra por insuficiencia renal.
Entre los casos destaca el de Diana Laura, quien, según la información disponible, estaba próxima a recuperar su libertad cuando falleció dentro del centro penitenciario en un hecho que fue clasificado como suicidio. Otro de los decesos también fue atribuido a esa causa. En todos los casos, la SSC informó que dio parte al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inició las indagatorias tras recibir seis quejas relacionadas con los fallecimientos. En un comunicado emitido el pasado 15 de julio, señaló que el objetivo es esclarecer los hechos, identificar posibles responsabilidades y revisar si existieron condiciones que comprometieran la integridad física y la salud de las internas.
El organismo informó que realiza visitas semanales a Santa Martha Acatitla y a otros centros penitenciarios de la capital para supervisar las condiciones de reclusión y la prestación de servicios. Una vez concluida la investigación, podrá emitir recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables en caso de detectar irregularidades.
Pocos días después de que la Comisión anunciara el inicio de las investigaciones, la subdirectora operativa del penal, Yéssica López Avilés, dejó el cargo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que la separación obedeció a motivos personales y rechazó que exista relación entre su salida y las muertes registradas en el centro penitenciario.
La CDHCM recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física y los derechos de las personas privadas de la libertad durante todo el tiempo que permanezcan bajo su custodia, desde su ingreso hasta su liberación, conforme a los principios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
El caso también ha vuelto a colocar en el debate las condiciones de reclusión de las mujeres en México. De acuerdo con los datos disponibles, alrededor de 16 mil mujeres se encuentran privadas de la libertad en el país, lo que representa aproximadamente el seis por ciento de la población penitenciaria nacional. En muchos casos permanecen en módulos reducidos dentro de centros originalmente diseñados para población masculina.
Santa Martha Acatitla alberga aproximadamente a mil 500 mujeres. Las condiciones del centro ya habían sido objeto de observaciones por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que en 2019 emitió 20 recomendaciones tras detectar deficiencias relacionadas con la seguridad, la atención institucional y el respeto a los derechos de las personas internas, al considerar que algunas de esas condiciones podían derivar en tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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