Ciudad de México, 08/04/26 (Más).- El denominado plan B de la reforma político-electoral impulsada por el gobierno federal derivó en modificaciones menores a la Constitución, lejos de los cambios estructurales originalmente planteados, luego de un proceso de negociación que se extendió por varios meses y enfrentó resistencias incluso dentro de la coalición oficialista.
De acuerdo con el diario El País, el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados se limita a ajustes puntuales que no transforman el sistema electoral ni la representación política en el país, reduciendo el alcance de la propuesta inicial a cambios en el gasto público y en la organización administrativa de algunos órganos.
El proyecto final contempla únicamente cuatro modificaciones constitucionales: establece un tope de 15 regidurías en los ayuntamientos, limita el gasto de los congresos estatales a un máximo de 0.7% del presupuesto local, fija restricciones salariales para altos funcionarios electorales –quienes no podrán percibir ingresos superiores a la presidenta ni contar con seguros médicos privados pagados con recursos públicos– y ordena una reducción gradual del 15% en el gasto del Senado.
Estas disposiciones contrastan con la iniciativa original presentada meses atrás, que incluía propuestas más profundas como la reducción del financiamiento a partidos políticos, la eliminación de escaños de representación proporcional en el Senado, cambios en la integración de la Cámara de Diputados y la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas electorales. Ninguna de estas medidas prosperó.
El avance del plan B fue posible gracias al respaldo de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aunque este último condicionó su apoyo en distintas etapas del proceso, lo que obligó a eliminar puntos clave como la posibilidad de adelantar la revocación de mandato presidencial.
La oposición, integrada por PAN y PRI, se mantuvo al margen de las negociaciones y votó en contra, calificando la reforma como insuficiente.
Durante el debate legislativo, diversas voces opositoras señalaron que el resultado final no responde a las necesidades del sistema político. Incluso se advirtió que el impacto presupuestal será limitado, debido a que pocas entidades y municipios se verían realmente afectados por las nuevas disposiciones.
El proceso, que se prolongó por ocho meses, incluyó consultas públicas, foros y la elaboración de distintas versiones de la iniciativa. Sin embargo, las diferencias internas en el bloque gobernante y la falta de consensos impidieron concretar una reforma de mayor alcance, dejando como resultado un paquete de cambios acotados que ahora se perfila para su aprobación definitiva en el pleno.
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