Ciudad de México, 03/12/24 (Más/IA).- Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel han intensificado actividades públicas que parecen encaminarse a la promoción de sus candidaturas para las elecciones del Poder Judicial de 2025. Durante los últimos dos meses, han realizado más de 60 entrevistas en medios de comunicación y participado en al menos 30 eventos públicos en universidades, colegios y reuniones con legisladores en 14 entidades del país.
Estas actividades se desarrollan pese a que la reforma judicial conocida como plan C prohíbe explícitamente las precampañas para dichos comicios. Según lo establecido, las campañas comenzarán oficialmente el 30 de marzo de 2025, pero las ministras han argumentado que su presencia pública corresponde al ejercicio de sus funciones, aprovechando un vacío en la normativa electoral para el Poder Judicial.
El académico José Luis López Chavarría, de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que este comportamiento recuerda a los aspirantes presidenciales del ciclo electoral 2023-2024, quienes también explotaron la ambigüedad de la ley para adelantarse a las campañas oficiales sin consecuencias legales.
La promoción de las ministras ha incluido entrevistas en canales de comunicación vinculados a Morena, como los programas de youtubers afines Ignacio Rodríguez El Chapucero y El Charro Político, así como en espacios mediáticos tradicionales y medios públicos, como el Canal Catorce. También se les ha visto en eventos organizados por agrupaciones relacionadas con el partido, como el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) y SUMA Construyendo Sociedad.
Lenia Batres: giras y eventos partidistas
La ministra Lenia Batres ha visitado 10 entidades del país desde octubre, asistiendo a foros, ferias del libro y reuniones organizadas por legisladores y organizaciones vinculadas a Morena. En Oaxaca, Michoacán y Quintana Roo, Batres participó en encuentros promovidos por legisladores locales, donde su imagen fue utilizada en materiales promocionales.
El pasado 25 de noviembre, Batres encabezó un foro organizado por la diputada federal de Morena Gloria Sánchez. También ha mantenido presencia en eventos nacionales, como la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En entrevistas, la ministra no ha ocultado su intención de participar en el proceso electoral: “Voy por la elección popular”, afirmó en el programa Versiones Públicas, conducido por Jenaro Villamil en el Canal Catorce.
Loretta Ortiz: enfocada en lo académico
Por su parte, Loretta Ortiz ha priorizado actividades en instituciones académicas, visitando ocho entidades donde se ha reunido con estudiantes y docentes. Participó en un evento en la Universidad de Guadalajara y realizó encuentros similares en universidades de Veracruz, Tabasco y Sonora. En redes sociales, Ortiz ha difundido carteles con su imagen y frases como “Justicia para todos” y “Mi compromiso es con la justicia”, bajo el hashtag #JusticiaQueTransforma.
Yasmín Esquivel: entre medios públicos y comerciales
La ministra Yasmín Esquivel ha equilibrado su promoción entre medios públicos y comerciales. Participó en un programa especial del canal ADN 40, difundió un video en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y encabezó el lanzamiento de una serie documental llamada Voces del Nuevo Poder Judicial.
Críticas y cuestionamientos
El ministro Juan Luis González Alcántara publicó un artículo en el que criticó que estas actividades no sean fiscalizadas, cuestionando el uso de recursos para promover la imagen de las ministras. Por su parte, las apariciones de las aspirantes en eventos como la toma de protesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, el pasado 1 de diciembre, también han generado dudas sobre la naturaleza de su participación.
Con este despliegue de actividades, las ministras están en el centro de una controversia que pone de manifiesto los vacíos legales en la regulación de las elecciones judiciales, y que amenaza con empañar un proceso que busca legitimar los nombramientos en el Poder Judicial mediante el voto popular.
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