Nuevo Laredo, 14/10/24 (Más / IA).- Tres personas –incluidas una niña de 8 años, un joven de 18 y una enfermera de 46 años– murieron este fin de semana a manos de elementos de la Guardia Nacional y militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las víctimas habrían quedado atrapadas en operativos contra presuntos delincuentes, según denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Hasta la edición de esta nota, las autoridades locales y federales no habían emitido una versión oficial de lo sucedido.
El trágico incidente ocurrió el sábado 12 de octubre alrededor de las 19:00 horas. Lidia Galván Reséndez conducía su vehículo particular acompañada de su nieta Lidia Iris Fuentes Galván, de 8 años, cuando fueron sorprendidas en medio de una persecución entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes en las calles de Nuevo Laredo.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el vehículo en el que viajaban quedó prensado entre dos camionetas. Los guardias nacionales, sin detenerse a verificar la situación, abrieron fuego contra el auto, impactando en la cabeza a la pequeña Lidia Iris, quien se había agachado en el asiento delantero para intentar protegerse. A pesar de ser trasladada de urgencia a un hospital, la niña falleció debido a la gravedad de la herida.
Otro de los fallecidos fue el joven Diego Alfredo, de 18 años, quien se encontraba dentro de una de las camionetas involucradas en la persecución. Según los informes obtenidos por el Comité de Derechos Humanos, el joven no portaba armas y su cuerpo presentaba señales de tortura, lo que sugiere que podría haber sido secuestrado previamente por los presuntos delincuentes. Las circunstancias exactas de su muerte aún no han sido esclarecidas, pero se ha confirmado que los militares y la Guardia Nacional participaron en el tiroteo que acabó con su vida.
Un día antes, el viernes 11 de octubre, Yuricie Rivera Elizalde, enfermera de 46 años, también perdió la vida durante un operativo militar. La enfermera se trasladaba en una camioneta con su esposo y su hijo en el Fraccionamiento La Fe cuando fue alcanzada por una bala en la cabeza disparada por soldados del Ejército.
Testigos aseguran que los militares perseguían a civiles armados y abrieron fuego indiscriminadamente sin considerar que había civiles alrededor. “Empezaron a disparar sin motivo, no sé qué pensaban o por qué lo hicieron. Quiero que se haga justicia”, reclamó Víctor Manuel Carrillo Martínez, esposo de Yuricie, quien resultó ileso al igual que su hijo de 9 años.
Tras el disparo, Carrillo Martínez detuvo su vehículo y pidió ayuda a los soldados, pero según su relato, los militares ignoraron su solicitud y se retiraron del lugar. Yuricie, quien trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y era madre de dos hijos, se dirigía con su familia a una cena cuando fue alcanzada por la bala mortal.
La letalidad de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha sido tema de numerosas investigaciones periodísticas y académicas en los últimos años. La investigación Permiso para matar, publicada recientemente, documenta 1,524 víctimas, entre hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, que han sido asesinadas o desaparecidas por fuerzas de seguridad federales y estatales con total impunidad.
Este caso en Nuevo Laredo se suma a una serie de incidentes que han generado alarma en el actual sexenio. En los últimos meses, se ha documentado el asesinato de seis migrantes en Chiapas a manos del Ejército, así como un supuesto enfrentamiento en Colima que dejó un saldo de seis muertos. Ahora, los nombres de Lidia Iris, Diego Alfredo y Yuricie Rivera se suman a esta lista de víctimas civiles que perecen en operativos de las fuerzas de seguridad.
Hasta ahora, ni la Fiscalía de Tamaulipas, ni la Comisión de Derechos Humanos del estado, ni el gobierno local han emitido declaraciones oficiales respecto a estos tres homicidios, dejando a las familias y a la sociedad en espera de respuestas y justicia.
Los familiares de las víctimas han exigido que las autoridades esclarezcan los hechos y sancionen a los responsables de estos asesinatos. “Quiero que se haga justicia por lo que le hicieron a mi esposa”, declaró Víctor Manuel Carrillo, el esposo de Yuricie Rivera. La comunidad de Nuevo Laredo, donde la violencia ha sido una constante en los últimos años, también se ha sumado a las demandas de justicia y al cese de la impunidad en los operativos de las Fuerzas Armadas. Este nuevo caso de abuso por parte de militares y elementos de la Guardia Nacional resalta la urgencia de revisar las estrategias de seguridad implementadas en el país, que continúan generando víctimas inocentes en medio de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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