Aunque la FGR y la justicia militar abrieron investigaciones, persisten dudas sobre la imparcialidad de estos procesos
Ciudad Mante, Tamaulipas, 08/10/25 (Más).- Seis personas murieron a manos de elementos del Ejército mexicano tras un ataque injustificado en una carretera del sur de Tamaulipas la noche del pasado lunes.
Según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el incidente ocurrió cerca de las 20:00 horas en el tramo que conecta Ciudad Mante con Tampico, luego de que una camioneta blanca presuntamente intentara embestir un convoy militar, provocando que los soldados abrieran fuego. Cinco ocupantes fallecieron en el sitio y una persona más perdió la vida mientras era trasladada al hospital.
La información fue reportada por el diario El País, el cual señaló que, según versiones de medios locales, las personas asesinadas podrían haber sido jornaleros, en una región agrícola clave donde se cultivan caña, cítricos y hortalizas.
El comunicado emitido por la Sedena no aclara si hubo un ataque armado contra los militares, y se limita a justificar la respuesta bajo el argumento de una “amenaza a su integridad física”.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como “muy lamentable” y aseguró que el gobierno federal está atendiendo el caso. “La Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Se va a revisar completamente la actuación y vamos a estar muy cerca de las familias”, declaró. También reiteró que su gobierno no replicará las políticas de seguridad del pasado: “Nosotros tenemos un sistema jurídico, pero no somos la guerra contra el narco. Entonces se permitía llegar y disparar, la orden era disparar, aquí no”.
Como en otros casos similares, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para esclarecer los hechos. La Fiscalía de Justicia Militar también inició una indagatoria paralela, como ocurre regularmente cuando los implicados son elementos castrenses. No obstante, el Centro Pro ha advertido sobre los riesgos de mantener estos procesos en el fuero militar, al tratarse de posibles violaciones graves a derechos humanos.
El caso trae a la memoria otras tragedias recientes. En mayo, en Badiraguato, Sinaloa, el Ejército disparó contra una camioneta con cuatro menores y dos adultos; dos niñas murieron y el resto resultó herido, sin que se registrara una agresión previa contra los militares. Otro hecho similar ocurrió en octubre de 2024, en Chiapas, donde seis migrantes fallecieron por disparos militares tras un supuesto intento de fuga.
Estos eventos no son aislados. Desde el sexenio de Felipe Calderón, el Ejército asumió funciones de seguridad pública en gran parte del país, a pesar de carecer del entrenamiento adecuado para dichas tareas. La falta de preparación, sumada a políticas de mano dura, ha generado una serie de abusos documentados a lo largo de los últimos cuatro gobiernos.
La tragedia de Tamaulipas vuelve a exponer una de las fallas más profundas del modelo de seguridad nacional: el uso recurrente de la fuerza letal por parte de militares en tareas que les son ajenas.
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