México pide dinero para cuidar la selva… pedir es fácil, cumplir no

Todos tenemos una…

Por José González

Pedir es fácil. La semana pasada, en una cumbre de la ONU en Armenia, México llevó el plan de la Gran Selva Maya, una región que comparte con Guatemala y Belice, y buscó dinero para vigilar jaguares y controlar incendios. Es una causa justa y es legítimo pedir. Pero quien pide dinero para cuidar un territorio debe contestar antes una pregunta incómoda: ¿qué ha hecho con ese territorio?

México cuenta con más de 200 áreas naturales protegidas. Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), este número creció notablemente en 2026. Sin embargo, en medio de estos logros se enfrentan grandes adversidades; un claro ejemplo es el caso de la mina Calica en Playa del Carmen. Aunque el predio fue clausurado y decretado como área protegida, frente al arbitraje internacional promovido por la empresa extranjera, México resultó ganador en lo principal.

Pero un decreto no es un cuidado. La Conanp calcula que le faltan cientos de millones de dólares al año para cuidar lo que ya protege. Con información de la propia institución, hay una persona en campo por cada territorio casi tan grande como la Ciudad de México. Y cuatro de cada diez áreas naturales no tienen ni siquiera el documento que dice qué amenazas enfrentan y cómo atenderlas. Un área natural protegida sin plan, sin personal y sin dinero es una línea en un mapa. Se puede presumir en una cumbre, pero no se puede defender en el monte.

Para medir si un gobierno cumple no hay que mirar lo que promete, sino lo que él mismo reconoce. Hace unas semanas, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo ante los diputados que el permiso para quitar selva del Tren Maya, el de cambio de uso de suelo, sigue incompleto: lleva menos de la mitad. Ese permiso debe obtenerse antes de tumbar un solo árbol. El tren ya funciona y los árboles ya cayeron. Es decir, el trámite se completa después de la obra. Y no avanza: un año antes, la secretaria dio la misma cifra. Explicó que en varios tramos no se ha podido comprobar de quién es el terreno. Casi tres años después de inaugurado, el tren sigue operando con ese pendiente.

Hay más. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, admitió ante un juez que las obras del tramo cinco dañaron cenotes y cavernas. Hoy, según la propia Semarnat, seis de los ocho sitios afectados ya se limpiaron. Faltan dos. Y las condiciones que la obra debía cumplir, ese compromiso que se firma con el ambiente antes de empezar, se clasificaron como confidenciales. Si nadie puede saber qué se prometió, nadie puede saber si se cumplió.

Estudios de impacto ambiental que se presentan cuando la obra ya casi está terminada

Lo que no sale en las fotos se repite en lo pequeño. En la Reserva de la Biosfera de Calakmul, la Defensa construyó un hotel de más de cien habitaciones. Según una investigación periodística, el estudio de impacto ambiental se presentó cuando la obra estaba casi terminada. Y esa misma reserva, según un análisis de organizaciones civiles, vería recortado en más de dos tercios el dinero con que se cuida. Un hotel grande y una reserva con casi nada: dos decisiones sobre un mismo territorio.

Calica deja además una pregunta sin contestar. El decreto que protege esos terrenos incluye, según lo reportado, un tramo del propio tren, justo donde se reconoció daño a las cavernas. ¿Quién repara? ¿Quién maneja esa área? Cerrar una mina fue lo fácil. Lo difícil es todo lo que viene después.

Y no hace falta un tren para ver el patrón. En Yucatán hay más de 500 granjas de cerdos, según el diagnóstico oficial. La Profepa ha hecho una treintena de inspecciones desde 2022 y casi siempre encontró lo mismo: granjas sin permiso de impacto ambiental. En octubre, organizaciones comunitarias y Greenpeace presentaron estudios, con laboratorios de la UNAM y de la Universidad Johns Hopkins, que vuelven a encontrar rastros fecales de cerdo en pozos y cenotes de comunidades mayas. En Yucatán no hay ríos en la superficie. El agua está bajo la tierra. Lo que se tira arriba se bebe abajo.

Nada de esto le quita razón a quien pide ayuda. Le quita fuerza. Los donantes y las comunidades tienen derecho a preguntar qué pasó con las condiciones, con los permisos y con la vigilancia en la selva donde ya se invirtió. Por eso conviene exigir tres cosas simples. Que las condiciones ambientales de las obras públicas se publiquen, tramo por tramo, con su estado de cumplimiento. Que ninguna obra pública empiece sin el permiso ambiental completo, hoteles incluidos. Y que cada dólar que llegue de fuera para el sureste venga con una forma de medir lo que se cumple dentro.

Recibir es fácil. Dar es lo difícil: dar permisos antes de la obra, dar información, dar personal, dar sanciones y dar reparación. La selva no lee decretos. Cuando el dinero de fuera se acabe, ¿Quién la va a cuidar?

Todos tenemos una opinión sobre esto. Esta es la mía. Tú tendrás la tuya propia.