Por Heriberto Medina
Ciudad de México, Ciudad de México, 20/11/26 (Más).- México se mantiene entre los países con mayores problemas de corrupción y presenta deficiencias particularmente marcadas en el Poder Legislativo, de acuerdo con los resultados del Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP). La evaluación señala que los mecanismos para prevenir el uso indebido de los cargos públicos continúan mostrando debilidades, mientras que la apertura gubernamental y los controles institucionales registraron retrocesos durante los últimos cinco años.
De acuerdo con información publicada por Más, el país obtuvo una calificación de 0.26 puntos en el indicador de ausencia de corrupción, dentro de una escala de cero a uno en la que los valores inferiores representan condiciones menos favorables. El resultado refleja la persistencia de problemas relacionados con el ejercicio de las funciones públicas y la capacidad institucional para prevenir, detectar y sancionar irregularidades.
El desglose del estudio identifica diferencias importantes entre las instituciones mexicanas. El Poder Legislativo registró 0.13 puntos en ausencia de corrupción, mientras que el Ejecutivo alcanzó 0.32, el Judicial obtuvo 0.31 y las instituciones policiales y militares recibieron 0.28 puntos. Estas cifras muestran que las condiciones evaluadas no son homogéneas entre los distintos ámbitos del Estado.
La situación adquiere relevancia porque el Congreso participa en la elaboración de leyes, la aprobación del presupuesto público y la vigilancia de determinadas actividades gubernamentales. Las deficiencias relacionadas con la integridad de sus integrantes pueden afectar la confianza ciudadana y la percepción sobre la capacidad de las instituciones para establecer controles efectivos sobre el ejercicio del poder.
El reporte también muestra que la calificación nacional en ausencia de corrupción apenas disminuyó 0.3 por ciento entre 2021 y 2026. Aunque la variación es relativamente pequeña, el resultado indica que México no consiguió avances sustanciales en este indicador durante el periodo analizado, pese a los cambios administrativos y las modificaciones institucionales registrados en esos años.
Otro de los aspectos destacados es el deterioro del gobierno abierto, concepto que comprende la disponibilidad de información pública, la participación ciudadana, los mecanismos de presentación de quejas y las condiciones para ejercer el derecho de acceso a la información. En este rubro, México acumuló una caída de 9.9 por ciento entre 2021 y 2026, hasta alcanzar una calificación de 0.54 puntos.
Los resultados específicos muestran diferencias entre los componentes de la apertura gubernamental. La publicación de leyes y datos oficiales obtuvo 0.63 puntos; los mecanismos de quejas, 0.56; el derecho a la información, 0.52; y la participación ciudadana, 0.45. Este último componente refleja dificultades para garantizar que la población intervenga de manera efectiva en los asuntos públicos.
El retroceso en gobierno abierto coincide con un periodo de transformaciones en el sistema nacional de transparencia, particularmente con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo que durante más de dos décadas desempeñó funciones de vigilancia y garantía del acceso ciudadano a la información gubernamental.
La extinción del INAI quedó establecida mediante la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024. Posteriormente, en marzo de 2025, se expidió la legislación que reorganizó las responsabilidades relacionadas con la transparencia y la protección de datos personales, con lo que se modificó el modelo institucional que había operado durante años.
A partir de esa reorganización, las funciones federales de garantía del acceso a la información fueron distribuidas entre distintas autoridades, incluida Transparencia para el Pueblo, instancia integrada a la estructura del Poder Ejecutivo federal. El cambio sustituyó el esquema de supervisión mediante un organismo constitucional autónomo por otro en el que intervienen diferentes dependencias e instituciones públicas.
Sin embargo, la disminución de 9.9 por ciento en gobierno abierto corresponde a la totalidad del periodo comprendido entre 2021 y 2026, por lo que no es posible establecer, únicamente con ese dato, que la desaparición del INAI haya provocado el retroceso. Para identificar los efectos específicos de la reforma sería necesario revisar las variaciones anuales y comparar los resultados anteriores y posteriores a su implementación.
El World Justice Project también documentó problemas en los mecanismos destinados a limitar los abusos de autoridad. El indicador relacionado con la aplicación de sanciones a funcionarios públicos por conductas indebidas obtuvo 0.23 puntos, mientras que la capacidad de los organismos de auditoría y revisión para establecer controles sobre el gobierno alcanzó 0.33.
En conjunto, el factor que examina los límites al poder gubernamental registró una disminución acumulada de 11.6 por ciento durante los cinco años analizados y terminó con una calificación de 0.39 puntos. El resultado refleja dificultades en el funcionamiento de los mecanismos institucionales que deben supervisar las decisiones de las autoridades y exigir responsabilidades cuando se presentan irregularidades.
Las cifras sobre corrupción, apertura gubernamental y controles institucionales permiten observar problemas relacionados entre sí. La limitada capacidad para sancionar conductas indebidas, las dificultades para acceder a información pública y las restricciones a la participación ciudadana pueden reducir las posibilidades de detectar irregularidades y exigir explicaciones sobre el uso de los recursos públicos.
En la evaluación general del Estado de derecho, México obtuvo 0.39 puntos, por debajo del promedio mundial de 0.55. El resultado resume las dificultades que enfrenta el país para fortalecer la legalidad, garantizar la rendición de cuentas y consolidar instituciones capaces de prevenir abusos y responder a las demandas de transparencia de la población.
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