México, culpable por violación, tortura y muerte de indígena

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable por el caso de Ernestina Ascencio. La mujer náhuatl de 73 años fue asesinada en 2007

Soledad Atzompa, Veracruz, 16/12/25 (Más).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este martes al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, hechos cometidos por elementos del Ejército en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón.

El Tribunal concluyó que la agresión sexual constituyó un acto de tortura que, junto con la falta de atención médica adecuada, provocó la muerte de la víctima.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, la sentencia del caso Ascencio Rosario y otros Vs. México señaló que el Estado violó múltiples derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluida la protección judicial, el derecho a la salud y la integridad personal, así como disposiciones de la Convención de Belém do Pará y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Ernestina Ascencio fue atacada el 25 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica de Veracruz, tras la instalación de un campamento militar en las inmediaciones de su vivienda. La Corte determinó que los soldados cometieron la violación con la intención de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima, y que el ataque le provocó severos sufrimientos físicos y mentales. La víctima fue trasladada por sus familiares en busca de ayuda médica durante aproximadamente 10 horas, pero falleció la madrugada del 26 de febrero en el Hospital Regional de Río Blanco, antes de recibir atención quirúrgica.

El fallo establece que la atención médica fue inadecuada y que el hospital no ofrecía servicios accesibles ni contaba con intérpretes de náhuatl, lo cual obstaculizó la comunicación de la paciente con el personal. Además, se acreditó que la investigación ministerial estuvo marcada por estereotipos de género, edad y origen étnico, y que fue cerrada sin agotar las líneas de investigación, negando así el acceso a la justicia a los familiares.

La Corte ordenó al Estado mexicano implementar una serie de medidas de reparación, entre ellas: reabrir la investigación penal para identificar y sancionar a los responsables; ofrecer atención médica y psicológica a la familia; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; capacitar a funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.

En su análisis, el Tribunal también subrayó que los hijos e hijas de Ernestina Ascencio fueron objeto de presiones e intimidaciones para desistir de su demanda de justicia, lo que vulneró su derecho a la verdad y a la integridad personal. Asimismo, criticó la respuesta oficial inicial que intentó minimizar los hechos, afirmando que la víctima había muerto por “causas naturales”, versión sostenida por autoridades locales y federales, incluido el entonces presidente Felipe Calderón.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ya había advertido en 2021 sobre una red de impunidad y misoginia en torno a este caso. En ese contexto, la organización acusó que por ser mujer, la señora Ernestina fue violada, asesinada y condenada a la impunidad, señalando además que la militarización de la zona incrementó en los primeros meses de 2007. Con esta resolución, la Corte IDH reitera la responsabilidad del Estado mexicano en violaciones graves a los derechos humanos y refuerza la exigencia de justicia para las víctimas indígenas en contextos de militarización y discriminación estructural.