México ante la convergencia entre crisis climática y crimen organizado

Iyari Balderas Cruz

Hablar de cambio climático en México sin hablar de seguridad es quedarse a medias. Los fenómenos que antes entendías como “climáticos y ambientales”, hoy están presionando la estabilidad social, la economía de las familias, la cohesión comunitaria y hasta la soberanía. Por eso, el compromiso número nueve de seguridad y cambio climático incluido en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), no es un adorno técnico; es un reconocimiento de que la crisis climática ya está reconfigurando riesgos que afectan directamente la vida cotidiana.

Los principales diagnósticos internacionales lo advierten. El Global Risk Report 2025 identifica los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos como los riesgos más severos de la próxima década. En México, estas amenazas no se distribuyen de forma equitativa: se convierte en conflictos socioambientales y en condiciones propicias para la violencia.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM (IIES), existen 560 conflictos socioambientales activos, principalmente relacionados con minería, agua, energía y megaproyectos turísticos (IIES, s.f.). Muchos de ellos involucran defensoras y defensores del territorio que, pese al Acuerdo de Escazú, siguen operando sin garantías mínimas de protección y justicia.

Celebro que la NDC 3.0 reconozca la necesidad de coordinar al sector público, privado y a las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias. Pero hay un actor que no aparece y que es imposible ignorar: el crimen organizado. La obtención ilegal de recursos naturales, madera, minerales, agua, fauna y territorios estratégicos es ya una actividad criminal que acelera la crisis climática, la degradación ambiental y aumenta la violencia.

El caso de los ejidos San Francisco las Palmas y Nueva Morelia, en Chicomuselo, Chiapas, es un ejemplo claro, porque en un territorio rico en minerales (Pinto, 2023) y ubicado en un corredor fronterizo estratégico, el crimen organizado ha generado amenazas (López-Dóriga Digital, 2023), desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones, pérdida de tejido social (Animal Político, 2024) y destrucción ambiental. No es un caso aislado, es un patrón.

Desde mi experiencia trabajando en comunidades y gobiernos locales, puedo afirmar que el clima es un hoy multiplicador de vulnerabilidad. Cuando desaparece un río, cuando un huracán arrasa con casas o cuando una sequía paraliza la producción, las familias no solo pierden ingresos: pierden estabilidad y seguridad. Y si los diferentes niveles de gobierno no actúan estructuralmente, dejan un vacío de poder que es aprovechado por grupos criminales (Voss, 2023), como ocurre en Guerrero tras el impacto del huracán Otis (BBC News Mundo, 2023). La crisis climática no solo genera desastres: genera desorden social cuando el Estado no actúa con rapidez, coordinación y visión estructural.

Por eso, el Eje F de la NDC 3.0 es estratégico, porque representa un nuevo enfoque: pasar de reaccionar a anticipar. La seguridad ya no puede depender solo de cuerpos armados, sino de información científica, interoperabilidad de datos, gobernanza local y justicia climática. Crear un portal nacional que articule datos de seguridad, agua, energía, clima, biodiversidad y población no es tecnocracia, es construir inteligencia pública, accesible y útil para prevenir desastres.

Otra pieza crítica es la incorporación del cambio climático en los sistemas de seguridad nacional y protección civil. No se trata de militarizar la agenda climática, sino de aceptar que huracanes, olas de calor e inundaciones afectan directamente infraestructura estratégica: puertos, aeropuertos, carreteras, cuartales, redes energéticas. Modernizar el DN-III-E, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional con criterios de adaptación es indispensable si queremos reducir pérdidas humanas y evitar que la emergencia se convierte en caos social.

La NDC 3.0 también acierta al evitar separar adaptación y mitigación, porque restaurar manglares, proteger cuencas, implementar soluciones basadas en la naturaleza no solo reduce emisiones, evita conflictos, estabiliza economías locales y proteger a las comunidades. Pero estas acciones requieren recursos voluntad política y capacidades técnicas que muchos municipios no tienen. El nivel local sigue siendo la primera línea de respuesta, pero también la más abandonada.

El Eje F debe reconocer al crimen organizado como actor climático-territorial integrando su influencia en agua, bosques, suelos e infraestructura. Para ello se propone crear un sistema nacional de monitoreo de delitos ambientales y un inventario de emisiones derivadas de actividades ilícitas, además de desarrollar mapas de riesgo que combinen clima, escasez hídrica, conflictividad socio ambiental y control territorial.

La seguridad climática debe de avanzar hacia la prevención estructural, mediante infraestructura resiliente, acceso seguro al agua y empleos verdes en territorios vulnerables. Esto exige integrar el riesgo climático-territorial en la planeación del desarrollo y fortalecer la gobernanza local.

Asimismo, se propone crear un Mecanismo Nacional de Coordinación Interinstitucional que articule medio ambiente-cambio climático, seguridad, protección civil, desarrollo territorial, gobiernos locales y fiscalías, con diagnósticos unificados, información en tiempo real, protocolos conjuntos y presupuestos alineados. En conjunto, estas acciones permitirían una política climática capaz de enfrentar la convergencia entre clima, violencia y desigualdad.

La dirección es correcta, aunque aún falta por desglosar aún más a qué se refiere con seguridad climática, qué implica y hacia dónde nos puede dirigir. Es un pilar que puede convertirse en política pública en México, que pone al país en sintonía con las discusiones más avanzadas del mundo. Este eje habla de prevención, paz territorial, de justicia climática y de datos abiertos. Y la idea central es simple, pero profunda: la seguridad climática no es un tema ambiental y climático, es una agenda de país.

La paz no puede construirse en un territorio degradado ni en ciudades y comunidades que viven entre la incertidumbre climática y la intromisión del crimen organizado. México necesita instituciones coordinadas, financiamiento suficiente, participación pública real e inclusiva y la capacidad de anticiparse al futuro. Un país que se prepara para los riesgos climáticos es un país que proteger su seguridad, su democracia y su futuro.

* Iyari Balderas Cruz es miembro activo de la Coalición México Resiliente. Especialista en sustentabilidad ambiental por la IBERO CDMX, cuenta con un diplomado en creación e implementación de políticas públicas en seguridad pública y nacional por la UNAM.