Mex-EU: sin posibilidad de fuga

Razones

Jorge Fernández Menéndez

La fuga, huida, hacia adelante, dicen los psicólogos, consiste en mantener una actitud de evasión de nuestra realidad, sin reconocer los errores y sin afrontar situaciones que resultan incómodas. Con esta fuga hacia adelante se pretenden solucionar los problemas manteniendo la actitud que nos ha llevado a estar en la situación comprometida que se intenta evadir.  

A López Obrador, que ante una crisis siempre recurría a ese método, las fugas hacia adelante parecían librarlo de las crisis hasta que la crisis por antonomasia, la de la relación de su gobierno con el crimen organizado y la corrupción, lo ha alcanzado. Por eso la presidenta Sheinbaum, salvo que quiera llevar la relación con Estados Unidos hacia un abismo, no puede seguir huyendo de esa realidad.

No sé qué más señales necesita el gobierno federal para reaccionar: el viernes, luego de que la administración federal y la FGR insistiera en que no había pruebas contra Rubén Rocha y los otros políticos sinaloenses, acusados de colaborar con el narcotráfico, dos de los principales acusados, Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha, se entregaron a la justicia estadunidense, aceptando su culpabilidad y convirtiéndose en testigos colaboradores. Toda la narrativa del gobierno federal quedó invalidada con ello.

Ayer, la jefa de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, como adelantamos en redes, canceló la visita que tenía programada el lunes para una reunión con la presidenta Sheinbaum. No hay acuerdos, ni en la forma ni en el fondo, y las diferencias no han hecho más que profundizarse. 

El martes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en exigir que los distintos países intensifiquen las acciones financieras contra los terroristas, “desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa”. Ayer. la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, amplió su lista de involucrados con el Cártel de Sinaloa a los que aplicó sanciones. 

Inmediatamente después, con el argumento de restaurar la integridad del sistema financiero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que afecta potencialmente a las instituciones financieras, a las remesas que recibe México y a millones de paisanos que viven en Estados Unidos. Una norma que, en buena medida, es consecuencia de la irresponsable política seguida por las administraciones de la 4T (cuya máxima expresión financiera es el Banco del Bienestar) y cuyo costo pagarán, sobre todo, nuestros paisanos.

La orden ejecutiva firmada por Trump endurece la verificación de identidad y exige exhibir el estatus migratorio y solicitar información adicional para transferir dinero o abrir cuentas y permite rechazar transacciones asociadas con personas sin residencia legal. Si bien es una medida que permite combatir el lavado de dinero, en la práctica, restringe el acceso de migrantes a cuentas, crédito y servicios de envío de dinero.

El mayor efecto estará en las remesas: no las prohíbe formalmente, pero las encarecerá, las volverá, sobre todo, más difíciles de procesar para bancos y transmisores porque se exigirá más documentación e incluso se pueden bloquear las operaciones que se consideren riesgosas, una medida que busca excluir a clientes considerados vulnerables.

La medida generará una posible caída o desaceleración del flujo de remesas, que son una fuente importante de ingresos para millones de hogares en el país: representan 5% del consumo y 3.5% del PIB. Pero, además, es una fuente de presión para las instituciones financieras mexicanas por las exigencias de medidas drásticas de cumplimiento y verificación en sus operaciones internacionales, más allá incluso de las remesas.

No se prohiben o cancelan las remesas, tampoco les pone un impuesto especial, pero el endurecimiento regulatorio reducirá el flujo formal de dinero, alimentará vías alternas (relacionadas con el crimen organizado o que pueden ser cooptadas por éste) y complicará la operación de bancos y remesadoras que trabajan con clientes o migrantes mexicanos en Estados Unidos que, además, pueden ser objeto de sanciones muy graves por violar la nueva norma. Es una más de las consecuencias de esa fuga hacia adelante del gobierno federal, que no quiere romper las redes de protección y complicidad con el crimen organizado: las víctimas principales serán, ahora, los paisanos.

Pero hay más. Se supone que hoy llegará el director del Homeland Security, y la semana próxima el negociador del T-MEC, en un esquema en el que la seguridad, la seguridad jurídica, la seguridad financiera y las negociaciones comerciales y económicas irán en un mismo paquete. Sin T-MEC, la economía nacional pierde sustento y sentido.

Y después están las señales que trascienden nuestro país. Ayer, en una acción inédita contra el régimen cubano, ante una acusación del gobierno de Trump, un tribunal de Miami imputó a Raúl Castro por los delitos de conspiración para matar a ciudadanos estadunidenses, destrucción de un avión y asesinato. Los cargos se refieren al derribo, en 1996, de dos aviones civiles pertenecientes a la organización del exilio cubano-estadunidense Brothers to the Rescue. Castro, que era ministro de Defensa en ese momento, ordenó el ataque, que mató a cuatro hombres, incluidos tres ciudadanos estadunidenses. Esa acusación debe haber resonado hasta Palenque.

La fuga hacia adelante que intenta el gobierno federal sólo puede hacernos topar contra un muro llamado realidad.