Ciudad de México, 10/11/26 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum aceleró la preparación de un paquete de reformas legales y constitucionales para fortalecer el combate a la corrupción en México, en medio de la polémica por las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), que derivaron en la renuncia de su expresidenta, Guadalupe Taddei. La propuesta contempla cambios al Sistema Nacional Anticorrupción, una reestructuración de los mecanismos de auditoría, mayores facultades de investigación y la posible eliminación del fuero constitucional.
De acuerdo con información publicada por El País, un bloque de diputados y senadores de Morena, cercano a la mandataria, prepara una serie de iniciativas que buscan modificar alrededor de una decena de legislaciones, con el propósito de fortalecer la prevención, fiscalización, investigación y sanción de actos ilícitos, así como recuperar recursos públicos desviados.
La estrategia legislativa contempla dos etapas. En la primera, legisladores de Morena presentarían una parte de las propuestas durante los próximos días, mientras que Sheinbaum enviaría otras iniciativas antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Debido a la amplitud de las modificaciones planteadas y al tiempo disponible para su discusión, también se contempla la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones en enero, con el objetivo de avanzar en el análisis y eventual aprobación del paquete antes de que comience el siguiente periodo legislativo.
Uno de los principales impulsores de la propuesta es Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien encabeza parte de los trabajos para construir la reforma. El legislador ha explicado que el proyecto contempla modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros ordenamientos, para fortalecer su autonomía presupuestal y las capacidades de las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción.
Ramírez Cuéllar ha señalado que se trabaja en una reforma integral para reconstruir el sistema de auditorías del país y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. La propuesta también busca establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de investigar irregularidades financieras, detectar desvíos de recursos y sancionar a los responsables.
Entre los temas que forman parte de la agenda legislativa se encuentran el combate al huachicol fiscal, las redes de facturación falsa y la recuperación de recursos públicos mediante la figura de extinción de dominio, que permitiría actuar sobre bienes y recursos financieros relacionados con actividades ilícitas, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Para integrar las propuestas, el grupo promotor ha sostenido acercamientos con representantes de instituciones académicas, organismos empresariales y dependencias públicas. Entre los participantes se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación de Bancos de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
También participan magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, representantes de la Comisión Antimonopolios, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Como parte de los avances, Ramírez Cuéllar presentó una parte de la propuesta al presidente del Senado, Higinio Martínez.
El impulso a estas modificaciones coincide con la crisis que enfrenta el INE por las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos, posibles conflictos de interés y manejo de recursos públicos durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del organismo el pasado 25 de octubre.
Las investigaciones han involucrado a proveedores, funcionarios y exfuncionarios del instituto electoral. La Auditoría Superior de la Federación y otras autoridades han iniciado revisiones, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el bloqueo de cuentas de personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el caso.
La situación colocó nuevamente en la discusión pública la promesa del oficialismo de combatir la corrupción dentro de las instituciones, independientemente de la filiación política de los funcionarios involucrados. En ese sentido, el paquete legislativo busca proyectar una estrategia de mayor alcance para investigar irregularidades y evitar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de particulares.
Sin embargo, uno de los puntos que genera debate es la concentración de atribuciones en las instituciones gubernamentales. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en mayo de 2025, modificó el esquema de vigilancia y acceso a la información que anteriormente correspondía a ese organismo autónomo.
Por ello, la reorganización del Sistema Nacional Anticorrupción también abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión que garantizarán la independencia de las investigaciones y la fiscalización de las propias autoridades. Entre los aspectos que serán observados se encuentran la autonomía de las fiscalías, la independencia de las auditorías y la transparencia en la publicación de sus resultados.
Otro de los planteamientos que podría incorporarse a las modificaciones constitucionales es la eliminación del fuero para legisladores y altos funcionarios, una propuesta que Ramírez Cuéllar ha defendido y que Sheinbaum ha respaldado con reservas.
En marzo de 2025, la presidenta manifestó su disposición a discutir la eliminación de esa protección constitucional, al señalar que siempre había estado en contra del fuero. La iniciativa pretende retirar el blindaje que actualmente protege a determinados servidores públicos frente a procedimientos penales, bajo las condiciones que establezca la legislación.
No obstante, el proyecto enfrenta resistencias dentro de Morena, debido a que algunos sectores del partido consideran que las modificaciones podrían afectar intereses de integrantes del propio movimiento. Ramírez Cuéllar ha evitado confirmar públicamente la existencia de esas diferencias, aunque ha señalado que las propuestas serán presentadas y posteriormente se conocerá quiénes las respaldan.
Los obstáculos legislativos también están relacionados con antecedentes de reformas impulsadas por la presidenta que tuvieron que modificarse ante la falta de acuerdos con sus aliados políticos. Entre ellos se encuentra la propuesta para adelantar a 2027 la aplicación de las disposiciones contra el nepotismo electoral, cuya entrada en vigor fue trasladada a 2030.
Otro antecedente fue la iniciativa de reforma político-electoral que contemplaba eliminar espacios de representación proporcional en el Congreso y adelantar la consulta de revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones de 2027. Las diferencias políticas impidieron que esos planteamientos avanzaran en los términos originalmente propuestos.
El escándalo del INE también reavivó el debate sobre otros casos de presuntas irregularidades registrados durante administraciones anteriores, entre ellos el desfalco millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ocurrido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta Sheinbaum ha sostenido que su administración tiene la decisión de investigar y sancionar los actos ilícitos, sin importar quiénes sean las personas involucradas. La intención del nuevo paquete es reforzar las herramientas institucionales para que las autoridades puedan prevenir, detectar y perseguir conductas relacionadas con el uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con los plazos planteados por el grupo promotor, las primeras iniciativas deberán presentarse antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, mientras que el resto podría discutirse en un periodo extraordinario durante enero de 2027.
La aprobación de las reformas dependerá de los acuerdos que logren Morena y sus aliados en el Congreso, así como de las negociaciones sobre los cambios constitucionales y legales. Mientras tanto, la administración federal busca colocar el combate a la corrupción entre sus principales prioridades legislativas antes de que el proceso electoral de 2027 concentre la atención política nacional.
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