Más impuestos y deuda… ¡aprobado!

La Cámara de Diputados aprobó una reforma fiscal que eleva impuestos a productos como refrescos, cigarros, videojuegos y apuestas, bajo el argumento de fomentar la salud pública y ampliar la base tributaria. También se avaló la Ley de Ingresos 2026, que contempla un endeudamiento histórico y una recaudación superior a los 10 billones de pesos

Redacción Más

Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, fue aprobada la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, lo que representa un nuevo paquete de medidas fiscales que incluye aumentos de impuestos a diversos productos de consumo generalizado, la incorporación de nuevos gravámenes y la autorización de un importante nivel de endeudamiento público.

De acuerdo con la información publicada por Animal Político, la reforma a la Ley del IEPS fue avalada en lo general con 351 votos a favor y 129 en contra, en medio de un debate intenso y polarizado entre el bloque oficialista y la oposición.

Durante la discusión en lo particular, que incluyó más de 200 reservas presentadas por legisladores, se aceptó una modificación para fijar un impuesto de $1.5 por litro a las bebidas con endulzantes no calóricos, luego de un acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y las principales empresas refresqueras del país.

Los productos que serán gravados con mayor fuerza son las bebidas saborizadas, incluidos refrescos, jarabes, polvos y concentrados, cuyo impuesto pasará de 1.64 por litro en 2025 a 3.08 en 2026. Este mismo impuesto se aplicará a los sueros que no se limiten a contener los cuatro ingredientes sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades señalaron que la medida busca desalentar el consumo de productos con alto contenido calórico y azúcares, en un esfuerzo por reducir las enfermedades asociadas a estos productos.

El IEPS también contempla un aumento progresivo en la carga fiscal a los cigarros, con una cuota adicional de 0.85 por unidad en 2026, que aumentará a 1.15 en el año 2030. A esta medida se suma el incremento del impuesto a juegos, apuestas y sorteos del 30 al 50, así como la creación de un nuevo impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento y no aptos para menores, aplicable tanto a su formato físico como a los servicios digitales de descarga o acceso.

Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron las reformas como un mecanismo para fortalecer las finanzas públicas, combatir el consumo de productos nocivos para la salud y ampliar la base tributaria.

En tribuna, el diputado morenista Daniel Murguía Lardízabal explicó que con esta reforma se busca recaudar más de 761 mil millones de pesos únicamente por concepto del IEPS. Argumentó que uno de los objetivos principales es incorporar nuevos productos y servicios a la base gravable, como bolsas de nicotina, apuestas digitales y videojuegos violentos, bajo un enfoque de salud pública y modernización fiscal.

Por su parte, José Antonio López Ruiz, del PT, indicó que los llamados “impuestos saludables” buscan una reducción del 7% en el consumo de bebidas azucaradas, mientras que Héctor Pedroza Jiménez, del PVEM, destacó que la intención es canalizar la recaudación hacia programas de prevención y fortalecimiento del sistema público de salud.

En contraste, los partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), criticaron duramente la reforma al considerar que los nuevos impuestos afectan directamente a las familias de bajos ingresos.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de MC, cuestionó la verdadera intención del gobierno al afirmar que, si bien se promete que los recursos se destinarán al sector salud, no existe un mecanismo de transparencia que garantice este uso. También denunció que el gobierno federal prevé una recaudación total de más de 270 mil millones de pesos adicionales, sin que exista claridad sobre su destino.

Desde el PRI, Víctor Samuel Palma advirtió sobre una inminente escalada de precios que profundizará la crisis económica que enfrentan millones de mexicanos, mientras que Paulo Gonzalo Martínez, del PAN, acusó a Morena de actuar con hipocresía al prometer que “primero los pobres” cuando las medidas fiscales afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población.

Junto a la reforma al IEPS, también se aprobó la Ley de Ingresos 2026, que proyecta ingresos por un total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, a obtenerse a través de impuestos, cuotas de seguridad social, derechos, ventas de bienes y servicios, así como endeudamiento interno y externo.

Con 349 votos a favor y 128 en contra en lo general, y 352 votos a favor en lo particular, se avaló también que el Poder Ejecutivo pueda contratar un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos y uno externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares para financiar el Presupuesto de Egresos y operaciones de refinanciamiento.

Durante el debate, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, aseguró que los ingresos se fortalecerán gracias al combate a la evasión fiscal, a las factureras ilegales y a la eliminación de beneficios como la deducción fiscal de aportaciones al Fobaproa por parte de los bancos. Desde tribuna, acusó también al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de evadir impuestos con facturas falsas, lo que encendió aún más los ánimos entre los bloques legislativos.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que con esta reforma la deuda pública se duplicará en el sexenio, al alcanzar los 30 billones de pesos, lo que equivaldría al 52.3% del Producto Interno Bruto del país.

Por su parte, Éctor Jaime Ramírez, del PAN, lamentó la falta de un marco de responsabilidad fiscal y acusó al gobierno de implementar “parches fiscales” sin visión de largo plazo.

La aprobación de estas reformas marca un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas, reclamos de opacidad en el uso de los recursos y críticas al creciente endeudamiento público.

Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum defiende los llamados impuestos saludables como una medida de bienestar social, los partidos contrarios denuncian un aumento en la carga tributaria de las familias sin una rendición de cuentas clara ni sostenibilidad financiera.