Culiacán, 31/10/2024 (Más / IA).- La escalada de violencia en Sinaloa, particularmente en Culiacán, ha dejado un saldo alarmante de 105 jóvenes desaparecidos en los últimos dos meses. Las desapariciones, que se intensificaron tras el estallido de un conflicto interno en el Cártel de Sinaloa en septiembre, han puesto a decenas de familias en una búsqueda desesperada por localizar a sus seres queridos en medio de un entorno de extrema violencia y riesgo.
Entre los desaparecidos se encuentra Crispín Jesús Mariscal Ávila, de 29 años, quien salió la noche del 24 de septiembre sin avisar a su madre y desde entonces no se tiene noticia de él. “Están levantando a muchachos. No te vayas a salir a la calle, está demasiado peligroso ahorita”, le advirtió su madre, quien hoy lamenta profundamente que él no tomara en cuenta sus palabras. Sin embargo, tras semanas de búsquedas y de pegar letreros por Culiacán, no han encontrado rastro alguno del joven.
Las cifras oficiales señalan que de las 152 denuncias de desaparición de menores y jóvenes registradas en Sinaloa desde principios de septiembre, 105 personas siguen en paradero desconocido, y 7 fueron encontradas sin vida. Estas desapariciones representan casi la mitad de los 211 casos vigentes en el estado. Los datos, además, evidencian un incremento del 154 por ciento en la desaparición de jóvenes y adolescentes en comparación con el mismo periodo de 2023.
La capital sinaloense es la zona más afectada, concentrando 72 denuncias, de las cuales 53 casos siguen sin resolver. La violencia en la región se disparó luego de la supuesta entrega del líder Ismael ‘El Mayo’ Zambada a las autoridades estadounidenses en julio, lo que desató una guerra entre los grupos de mayos y chapitos dentro del cártel.
Durante el fin de semana del 26 y 27 de octubre, Culiacán registró 17 homicidios, mientras que en los últimos dos meses la cifra de asesinatos supera los 200. Además, se estima que más de 200 familias han sido desplazadas y alrededor de 1,800 empleos se han perdido debido al cierre de negocios, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.
Ante esta situación, las familias de los desaparecidos, entre ellas la de Crispín, se enfrentan al reto de buscar a sus hijos en lugares donde es común hallar cuerpos, como las carreteras del municipio o localidades cercanas, incluida la zona de la Culiacán-El Dorado, donde el pasado 25 de octubre fueron hallados cuatro hombres sin vida, atados de pies y manos.
La inseguridad también ha afectado las labores de colectivos de búsqueda, como el liderado por Reynalda Pulido, de Madres en Búsqueda por tu Regreso a Casa, quien denuncia la inacción de la Comisión de Búsqueda local. “Nosotros sí seguimos como colectivo buscando. Apenas el pasado 27 de septiembre localizamos cuatro cuerpos en Villamoros”, explica Pulido, quien busca a su hijo desde 2020, cuando desapareció en Culiacán.
Miguel Calderón, miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, añade que aunque las autoridades han mejorado ciertos aspectos de la seguridad en Culiacán, la situación de los desaparecidos sigue siendo crítica y muchas familias temen denunciar ante el Ministerio Público. “Hay gente que prefiere no reportar la desaparición ni ir a la Fiscalía a denunciar. Optan por acudir directamente con la delincuencia o con conocidos para tratar de recuperar a sus seres queridos”, afirma Calderón, quien señala que las cifras oficiales no reflejan la totalidad de los casos.
El perfil de los desaparecidos señala que son principalmente jóvenes entre 18 y 26 años. La mayor parte de estos casos, 19 en total, corresponde a jóvenes de 22 años, seguidos de personas de 24 y 26 años. De los 19 casos de menores de edad desaparecidos, varios se encontraban en actividades cotidianas al momento de su desaparición.
La magnitud de esta crisis ha dejado a la sociedad sinaloense en una situación de constante zozobra. Con cifras de violencia al alza y una guerra en curso entre los grupos criminales, Sinaloa se encuentra en un punto crítico que exige respuestas efectivas de las autoridades y una mayor protección para la población civil.
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