Chihuahua, 23/10/26 (Más).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rechazó haber traicionado al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, detenido y procesado por el delito federal de traición a la patria, y aseguró que le advirtió en al menos ocho ocasiones que desistiera de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Chihuahua capital, debido a la vulnerabilidad jurídica que enfrentaba por una investigación relacionada con un operativo en la Sierra del Pinal.
Campos hizo estas declaraciones durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, para Latinus, en la que negó haber intervenido para que Jáuregui fuera detenido y sostuvo que sus advertencias respondieron a consideraciones jurídicas y electorales. La mandataria estatal afirmó que desconocía que la Fiscalía General de la República (FGR) presentaría contra el exfiscal la acusación de traición a la patria.
La gobernadora relató que sostuvo más de ocho conversaciones con Jáuregui, en distintos lugares y con testigos presentes, para recomendarle que abandonara sus aspiraciones políticas antes de que avanzara la investigación por los hechos ocurridos en El Pinal, municipio de Morelos. Según su versión, buscaba evitar que el procedimiento judicial afectara su eventual candidatura durante el periodo de campaña.
Campos explicó que le advirtió al exfiscal sobre las posibles consecuencias de mantener su aspiración política mientras continuaban las investigaciones. De acuerdo con el relato de la gobernadora, le señaló que existía el riesgo de que fuera detenido durante marzo o abril, cuando el proceso electoral estuviera en marcha, y que para entonces las disposiciones electorales pudieran impedir la sustitución del candidato.
La mandataria aseguró que Jáuregui respondió a esas advertencias con la intención de enfrentar los procedimientos judiciales. Según Campos, otras personas de su entorno también le recomendaron desistir de la candidatura, pero el exfiscal mantuvo su decisión.
Después de la detención, la gobernadora afirmó que le recordó a Jáuregui que le había advertido sobre los riesgos jurídicos. No obstante, calificó la situación como desproporcionada y manifestó que buscaría alternativas para cuestionar lo que considera una injusticia en el procedimiento federal.
Uno de los principales puntos de controversia es la acusación de traición a la patria presentada por la FGR, que, según Campos, tomó por sorpresa al gobierno estatal. La gobernadora explicó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la autoridad federal desarrollaban investigaciones paralelas por los hechos ocurridos en El Pinal, debido a que existían posibles delitos de competencia local y federal.
Campos indicó que ambas fiscalías habían acordado presentar resultados el mismo día, pero sostuvo que las autoridades estatales no fueron informadas anticipadamente de que Jáuregui sería imputado por traición a la patria. La mandataria expresó su inconformidad con esa decisión y cuestionó la gravedad de la acusación federal frente a los delitos determinados inicialmente por la fiscalía estatal.
De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía General del Estado había señalado al exfiscal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. Posteriormente, la FGR procedió contra él por el delito federal de traición a la patria, relacionado con los acontecimientos del operativo en el que participaron agentes estadounidenses.
César Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por los delitos del fuero común. Tras comparecer ante un juez estatal, no se le impuso prisión preventiva, sino otras medidas cautelares. Minutos después, agentes federales lo detuvieron nuevamente en el estacionamiento de la Ciudad Judicial para trasladarlo al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.
El 21 de octubre, un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra el exfiscal dentro del procedimiento relacionado con la acusación federal. La situación jurídica de Jáuregui quedó así sujeta a dos procesos de distinta competencia, uno estatal y otro federal, derivados de las investigaciones sobre el operativo realizado en la Sierra del Pinal.
Los hechos que originaron el caso ocurrieron entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde se llevó a cabo un operativo relacionado con un presunto laboratorio de drogas. Durante esos acontecimientos murieron el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes; el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados en la información publicada como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.
La presencia de agentes estadounidenses en el operativo generó cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades mexicanas y extranjeras, así como sobre los procedimientos utilizados durante la intervención. El caso también abrió una controversia política y jurídica entre autoridades estatales y federales respecto a las responsabilidades por los hechos y la actuación de los funcionarios involucrados.
Al ser cuestionada sobre posibles vínculos de Jáuregui con el crimen organizado, Campos evitó emitir una afirmación categórica y sostuvo que no cuenta con elementos para asegurar que exista esa relación. También consideró que las responsabilidades por lo sucedido no necesariamente deben recaer únicamente en el exfiscal o en mandos operativos, sino que deben investigarse dentro de la cadena de decisiones relacionada con el operativo.
La gobernadora rechazó además la versión de que hubiera promovido la detención para apartar a Jáuregui de la contienda por la alcaldía de Chihuahua. Argumentó que las candidaturas del PAN se rigen por los estatutos internos del partido y negó haber organizado una operación para perjudicar políticamente al exfuncionario.
Las declaraciones de Campos se producen en medio de las investigaciones sobre el operativo de abril, la participación de agentes estadounidenses y las actuaciones posteriores de las fiscalías estatal y federal. La determinación de las responsabilidades penales corresponderá a las autoridades judiciales, mientras continúan las diferencias públicas sobre la actuación institucional y las circunstancias que llevaron a la detención del exfiscal.
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