Astillero
Julio Hernández López
En términos políticos generales de la 4T, no grupales, parecería ser un exceso innecesario el enredo por citatorios relacionado con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocida como Maru, quien al menos en videos en redes sociales se muestra entre complacida y bravucona ante las acciones que se van desarrollando en su contra.
Acusarla de traición a la patria por la aceptación y promoción de agentes extranjeros para operar en suelo chihuahuense puede pasar casi como una obligación cívica. Durante una gira de medios que recientemente se agenció, ella misma ha ido dejando pistas involuntarias de la ligereza o malevolencia con que ha procedido en el tema. Además, ayer mismo, 11 diputados locales de Morena en Chihuahua solicitaron a la Cámara federal que se instaure juicio político contra la gobernadora Campos; no se dio a conocer de inmediato el motivo, pero los antecedentes del caso apuntan al tema de los agentes de la CIA en suelo chihuahuense.
Sin embargo, a ese marco de confrontación política y judicial se ha añadido la coincidencia en tiempo de la notificación de la fiscalía de la Ciudad de México de que no habrá acción penal contra Campos por la acusación de secuestro que Javier Corral ha presentado contra quien le sucedió en el gobierno de Chihuahua, la propia Maru, con la que ha sostenido una ríspida y prolongada batalla. Corral fue panista durante décadas, hasta que decidió pasar a las filas de la 4T, sin afiliarse a Morena, para ser candidato a senador, cargo que ocupa actualmente.
La fiscalía capitalina de justicia, cuya titular es Bertha Alcalde Luján, precisó que no habrá acción penal, aunque agregó un citatorio para que la gobernadora panista comparezca en la capital del país para escuchar una “impugnación” de Corral por aquel episodio del 14 de agosto de 2024 en que el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, rescató al ahora senador de un restaurante donde agentes de la fiscalía de Chihuahua pretendían detenerlo para enfrentar acusaciones penales en esa entidad. Corral llamó por teléfono y apareció Lara para llevarse al ex panista en un vehículo.
Mezclar en tiempos procesales estos dos temas, el de la acusación de traición a la patria, con el de las pugnas entre dos personajes que fueron miembros del mismo partido, desgasta a aquel, de evidente interés nacional superior.
Dos miembros relevantes de la llamada 4T se abstuvieron a la hora de votar en una comisión legislativa la polémica propuesta monrealista de anulación de resultados electorales si se probara que hubiera habido injerencia extranjera.
Uno de esos personajes es Olga Sánchez Cordero, quien teóricamente ocupó el segundo nivel de mando nacional, como secretaria de Gobernación, en un tramo del sexenio obradorista; otro, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien fue presidente nacional de Morena y es considerado uno de los cuadros legislativos más alineados con Palacio Nacional.
Ministra de la Corte en retiro, Sánchez Cordero consideró que la iniciativa impulsada por Ricardo Monreal pone en riesgo la certeza jurídica, pues la determinación de nulidad electoral podría sustentarse en cualquier hecho. Sin embargo, no votó en contra, sólo se abstuvo. Luego de que una hija suya no avanzó en el pasado proceso de elección judicial se ha suscitado una postura más reservada de Sánchez Cordero respecto a Morena.
Ramírez Cuéllar ha sido mencionado en varias ocasiones como pieza del equipo claudista que toma-ría posiciones de mayor res-ponsabilidad en San Lázaro o en cargos de gobierno, sin que se haya producido algu-no de esos movimientos. Por lo pronto, se le menciona como carta de Palacio Nacional para la gubernatura de Zacatecas, hasta ahora coto de la familia Monreal.
A fin de cuentas, en la Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta monrealista fue aprobada por 28 votos de Morena, el Verde y el PT, con nueve en contra y dos abstenciones. Cuando la iniciativa en cuestión sea presentada al pleno de San Lázaro (se dice que será hoy), el par de abstencionistas podrá proponer mejorías al texto. ¡Hasta mañana!
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