Astillero
Julio Hernández López
Más allá de las motivaciones electorales estatales, que Morena está haciendo evidentes con prontitud, y del uso defensivo que del caso llamado CIAgate realiza la administración claudista frente a la trumpista, ha de puntualizarse que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, está en una situación judicial difícil.
Nacida en la ciudad capital 50 años atrás, abogada, de carrera hecha en el panismo y llamada Maru, la mandataria norteña puede ser encuadrada en la tipificación de delitos varios, entre ellos el de traición a la patria, y otros de orden administrativo, pues a diferencia de lo que sucede en otras entidades y a nivel federal, donde las fiscalías son teóricamente autónomas, y por tanto quien es titular del Poder Ejecutivo puede argumentar con fundamento que no es responsable de lo que en ellas suceda, en Chihuahua la fiscalía es una “dependencia del Poder Ejecutivo del Estado”.
Conforme al decreto 1142-2010 Xll P.E, publicado en el Periódico Oficial del Estado en septiembre de 2010 por el gobernador priísta José Reyes Baeza Terrazas (la reforma más reciente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue en 2025), tal fiscalía está “encargada”, entre otras áreas, de “la Agencia Estatal de Investigación” y de “Operaciones Estratégicas”.
Cierto es que no hay hasta el momento ninguna prueba de que la gobernadora Campos Galván hubiese estado enterada de la participación de agentes extranjeros (presuntamente de la CIA) en la operación que des-manteló narcolaboratorios en un municipio de la Sierra Tarahumara. Tampoco hay prueba de que la citada mandataria hubiese instruido que esos agentes foráneos se unieran, con uniforme local y armamento, a las decenas de agentes estatales que participaron en el operativo mencionado.
Pero Campos Galván nombró y sostuvo como fiscal estatal a César Jáuregui, persona de su entera confianza política y administrativa a quien movió desde la secretaría general de gobierno, que ocupaba, hacia la citada fiscalía, además de que ya se promovía como carta de la gobernadora para buscar la presidencia del municipio de la capital.
JÁuregui tuvo que renunciar, a título de fiscal expiatorio, cuando estalló el escándalo que sigue vigente. Y ayer diversos medios chihuahuenses aseguraron que el fiscal especializado en “Operaciones Estratégicas”, Guillermo Arturo Zuany Portillo, había renunciado a su cargo en la Fiscalía General. La carga operativa contra los narcolaboratorios desmantelados estuvo a cargo de Zuany Portillo. Incluso otra fiscal especial, Wendy Chávez, a quien la gobernadora nombró al frente de una “unidad especializada” para investigar el llamado CIAgate, mencionó en un informe oficial que uno de los “extranjeros” había sido visto con un arma larga en las oficinas de la fiscalía especial de Zuany Portillo.
Hasta ahora, se ha pretendido encasillar la responsabilidad de la participación de agentes extranjeros en quien era titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido en el accidente que evidenció la participación de los supuestos agentes de la CIA.
La investigación que realiza la Fiscalía General de la República mostrará el grado de responsabilidad de la gobernadora Campos Galván en cuanto a acciones u omisiones. Por abrir las puertas a agentes extranjeros o por no saber lo que sucedía. El artículo 2, fracción B de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, señala entre sus atribuciones: “en materia de investigación y persecución del delito, las que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y otras normas locales “encomienden al Ministerio Público del Estado”.
La gobernadora de Chihuahua no respetó ni hizo cumplir la Constitución federal. Ya se verá hasta dónde avanza el proceso judicial y cuáles serían las violaciones legales atribuibles, que podrían incluir la traición a la patria; también está por verse la viabilidad de su desafuero. ¡Hasta mañana!
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