Ciudad de México, 22/05/26 (Más).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pasó a la ofensiva política frente a los señalamientos por el operativo en la Sierra Tarahumara en el que presuntamente participaron agentes estadounidenses, al negar que haya autorizado, gestionado o conocido la presencia de personal extranjero en territorio estatal.
La mandataria emprendió una ronda de entrevistas en medios nacionales para responder a los señalamientos por el operativo en la Sierra Tarahumara, donde participaron extranjeros y posteriormente murieron dos presuntos agentes de la CIA.
Entre los periodistas con los que estuvo destacan Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Azucena Uresti, Carlos Loret, Pascal Beltrán del Río, Javier a la Torre, Adela Micha, Fernanda Familiar, entre otros.
En los distintos espacios, la mandataria sostuvo que la cooperación con agencias estadounidenses se limita al intercambio de información y que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno federal conocen esos mecanismos.
De acuerdo con información publicada por El País, la mandataria panista sostuvo que no existe certeza plena sobre la participación de agentes norteamericanos y afirmó que se enteró del caso después del accidente carretero en el que murieron dos estadounidenses y funcionarios estatales.
Campos dijo que el operativo fue coordinado por la Fiscalía General del Estado con la Secretaría de la Defensa Nacional, y aseguró que ella no intervino en la planeación.
“Yo no operé, no gestioné, no autoricé y mucho menos tuve conocimiento de esas personas en territorio chihuahuense”, declaró.
La gobernadora también defendió que Chihuahua, por su condición fronteriza, requiere cooperación con Estados Unidos, aunque precisó que esta debe realizarse por canales institucionales.
En entrevistas recientes, reiteró: “Una servidora no gestionó, no autorizó y tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense”.
El caso escaló políticamente luego de que desde el oficialismo se planteara la posibilidad de un juicio político por presunta violación a la soberanía nacional. Campos admitió que un proceso de ese tipo le genera temor por el desgaste que implica, pero acusó que se le busca convertir en “chivo expiatorio”.
La mandataria también cuestionó el trato del Gobierno federal hacia su administración y comparó su caso con los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Acusó que, mientras a otros funcionarios se les exige presentar pruebas, contra ella se han lanzado señalamientos sin respetar la presunción de inocencia.
Como parte de su respuesta institucional, Campos pidió la renuncia del fiscal César Jáuregui, decisión que justificó como una medida para permitir una investigación con menor presión interna. Además, creó una unidad especializada encabezada por una nueva fiscal para revisar lo ocurrido.
La gobernadora aseguró que no ha sido llamada a declarar por la Fiscalía General de la República y que las investigaciones siguen centradas en comparecencias de agentes estatales y funcionarios relacionados con la operación. También dijo que sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la que se habló de fortalecer las indagatorias.
En el plano político, Campos acusó a Morena de usar el caso Chihuahua como bandera rumbo a las elecciones de 2027 y negó haber saboteado movilizaciones oficialistas en su contra. Afirmó que los señalamientos buscan desgastar a su Gobierno y encubrir problemas de seguridad en otras entidades.
La panista cerró filas con su defensa y aseguró que no ve al PAN entregando el poder estatal a Morena en 2027. Con ello, la gobernadora dejó de limitarse a responder acusaciones y colocó el caso en el terreno electoral, donde busca presentarse como víctima de una ofensiva política del oficialismo.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.