Por Zitamar Arellano Trueba
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Saltillo, Coahuila. La Academia Interamericana de los Derechos Humanos (AIDH), una institución coahuilense sustentada con 26.5 millones de pesos de recursos públicos, oculta del conocimiento de los coahuilenses toda su información financiera, en un hecho contradictorio con su propio quehacer.
Al estar dedicada a la investigación en materia de derechos humanos, es sorprendente conocer que el derecho a saber de las personas es violentado por el propio organismo, al mantener en la opacidad todo dato relacionado con el manejo del presupuesto público que se le otorga.
Al auscultar la sección de Transparencia en la página de internet de la Academia, se puede constatar cómo intentó atender las obligaciones impuestas por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pero falla prácticamente en todo, sobre todo en mantener completamente vacíos los cajones donde debería exhibir su información financiera.
La Academia no informa siquiera lo más elemental como dar a conocer cuánto es el presupuesto que se le otorga, este año de 26.5 millones de pesos, y mucho menos cómo lo aplica, simplemente omite dar información, lo que para las entidades públicas es obligatorio, como transparentar quiénes trabajan en la institución y cuánto ganan.
La AIDH es un órgano dependiente de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero que cuenta con presupuesto y su propia ley orgánica aprobados por el Congreso del Estado. Fue fundada y dirigida a partir de agosto de 2017 y hasta noviembre de 2019 por el especialista en derecho Luis Efrén Ríos Vega, actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hoy en día es dirigida por la especialista en derecho Irene Spigno.
Al buscar información sobre el manejo de los recursos públicos, fue posible constatar que la AIDH tampoco exhibe sus estados financieros ni su cuenta pública, no revela qué personas administran los recursos o quiénes son sus proveedores, esconde toda información actualizada sobre viáticos y gastos de operación. Tampoco muestra sus contratos, sus gastos de comunicación ni cuáles son sus bienes, entre muchos otros rubros.
Pero no sólo eso, sino que también exhibe información errónea, desactualizada o incompleta. Por ejemplo, en lugar de informar cuál es el marco jurídico que debe atender, presenta los oficios girados el año pasado mediante los cuales se informa al personal del trabajo fuera de oficinas por causa de la pandemia.
Acerca de algo tan elemental como el directorio de funcionarios y la estructura orgánica no hay nada en absoluto, pues ambos cajones están completamente vacíos, son simples páginas en blanco.
Al informar sobre los sueldos que paga, la Academia sí presenta datos, pero no vinculados a personas, sino a claves de puestos de trabajo, pero que no están vinculados a ningún directorio o nómina. Es decir, se puede saber cuánto cobra quien ocupe un cargo con cierta clave, pero no se puede saber quién es esa persona.
Lo único relacionado con sus trabajadores está en un cajón relacionado con definir el perfil de cada puesto y el currículum vitae (CV) de quien ocupa el cargo, pero sólo en una fracción de la lista de trabajadores se exhibe su CV y en ningún caso la Academia se encargó de explicar el perfil del puesto, lo que implicaría, por ejemplo, que personas no aptas, sin preparación ni experiencia, ocupen cargos públicos y cobren sueldos.
En materia de viáticos, la Academia exhibe montos y los vincula con personas y los eventos o actividades que tuvieron, pero esta información es de 2018 y 2019 y no se encuentra la del año pasado ni la del presente.
Secciones donde se deberían exhibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios o las condiciones generales de trabajo, simplemente son inaccesibles.
Hay más conceptos de información que no es transparentada por la entidad pública en su página de internet. La Sección de Transparencia de la UA de C tampoco tiene un capítulo relacionado con la academia.
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