Por Miguel Villarello
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Por primera vez en la historia reciente de la actual legislatura, tres proposiciones se fueron a comisiones para su estudio de viabilidad, las tres emanadas del PAN, eran encaminadas a que la Secretaría de Finanzas hablara de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y la Universidad Autónoma de Coahuila informaran de su quehacer, avances y logros en cuanto a lucha contra la corrupción.
Sin embargo, una vez expuestas en tribuna, se votó por mayoría para que se turnaran a la Junta de Gobierno, las comisiones de Gobernación y Hacienda y Cuenta Pública con el fin de ser analizado su contenido y dictamen posterior.
La primera en presentarse versó en el sentido de pedirle al Secretario de Finanzas explicar a detalle cuáles han sido los logros y metas cumplidas de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila desde su creación hasta la fecha y sus gastos en nómina.
Puesto que la UIF desde su creación, expresó Rodolfo Walss Aurioles: “ha presentado cero trabajo, cero resultados, cero transparencia, cero rendición de cuentas; a la fecha ni siquiera aparece en Coahuila Transparente como parte de los órganos de la Secretaría de Finanzas pues jamás ha cumplido, pero sí ha ejercido recursos financieros como pago de nómina y gastos operativos”.
La siguiente fue presentada por Luz Natalia Virgil Orona y llevaba el sentido de que la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción entregara un informe detallado en varios rubros.
“Sobre el total de servidores públicos que han recibido una condena definitiva desde que la fiscalía fue creada, el total de recursos que han sido recuperados y el origen de estos, detallando la dependencia, municipio u organismo descentralizado o autónomo que corresponda”, mencionó la diputada.
Además, se solicitaba conocer el total de recursos públicos que se consideran afectados y bajo probable recuperación en relación con todos los servidores públicos sujetos a proceso actualmente, e informar el estatus laboral en que se hayan todos los servidores públicos que se encuentran amparados, es decir, suspendidos temporalmente, dados de baja o trabajando.
Inclusive se solicitaba en la proposición conocer de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas estatal el listado de servidores públicos que han sido sancionados en forma definitiva en vía administrativa desde el 2018 a la fecha, el total de recursos recuperados, así como el total de funcionarios sujetos a proceso de investigación actualmente y el estatus laboral que mantienen con sus dependencias.
Para ambos casos, destacó la legisladora, la información puede ser proporcionada sin afectar la reserva de las carpetas de investigación.
Mientras que la tercera proposición que también fue enviada a la “congeladora” legislativa fue para que la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública legislativa solicitara a la UAdeC un informe detallado relativo a la investigación que realizó su órgano de control interno sobre las empresas que fueron detectadas en 2018 como proveedores irregulares de la universidad.
Y debido a que trascendió en algunos medios de comunicación que recientemente se supo que en dicha Universidad se asignaron millones de pesos a empresas que ni siquiera tienen domicilio real o naves de operación.
“Han pasado más de tres años y cinco meses y no se supo nada más del asunto, fue sepultado por las autoridades, apostándole al silencio y al olvido como en tantos otros casos”, concluyó la diputada Virgil Orona.
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