Cuernavaca, Morelos, 21/08/26 (Más).- Ocho internos considerados de alta peligrosidad y vinculados con redes de extorsión fueron trasladados desde Morelos al Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, para impedir que continuaran operando actividades delictivas desde prisión.
El traslado se realizó mediante un operativo conjunto en el que participaron fuerzas federales, estatales y la Fuerza Aérea Mexicana.
Las autoridades morelenses señalaron que los reclusos continuaban realizando cobros de piso y llamadas extorsivas dirigidas a comerciantes y familias de las regiones donde operaban antes de ser detenidos.
José Luis Bucio Quiroz, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, informó que el movimiento se efectuó el pasado 10 de agosto como parte de una estrategia para cortar las redes de comunicación utilizadas desde los centros penitenciarios.
Durante 2026, las autoridades de Morelos han realizado 97 revisiones sorpresivas en los centros de reinserción social del estado con el objetivo de localizar teléfonos, sustancias ilícitas y otros objetos prohibidos.
Como resultado de esos operativos han sido decomisados cerca de 2 mil teléfonos celulares, además de diversas sustancias y artículos ingresados irregularmente a las instalaciones penitenciarias.
Las autoridades consideran que el traslado de los ocho internos al penal federal de Coahuila permitirá reforzar las medidas de control sobre personas señaladas por mantener capacidad para coordinar delitos desde el interior de las cárceles.
De manera paralela, 304 mujeres privadas de la libertad fueron trasladadas durante un operativo nocturno del penal de Atlacholoaya al nuevo Centro de Reinserción Social Femenil de Cuernavaca, bajo protocolos de seguridad y respeto a sus derechos humanos.
El nuevo centro penitenciario femenil cuenta con espacios para atención médica, higiene y áreas adaptadas para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y madres que permanecen con sus hijos, mientras el gobierno estatal mantiene acciones para reforzar el control de los penales y combatir las operaciones criminales desde su interior.
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