
Por Miguel Villarello
Opiniones divididas, hay quien propone endurecer los castigos por maltrato animal y quien afirma que sólo basta aplicar la ley y denunciar los casos de agresión.
Con varios casos de ataque y maltrato animal que van desde omisión de cuidados, negligencia y falta de capacitación de rescatistas, hasta darles muerte, pareciera que Coahuila está estancado en la aplicación de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado.
Derivado de varios hechos de maltrato o muerte a distintos tipos de animales, en el Congreso del Estado algunos diputados han sugerido sólamente aplicar la ley e imponer las sanciones, más no endurecer los castigos.
En tanto, asociaciones de cuidado de animales que piden endurecer las leyes, escasamente denuncian hechos de maltrato, y de éstas son mínimas a los que les dan seguimiento ya una vez judicializados.
En las discusiones, se ha expresado la teoría de que el incremento en agresiones a los animales deriva de que al haber menos movilidad social, los animales retoman espacios que antes eran su hábitat natural y que las personas han invadido, por lo que existen más casos de rose entre ambos.
Como muestra están colonias que desarrolladores de vivienda han edificado en las faldas de la sierra de Zapalinamé, en Saltillo o Arteaga, sobre todo las que están prácticamente en la entrada del cañón de San Lorenzo, zona que desde hace tiempo había sido decretada como protegida para su conservación a fin de permitir la repoblación con especies como guajolotes, aves, y especies menores como gatos monteses y osos.
En consecuencia, durante este encierro se incrementaron los avistamientos, encuentros peligrosos y en varios casos fatales, con osos, aves y reptiles, principalmente en diversas comunidades cercanas a las serranías de la entidad.
Este tipo de circunstancias son las que en ocasiones han resultado en hechos lamentables, unos cinco osos atropellados en carreteras y otros dos muertos, aparte de por lo menos cinco más que han huido o han sido capturados o rescatados, dice la autoridad, y devueltos a su hábitat.
A ellos se suman por lo menos media docena de perros maltratados con el saldo de dos muertos sólo en la región Sureste de la entidad, en ambos se lleva procedimiento penal en contra de los imputados de agresión.
Específicamente resaltan dos hechos relativos a osos. El primero, un oso que cayó de un alto pino sufriendo lesiones internas por descuido de los rescatistas de la Secretaría del Medio Ambiente, y el otro, de una osa que en Castaños fue capturada y asfixiada hasta darle muerte por pobladores del lugar.
Otros dos acontecimientos fueron relativos a dos canes. Un perro al que una pareja de jóvenes aparentemente intoxicados con sustancias le dieron muerte y, otro más, cuando otro muchacho también bajo el influjo de sustancias, mató a una perrita que recién había parido.
Tres de estos casos ocurrieron en la región Sureste y uno en la Centro de la entidad entre muchos otros, pero que encendieron la alerta a las autoridades estatal, municipal y federal que con estos hechos advirtieron que algo pasa y deriva en el descuido de las reglas o cultura de la convivencia y el respeto entre humanos y la fauna local.

SE CAYÓ
Específicamente los casos relacionados con osos van desde el avistamiento, la captura sólo por diversión, la caza por considerarlos fauna nociva que acaba con huertas o ganado, hasta el atropellamiento accidental en la carretera 57 que cruza todo Coahuila, trascendió vía las redes sociales entre los meses de junio y julio, en Saltillo uno de ellos.
Fue cuando en un hogar situado en la sierra de Zapalinamé, un pequeño oso fue sedado en lo alto de un árbol para ser “rescatado”.
La consecuencia fue que el pequeño animal cayó desde una altura aproximada a ocho metros hasta el duro suelo, pues los rescatistas de la Secretaría de Medio Ambiente que se afirma que están capacitados, ningún colchón o malla de contención colocaron para resguardar la integridad física del animalito al llegar al piso.
Sin denuncia por parte de grupos ambientalistas ni llamado de atención a los rescatistas de la fauna, sólo un escueto comunicado por parte de la autoridad, días después el osezno ya repuesto y sin lesiones fue supuestamente liberado en su hábitat.
NO HAY MALTRATO
Sólo inconformidades manifiestas en redes sociales, pero ninguna queja ciudadana ni de colectivos de protección animal ha recibido la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) por mala actuación de su personal relacionado con el rescate de animales salvajes, aseguró la titular, Eglantina Canales Gutiérrez.
Ello con relación a este último caso, como el oso que “cayó” de lo alto de un árbol.
Canales Gutiérrez a finales de julio fue contextualizada en el sentido de que, de acuerdo con información, el pequeño animalito fue sedado para poder rescatarlo de un árbol en la zona urbana y ponerlo a resguardo, sin embargo, el personal de fauna de la SMA pasó por alto algunas medidas de seguridad.
Pues al sedar al osezno, éste se precipitó al suelo desde una altura aproximada a ocho metros. La acción, de acuerdo con declaraciones de ambientalistas, se puede interpretar como negligencia por parte del personal. No obstante, la titular de la dependencia aclaró que el oso se cayó él solo.
“¿Fue maltratado?”, preguntó, por nlo que se le explicó que el osezno cayó de lo alto de un árbol para golpear contra el piso, y respondió. “Ah, no, se cayó del árbol, no lo maltrataron”.
¿Ha recibido quejas la SMA por este tipo de circunstancias?, se le cuestionó entonces y dijo que no: “Sólo es en las redes donde la gente manifiesta su inconformidad”.
“Al respecto ya hemos dicho muchas veces que seguramente el animal está bien, ya fue liberado en una zona propicia y como está censado si llegamos a tener avistamientos a ver qué sucede”.
En cuanto a si la SMA aplicaría algún llamado de atención al personal que participó en el aseguramiento del animalito en el sentido de que tenga más cuidado en sus actividades de rescate, la funcionaria emitió su parecer.
“A ver, creo que fue una cuestión de muchísima tensión, primero, había gentes, los mismos medios discúlpeme no dejaban el sitio, estaba todo mundo en una situación alterada (…) Entonces, bueno que, claro, se les llama la atención diciéndoles que el protocolo lo primero que te dice es que hagas un cerco de seguridad y no lo hicieron, no se hizo, porque la gente no obedeció”, añadió.
“Debieron haber pedido posiblemente ayuda a la fuerza pública, pero bueno es algo que debemos saber nosotros también: que si se pide un cerco de protección es por el animal y por la gente también”, sentenció.
No obstante, hay especialistas que insisten que por tratarse de fauna salvaje y su tratamiento o rescate, éste proviene del personal de la SMA y que se afirma que está capacitado para este tipo de contingencias.
Además de ello se desconoce si cuentan con el equipamiento necesario para una acción de esta magnitud, pues bajar a un oso estresado de un pino y capturarlo para trasladarlo a su resguardo y luego liberarlo en su hábitat en una serranía es una tarea complicada.
En este aspecto la duda continúa en el sentido de, si a los supuestos rescatistas de Medio Ambiente se les llamó la atención, se les sancionó por posible negligencia, descuido u omisión de cuidados, a lo que se le suma que ni siquiera las agrupaciones ambientalistas o de defensa de los animales interpusieron queja o denuncia alguna.

MUERTE A PERROS
Otros dos casos fueron por agresión a animales relacionados con dos canes.
El primero de ellos aconteció en julio en Saltillo y relacionado con un sujeto y una mujer a quienes se señaló como descuartizadores de perros.
Luego de la denuncia por parte de una asociación de defensa de los animales el expediente se judicializó y actualmente continúa la investigación con los dos imputados detenidos y quienes pudieran obtener varios años de cárcel si se les comprueba el haber dado muerte a varios perritos.
El caso, bajo el expediente 1542/2022 en el Centro de Justicia Penal, según aportaciones testimoniales fue cometido por ambas personas bajo los influjos de tóxicos en el sector conocido como barrio de Santa Anita.
Como resultado de la indagatoria, uno de ellos fue presentado ante un juez de control quien le imputó los cargos por el delito de violencia contra los animales.
Mientras que el segundo hecho fue relativo a una perra que recién había dado a luz sus cachorros y fue agredida presuntamente a cuchilladas por un sujeto en la colonia González Cepeda.
A consecuencia de las heridas, tras los cuidados veterinarios la mascota de la raza pequeña murió, circunstancia que trascendió también por redes sociales.
Pasados unos días, diversas asociaciones locales hicieron una marcha pacífica por el bulevar Venustiano Carranza para llamar la atención de las autoridades y ciudadanía e imponer la sanción y pena al presunto agresor quien se resguardaba en su casa y resultaba imposible capturarlo para que respondiera por su delito.
A ambos casos la Fiscalía General del Estado da seguimiento, uno en estos días continuará con la audiencia ante un juez a fin de establecer el juicio o llegar a un acuerdo reparatorio, el otro sigue su marcha y también podría ser judicializado.

APLICAR LA LEY
Semanas después, a finales de agosto y con por lo menos cuatro casos documentados de maltrato y deceso animal en la entidad, la diputada Claudia Rodríguez Márquez urgió a investigarlos, aplicar la ley y sancionar a los responsables.
Después de comentar que el llamado es a la autoridad para que investigue, apliquen la ley y se castigue este tipo de conductas, la legisladora por el Partido Verde Ecologista de México para La Laguna comentó que el llamado también es a las asociaciones ambientalistas y la ciudadanía a que denuncien el maltrato animal.
Sobre los diferentes casos, la diputada del partido ecologista sostuvo que, aparte de realizar la investigación, para todos los casos “merecemos una respuesta pues es una obligación que como autoridad tienen”.
“En el caso de la osa de Castaños es una clara falta de conciencia ciudadana, ahí no podemos culpar a la autoridad, pero si está pasando un hecho de este tipo la autoridad tiene que entrar y dar respuesta, por ello creo que sí va en conjunto”.
“Además, en muchos de los casos la autoridad hace caso omiso, sí trabaja, sí hace algo al respecto, pero no nos informan ni a la ciudadanía, nos quedamos con la idea de que no pasó nada ni hicieron nada”.
Por eso insistió con que hace falta capacitación a la Policía de Castaños en este caso, “porque este tipo de incidentes engloba muchas cosas y la autoridad tiene la obligación de darnos respuesta”.
Por su parte el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, declaró que en el caso específico donde murió la osa en Castaños la carpeta se integraba entonces en la región Centro y fue a partir de una nota periodística que se inició de oficio por el impacto social que implicó.
Aunque hasta aquella fecha no se contaba con una denuncia formal pues era reciente el incidente, el funcionario expresó que “ya hay una lista de personas que comparecerán por crueldad animal y habría que ver el grado de participación de los elementos policíacos que presenciaron el hecho para fincar la responsabilidad”.

INCREMENTA AGRESIÓN
A principios de septiembre la FGE emitió un informe que encendió la alarma entre la población relacionada con maltrato y trato digno a los animales.
Entre 15 y 20 carpetas de investigaciónpor maltrato animal ha abierto la Fiscalía Coordinación Sureste en lo que va del año, reveló el titular Everardo Lazo Chapa.
Enfatizó que le problemática va desde daño mínimo hasta casos con fatales consecuencias, como el deceso de la perrita en Saltillo o la osa en Castaños.
Además, y mientras la Coordinación Centro de la Fiscalía General del Estado termina la investigación relativa a la osezna que un grupo de personas diera muerte en Castaños, en la región Sureste son pocas las carpetas de investigación que se han abierto sobre maltrato animal.
Ante ello Lazo Chapa resaltó que, pese a que todas estas carpetas indagatorias se han podido llevar a procedimiento ante un juez, en muchas no se ha podido llegar a una instancia de sentencia y pena contra una persona que haya maltratado o matado a un animal debido, entre otras cosas, a que la ley prevé el acuerdo de reparación del daño.
Después de mencionar que son las asociaciones civiles las encargadas de hacer las denuncias de este tipo de delitos donde en su mayoría llegan a un trato con las personas que cometieron un ilícito de este tipo, Lazo precisó que es en “los acuerdos reparatorios donde los inculpados se hacen cargo de los servicios veterinarios, además de realizar una aportación a dichas asociaciones para la manutención de perros que ellos rescatan”.
“Hasta el momento no”, insistió el funcionario respecto de posibles sentencias por maltrato animal. “Se han iniciado, se han judicializado y han llegado a acuerdos reparatorios de suspensiones condicionales, pero al momento no hemos llegado a una instancia donde se otorgue la sentencia y pena por este concepto”.
No obstante, aclaró que la FGE no cobran multas, sino que es a base de aportaciones que se puedan hacer a las asociaciones por concepto de los gastos que se erogaron por las lesiones que ocasionaron a los animalitos.
Everardo Lazo asimismo recordó el caso de “Canela” la perrita que fuera lesionada a cuchilladas y que después dejara de existir en hechos en la zona Centro de Saltillo hace unas semanas a manos de una persona que se encontraba bajo los influjos de las sustancias tóxicas “como el penúltimo caso grave que se ha tenido y donde se mantiene al sujeto en prisión preventiva bajo proceso judicial”.
“Ello además de la pequeña osa que fue atada y asfixiada por habitantes de la colonia Santa Cristina en el municipio de Castaños”, eventualidad en la que participaron cuatro adultos por lo menos, unos tres menores de edad y cinco policías municipales quienes presenciaron el delito, impotentes para controlar la situación.

OSA MUERTA
Sobre el incidente de la osa en Castaños la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por tratarse de una especie protegida a nivel federal y la Secretaría de Medio Ambiento (SMA) por tratarse de violencia contra los animales, instancia que en esta ocasiónemprendió la denuncia ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Coahuila (PROPAEC) para iniciar la indagatoria.
Semanas después y con el expediente armado ante un juez fueron presentados los imputados, varios adultos, mientras que a los menores que habían participado en el suceso, al parecer tres, se les fincó responsabilidad.
Vinculación a proceso por el delito de agresión y muerte animal a los adultos y a los menores sanción mediante un apercibimiento público; mientras que los policías según trascendió su misma dirección los suspendió temporalmente por comprobárseles su omisión y negligencia de actuación para someter al orden a los imputados.
RESARCIR DAÑO
Al respecto y un día antes de que los agresores de la pequeña osa fueran presentados ante el juez de la causa penal en el Centro de Justicia de la Región Centro de la entidad el procurador de Protección al Ambiente de Coahuila brindó una explicación durante una entrevista a medios.
Inclusive reconoció que estas tres personas enfrentarían dos procesos penales por cargos ante la PROPAEC en lo local por maltrato animal y tentativa de homicidio, y ante la PROFEPA en el ámbito federal por ser una especie protegida el oso.
Javier de Jesús Rodríguez Mendoza destacó que la PROPAEC presentó las pruebas “ante el Ministerio Público en Monclova y se aplique el delito de maltrato animal en este caso”.
“Los policías municipales no participaron en si en el maltrato más, sin embargo, sí existe una omisión en que no cumplieron con la ley, ellos lo que justifican fue que eran cuatro elementos contra 20 personas y decidieron no intervenir, lo cual se clasifica como una omisión”, añadió.
Expresó que la investigación se enderezó contra cierto número de personas por participar en las ataduras de la osa y por maltrato animal, mientras que otras tres que sí por participar en someterla mediante una soga al cuello que fue lo que le dio muerte.
“Estas tres personas identificadas como las que le dieron muerte serán las que serán imputadas y enfrentarán la ley”.
Por lo que se refiere a la postura ciudadana de endurecer las leyes, el procurador ambiental indicó que: “Siento que los reglamentos están y la aplicación de la justicia existe, sin embargo, hay demasiados criterios por establecer en cuanto al maltrato hacia los animales”.
Derivado de ello afirmó que “la ley es clara y creo que no es necesario incrementar las penas, lo que debe hacerse es aplicarla solamente, aunque no todos los casos de agresión hacia la fauna terminan como quisiéramos, lo que sí debe hacerse es contar con jueces especializados en medio ambiente”.
Después de informar que la PROPAEC tiene tres carpetas abiertas relacionadas con maltrato animal, un perrito que mataron en Piedras Negras hace dos años y continúa abierto porque la persona culpable está sustraída del alcance de la Fiscalía. La perrita que en Saltillo acababa de dar a luz y fue muerta también y este de la pequeña osa en Castaños, Rodríguez Mendoza dijo que de maltrato animal no ha habido casos que terminen en pena, “hay investigaciones abiertas, sí, pero ninguna ha concluido con pena de cárcel”.
“Muchos de los casos de maltrato animal que se remiten al MP para clasificarse como delito penal terminan en sanción administrativa, lo que significa una reposición, por ejemplo, del daño para el dueño, cubrir con los gastos médicos del animal y donar alimento a grupos protectores de animales”, especificó.
Luego precisó que las leyes ambientales “no están hechas para recaudar dinero en multas de los agresores de animales, queremos crear una conciencia de que ya no exista más maltrato”.
Y aclaró que las sanciones que ha proporcionado la PROPAEC en maltrato animal son de diversa índole, “ninguna con cárcel, pero llevamos unas ocho en lo que va del año”.

Respecto de la osita de Castaños, a la fecha el caso continúa su marcha en el juzgado y, de acuerdo con la ley, en lo local, podrían ser sentenciados a un máximo de 12 años de prisión y multa hasta de 962 mil 200 pesos, de acuerdo con el valor de la UMA este año, por ser culpables de ataque y muerte de un animal.
A ello se sumará la judicialización del suceso ante la federación por maltrato y muerte de una especie protegida como el oso negro.
Aunque no especifica pena de cárcel la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Coahuila dice en su Artículo 89, del Capítulo Segundo de las Infracciones y Sanciones, que las infracciones se sancionarán por la autoridad correspondiente con multas de veinticinco a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Que ello será independientemente de la responsabilidad penal o civil que corresponda conforme a la legislación estatal vigente, por lo que habría que sumarle un máximo de 12 años de prisión por homicidio, en este caso dar muerte al animalito.
No obstante que es la misma legislación la que les otorga el beneficio de reparar el daño pues a través del Artículo 90 dicta que, para imponer las sanciones la autoridad considerará la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, la intención con la cual fue cometida la falta y los antecedentes, circunstancias y situación socioeconómica del infractor.
Por si esto no fuera poco y a pesar de que se cuestiona el actuar de las autoridades, además del beneficio que la ley les brinda a los agresores para resarcir el daño, diversas asociaciones civiles protectoras de animales insisten en endurecer las penas.
Pero es la misma autoridad, sobre todo los diputados quienes afirman que no es necesario modificarlas, pues las leyes son las adecuadas.
Por ello las autoridades se enfocan más en fomentar la cultura del cuidado animal, la denuncia y que todos respetemos a los animales de casa y salvajes.
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