San Luis Potosí, 05/10/26 (Más).- Maestras y maestros de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigieron justicia por el asesinato de la docente Nedi Edith Nevárez González, ocurrido en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, y demandaron la creación de leyes que protejan al magisterio ante hechos de violencia.
El gremio realizó un minuto de aplausos en memoria de la profesora durante una ceremonia de reconocimiento a docentes de nivel primaria en San Luis Potosí, donde el caso de la maestra coahuilense fue recordado por integrantes del sindicato.
Nevárez González fue asesinada al interior de la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el Ejido La Unión, municipio de Torreón. De acuerdo con los datos proporcionados, en el hecho estuvieron involucrados dos exalumnos.
Durante la ceremonia, la secretaria general de la sección 52 del SNTE, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, señaló que ningún docente debe encontrarse en una situación similar y planteó la necesidad de establecer un marco jurídico que otorgue protección a las y los trabajadores de la educación.
La dirigente sindical informó que la dirigencia nacional del SNTE, encabezada por Alfonso Cepeda Salas, presentó una iniciativa federal orientada a proteger a la comunidad escolar frente a agresiones mortales y hechos de violencia extrema.
Guerrero Milán indicó que, en caso de que la propuesta sea aprobada a nivel nacional, se buscará impulsar su réplica y armonización en San Luis Potosí, con el objetivo de establecer medidas de protección para el personal educativo.
Durante su intervención también señaló otro problema que, de acuerdo con el sindicato, afecta al magisterio: las denuncias falsas contra profesores. Mencionó que estas pueden ser promovidas por alumnos, padres de familia o incluso otros docentes, además de señalar los retos virales difundidos en redes sociales que buscan exhibir o desprestigiar al personal educativo.
La secretaria general cuestionó que, ante una denuncia, algunos profesores sean removidos de manera inmediata de sus centros de trabajo antes de que se determine si existe responsabilidad. Según expuso, estas medidas pueden afectar su trayectoria profesional y estabilidad laboral.
Por ello, demandó que se garantice el debido proceso y planteó que, cuando una investigación determine responsabilidad, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley, mientras que en los casos en que se acredite la inocencia se garantice la reinstalación inmediata y la restitución de los derechos laborales.
Finalmente, Guerrero Milán llamó a garantizar el funcionamiento de los Comités Escolares de Seguridad y Convivencia en todas las escuelas del estado. Señaló que estos organismos deben contar con la participación de madres y padres de familia, directivos y autoridades para prevenir, atender y responder de manera inmediata ante hechos de violencia dentro y fuera de los planteles.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.