Nueva York, 05/01/26 (Más).- El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal en la que sostiene que el régimen de Nicolás Maduro colaboró activamente durante años con cárteles mexicanos como Los Zetas –hoy transformados en el Cártel del Noreste– para facilitar el tráfico internacional de cocaína.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, altos funcionarios venezolanos, militares y operadores logísticos participaron en una red transnacional que convirtió a Venezuela en un eje estratégico del narcotráfico hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.
La información, divulgada por Infobae, detalla que esta alianza criminal permitió el envío de toneladas de cocaína bajo protección oficial.
La estructura, que comenzó a operar al menos desde 1999, integró a grupos armados como las FARC y el ELN en Colombia, además del Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
El documento judicial acusa directamente a figuras del entorno más cercano a Maduro, entre ellas Cilia Flores, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y su hijo, Nicolás Maduro Guerra.
Uno de los señalamientos más contundentes señala que entre 2003 y 2011, mientras Cabello ocupaba cargos clave en el gobierno, se organizaron envíos marítimos con cargamentos que alcanzaban hasta 20 toneladas de cocaína desde puertos venezolanos hacia México, con destino final en Estados Unidos. Estos cargamentos eran recibidos por Los Zetas bajo protección oficial venezolana, lo que incluía desde militares de alto rango –identificados como “los generales” – hasta funcionarios del aparato civil.
El texto también documenta el uso sistemático de recursos del Estado venezolano para facilitar estas operaciones ilícitas. Entre las prácticas comunes, se menciona la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, vuelos encubiertos, encubrimiento de operaciones financieras, así como el uso de empresas estatales para el lavado de dinero. Se estima que hasta 250 toneladas de cocaína pasaban anualmente por Venezuela para ser enviadas a través de rutas marítimas y aéreas controladas por cárteles mexicanos.
En uno de los episodios más reveladores, las investigaciones de la DEA identificaron a los sobrinos de Maduro y Cilia Flores, Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, organizando envíos de droga desde el hangar presidencial del aeropuerto de Caracas. Las grabaciones registradas mostraron cómo los familiares presumían tener acceso directo a instalaciones oficiales y respaldo institucional para movilizar cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos.
El expediente describe un esquema de corrupción institucionalizado en el que los beneficios del narcotráfico fluían desde las bases militares hasta las cúpulas del poder. Cuando se interceptaba algún cargamento, los operadores venezolanos respondían con el pago de sobornos millonarios para garantizar el silencio y evitar consecuencias legales.
A partir de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó oficialmente al Cártel del Noreste como una organización terrorista extranjera, lo que refuerza la gravedad de los vínculos entre este grupo y el régimen venezolano. El documento judicial concluye que el sistema instaurado bajo Maduro estableció “una espiral de corrupción alimentada por el narcotráfico”, donde el poder político y militar se subordinó al crimen organizado para sostenerse.
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