Guadalajara, Jalisco, 16/11/26 (Más).- La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, ocurrida el 15 de noviembre en un hospital de Guadalajara, vuelve a colocar bajo revisión uno de los episodios más controvertidos de la historia del narcotráfico en México: los presuntos vínculos entre la organización criminal y funcionarios del gobierno federal durante la década de 1980, entre ellos Manuel Bartlett Díaz, quien se desempeñaba como secretario de Gobernación durante el gobierno de Miguel de la Madrid.
De acuerdo con información de archivos desclasificados del gobierno estadounidense, testimonios judiciales y documentos relacionados con la investigación del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, recopilados por medios nacionales, agencias de Estados Unidos mantuvieron sospechas sobre una posible colaboración de Bartlett con integrantes del Cártel de Guadalajara. Sin embargo, estos señalamientos deben distinguirse de hechos acreditados mediante sentencias judiciales, ya que Bartlett ha rechazado las acusaciones y no se presenta en la información disponible una condena penal en su contra por esos presuntos vínculos.
La trayectoria de Félix Gallardo estuvo ligada a la formación de una estructura criminal que operó durante las décadas de 1970 y 1980. Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, encabezó el Cártel de Guadalajara, organización que concentró rutas de trasiego de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos y estableció relaciones con grupos colombianos dedicados al tráfico internacional de drogas.
Félix Gallardo había sido agente de la Policía Judicial de Sinaloa y escolta del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Sus antecedentes en corporaciones policiales y sus relaciones con funcionarios le facilitaron establecer contactos que, de acuerdo con investigaciones sobre el periodo, contribuyeron al crecimiento de su organización. Una de las instituciones señaladas por su presunta colaboración con los narcotraficantes fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
En ese periodo, Bartlett Díaz encabezaba la Secretaría de Gobernación, mientras José Antonio Zorrilla Pérez dirigía la DFS. Esta dependencia ha sido señalada por proporcionar protección institucional, información, credenciales y facilidades operativas a integrantes del narcotráfico. La relación jerárquica de la DFS con Gobernación constituye uno de los elementos centrales de las investigaciones periodísticas que han examinado la posible responsabilidad de altos funcionarios en los mecanismos de protección al Cártel de Guadalajara.
Uno de los principales elementos documentales sobre los señalamientos contra Bartlett se encuentra en el expediente judicial United States v. Zuno-Arce, identificado con el número CR 87-422, tramitado ante la Corte Federal del Distrito Central de California. Durante el proceso, los exintegrantes de corporaciones policiales Jorge Godoy López y René López Romero declararon sobre reuniones en las que, según sus testimonios, participaron integrantes del cártel y funcionarios mexicanos.
Las declaraciones incluyeron referencias a encuentros realizados en el Hotel Las Américas y en domicilios particulares de Guadalajara. En una de esas reuniones, celebrada en octubre de 1984, los testigos ubicaron a Bartlett, al gobernador de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo, al secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, y al entonces director de Interpol México, Miguel Aldana Ibarra, junto con integrantes de la organización criminal. Las reuniones habrían tenido como propósito discutir las consecuencias de los operativos contra los sembradíos de marihuana y las actividades de la DEA.
El testimonio de López Romero también incluyó una referencia a la residencia de Lope de Vega 881, inmueble donde Camarena fue retenido y torturado después de su secuestro. El exagente policial aseguró que la noche del 7 de febrero de 1985 estuvieron presentes varios funcionarios y dirigentes criminales, entre ellos Bartlett y Félix Gallardo, y atribuyó al entonces secretario de Gobernación una conversación con Caro Quintero sobre la resolución de otros problemas.
No obstante, el expediente judicial también contiene elementos que cuestionan la credibilidad de esos testimonios. En una resolución de 1998, la Corte Federal examinó las objeciones de la defensa de Rubén Zuno Arce y documentó que los declarantes habían recibido inmunidad, apoyo económico y facilidades para establecerse en Estados Unidos. Además, señaló que la supuesta presencia de Bartlett en la residencia de Lope de Vega la noche del secuestro estaba contradicha por información que lo ubicaba en la Ciudad de México. Por ello, las declaraciones deben considerarse testimonios presentados en un proceso contra Zuno Arce y no una sentencia condenatoria contra Bartlett.
Otro elemento que reactivó las investigaciones fue la publicación, el 25 de septiembre de 2024, de un memorando elaborado en marzo de 1986 por la Embajada estadounidense en México y dirigido al director del FBI. El documento fue obtenido mediante solicitudes de acceso a la información y desclasificado el 12 de agosto de ese año. De acuerdo con el reportaje de los periodistas Juan Alberto Cedillo, Ieva Jusionyte e Ioan Grillo, el memorando registró sospechas de agencias estadounidenses sobre una posible relación de Bartlett con actividades de protección al narcotráfico.
El documento, parcialmente censurado, refiere que una fuente confidencial había realizado señalamientos sobre el político mexicano y que la oficina del FBI en México mantenía fuertes sospechas sobre la posible extensión de los mecanismos de protección a Bartlett. Sin embargo, las partes testadas impiden conocer todos los elementos que dieron origen a esas afirmaciones, por lo que el memorando representa un registro de sospechas de inteligencia y no una determinación judicial sobre su responsabilidad.
Tras la publicación, Bartlett respondió mediante una carta difundida el 27 de septiembre de 2024, en la que rechazó las acusaciones y calificó los señalamientos como especulaciones y calumnias. Sostuvo que el memorando se apoyaba en información de una fuente anónima cuya confiabilidad no estaba acreditada y cuestionó los testimonios de exintegrantes de corporaciones policiales que declararon en los procesos estadounidenses. También negó haber participado en reuniones relacionadas con el secuestro y asesinato de Camarena.
Paralelamente, el asesinato del agente estadounidense tuvo consecuencias institucionales para México. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue interceptado cuando salía de las instalaciones consulares estadounidenses en Guadalajara. Su captura ocurrió después del operativo militar realizado en noviembre de 1984 en el Rancho El Búfalo, Chihuahua, donde fueron destruidas extensas plantaciones de marihuana atribuidas a Caro Quintero. El agente fue trasladado a una propiedad de la calle Lope de Vega, donde fue sometido a torturas durante más de 30 horas.
El 5 de marzo de 1985 fueron encontrados los cuerpos de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en una zona rural de Michoacán. El crimen provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos y dio origen a la Operación Leyenda, investigación encabezada por la DEA para identificar y procesar a los responsables. Los registros históricos de la agencia estadounidense documentan que las indagatorias permitieron establecer la relación de varios integrantes del Cártel de Guadalajara con el secuestro y homicidio.
La crisis también contribuyó a la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad en 1985, institución cuyos mandos fueron objeto de investigaciones por presuntos nexos con organizaciones criminales. Ese mismo año fueron detenidos Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, mientras Félix Gallardo permaneció prófugo hasta abril de 1989, cuando fue capturado en Guadalajara.
Después de su detención, la estructura del Cártel de Guadalajara se fragmentó y sus principales operadores desarrollaron organizaciones independientes. De ese proceso surgieron estructuras criminales vinculadas con los territorios de Sinaloa, Tijuana y Ciudad Juárez, que posteriormente adquirieron relevancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en la disputa por las rutas nacionales.
Miguel Ángel Félix Gallardo permaneció encarcelado durante más de 37 años. Enfrentaba dos sentencias que sumaban 77 años de prisión: una de 40 años por delitos relacionados con narcotráfico y armas, y otra de 37 años por el secuestro y homicidio de Camarena y Zavala. Aunque su defensa promovió diversos recursos para obtener prisión domiciliaria por su edad y condiciones de salud, permaneció bajo custodia penitenciaria hasta su hospitalización.
La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que Félix Gallardo murió el 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, en un hospital privado de Guadalajara, después de haber sido trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande. El reporte oficial atribuyó el fallecimiento a una falla orgánica múltiple.
Su muerte cierra la trayectoria de uno de los principales fundadores del narcotráfico organizado en México, pero no elimina las interrogantes históricas sobre las relaciones entre las organizaciones criminales y las estructuras gubernamentales durante los años ochenta. Los testimonios judiciales, los documentos desclasificados y las respuestas de los funcionarios señalados mantienen abierta la discusión sobre el alcance de la protección institucional al Cártel de Guadalajara y el papel que habrían desempeñado integrantes del aparato de seguridad del Estado.
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