Ciudad de México, 03/12/25 (Más).- Aunque el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales incluye más de 50 modificaciones que corrigen aspectos clave como la transmisibilidad en herencias y la relación entre tierra y agua, expertos advierten que persisten riesgos importantes: se mantiene la centralización del control en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y no se contempla un enfoque presupuestal para garantizar el derecho humano al agua.
De acuerdo con Animal Político, especialistas como Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y José Luis Luege, exdirector de la Conagua, coinciden en que sin inversión pública suficiente, la nueva ley difícilmente podrá traducirse en un acceso real y equitativo al agua. Esto cobra relevancia si se considera que el presupuesto de la Conagua para 2025 cayó 43% respecto al año anterior, pese a ser un órgano clave para ejecutar las disposiciones de la nueva legislación.
El presupuesto destinado a Conagua en 2025 será de poco más de 37 mil millones de pesos, lejos de los más de 65 mil millones que manejó en 2024, y muy por debajo del máximo alcanzado en 2015 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El dictamen legal no incluye mecanismos para incrementar el financiamiento. El artículo transitorio respectivo solo menciona que las erogaciones deberán ajustarse a los presupuestos ya aprobados por la Cámara de Diputados, lo que limita la capacidad de implementar mejoras reales en infraestructura hídrica, mediciones y mantenimiento.
Luege fue enfático: “Aprobando la ley no va a pasar absolutamente nada”, ya que el problema no es normativo sino presupuestal. De forma similar, Ocampo señaló que sin inversiones no se resolverá la falta de monitoreo y medición que afecta al sistema hídrico nacional.
El nuevo dictamen refuerza el control de la Conagua al eliminar la facultad de los 13 organismos de cuenca regional para otorgar concesiones o reasignar volúmenes de agua. Toda reasignación deberá pasar por la autorización de la “Autoridad del Agua”, centralizada en la estructura nacional de la Conagua, lo que, según los expertos, incrementa el riesgo de discrecionalidad y resta eficiencia operativa al ignorar las realidades hídricas locales.
Para Ocampo, el modelo actual permitía decisiones más ajustadas a las necesidades regionales. La nueva ley, en cambio, impone un esquema vertical que dificulta el entendimiento territorial de los problemas del agua. Esta demanda de descentralización también ha sido impulsada por organizaciones campesinas y colectivos como Agua para Todos, que proponen sustituir los Consejos de Cuenca por órganos con amplia participación ciudadana.
Entre los aspectos positivos del dictamen, Ocampo reconoce que se corrigieron omisiones relevantes en la versión anterior. Se reincorpora la posibilidad de heredar concesiones de agua dentro de procesos sucesorios, y se refuerza el llamado “binomio tierra-agua”, es decir, que el derecho al agua puede transferirse junto con la propiedad de la tierra. Esto brinda mayor certeza jurídica, especialmente a pequeños productores agrícolas.
Sin embargo, tanto Ocampo como Luege coinciden en que estas modificaciones son superficiales frente a los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia hídrica, como la sobreexplotación, el uso ineficiente del recurso y la falta de inversión sostenida.
Los expertos advierten que el dictamen, que será discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados tras su paso por comisiones, no garantiza por sí mismo el cumplimiento del artículo 4 constitucional en cuanto al derecho humano al agua. Aunque funcionarios del gobierno federal y legisladores de Morena promueven el cambio como un avance, especialistas insisten en que sin infraestructura, tecnificación y profesionalización, el acceso equitativo y sustentable al agua seguirá siendo una promesa sin cumplimiento.
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