Mexicali, Baja California, 23/06/26 (Más).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la autenticidad de un audio difundido recientemente en medios de comunicación, en el que se escucha una conversación relacionada con las gestiones realizadas para intentar recuperar la visa estadounidense que le fue revocada por el gobierno de Estados Unidos en mayo de 2025.
De acuerdo con información de Infobae, la mandataria estatal reconoció que la grabación es real, pero rechazó que las acciones descritas en la conversación hayan tenido como propósito establecer acuerdos privados o al margen de los procedimientos institucionales con autoridades estadounidenses.
Ávila Olmeda sostuvo que las gestiones emprendidas tuvieron como único objetivo solicitar una reconsideración de la decisión adoptada por el gobierno de Estados Unidos respecto a la cancelación de su visa. Indicó que todas las acciones fueron desarrolladas dentro del marco legal y con el acompañamiento de asesores especializados.
La gobernadora explicó que la conversación se produjo después de que una tercera persona se ofreciera como intermediaria para facilitar contactos relacionados con su situación migratoria.
Según su versión, decidió contratar asesoría jurídica en territorio estadounidense para analizar las opciones disponibles.
No obstante, precisó que el abogado que participaba en dichas gestiones ya no forma parte de su equipo legal y aseguró que la reunión mencionada durante la llamada telefónica nunca llegó a concretarse.
La mandataria estatal reiteró que cualquier comunicación sostenida con agencias o autoridades de Estados Unidos se ha desarrollado por vías formales y transparentes, en el marco de la cooperación institucional que mantiene Baja California con diversas dependencias del país vecino.
En el audio difundido por el periodista Héctor de Mauleó en su columna publicada por El Universal se escucha a diversos interlocutores plantear la posibilidad de organizar una reunión en instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana para abordar asuntos relacionados con eventuales sanciones o procedimientos administrativos vinculados con el caso.
Durante la conversación, Ávila Olmeda manifiesta que cualquier acercamiento debería realizarse a través de su representante legal, al considerar que era la persona con mayor conocimiento de los aspectos jurídicos involucrados en el proceso.
La gobernadora también menciona en la grabación que había sostenido reuniones con personas relacionadas con agencias estadounidenses y expresa su disposición para aclarar cualquier situación derivada de la cancelación de su documento migratorio.
Uno de los elementos que generó mayor atención tras la difusión del material fue la referencia al abogado Michael Nadler, identificado en diversas publicaciones como exfiscal federal en Florida y especialista en litigios de alto perfil.
Según la conversación, fue contratado para brindar asesoría legal debido a la naturaleza sensible del asunto.
La mención del abogado abrió nuevos cuestionamientos en torno al alcance de las gestiones realizadas para recuperar la visa estadounidense y sobre los recursos destinados a la representación legal fuera del país.
La controversia se desarrolla en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado públicamente su respaldo a la gobernadora bajacaliforniana.
En distintas ocasiones, la titular del Ejecutivo federal ha destacado el trabajo realizado por la administración estatal y ha manifestado apoyo frente a los señalamientos surgidos tras la revocación de la visa.
Incluso, un día antes de la publicación de la columna periodística que dio a conocer el audio, Marina del Pilar acompañó a la presidenta durante actividades oficiales en Mexicali relacionadas con proyectos de infraestructura energética y programas federales para Baja California.
La confirmación de la autenticidad de la grabación ha generado nuevas reacciones en el ámbito político.
Mientras sectores de oposición han solicitado mayor claridad sobre las gestiones realizadas ante autoridades estadounidenses, la gobernadora sostiene que todas sus actuaciones se desarrollaron conforme a los procedimientos legales establecidos.
El caso continúa generando debate tanto en Baja California como a nivel nacional, debido a las implicaciones políticas derivadas de la revocación de la visa y de las gestiones emprendidas posteriormente para intentar revertir dicha decisión.
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