“Los matan porque se puede”

Siete periodistas fueron asesinados en México durante 2026, entre ellos Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien había denunciado amenazas y responsabilizado públicamente a funcionarios de Oaxaca si algo le ocurría. Los casos registrados en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Nuevo León muestran un patrón de ataques contra comunicadores que investigaban corrupción, inseguridad, abusos de autoridad y vínculos con grupos criminales

Ciudad de México, 25/07/26 (Más).- El asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar elevó a siete el número de comunicadores privados de la vida en México durante 2026, en un escenario marcado por amenazas previas, fallas en los mecanismos de protección y una impunidad que permite la repetición de los ataques.

El columnista, de 60 años, fue ejecutado mientras comía, cuando se encontraba de espaldas a la calle, mediante un disparo dirigido a la cabeza que le impidió siquiera advertir la presencia de sus agresores.

De acuerdo con información publicada por El País, los siete homicidios comparten un elemento central: hasta ahora no existe justicia para las víctimas ni garantías suficientes para quienes ejercen el periodismo en zonas dominadas por intereses políticos, redes de corrupción y grupos criminales. Aunque las autoridades federales y estatales han anunciado investigaciones en cada caso, organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que las respuestas oficiales no han conseguido detener las amenazas, desapariciones, campañas de estigmatización y agresiones físicas contra integrantes de la prensa.

Mariana Suárez, coordinadora de protección de Artículo 19 en México y Centroamérica, explicó que la gravedad de la situación no puede medirse únicamente por el número de periodistas asesinados. “No hablamos solo del número de periodistas asesinados, sino de un contexto en el que persisten las amenazas, los ataques físicos, las desapariciones, las campañas de estigmatización y todo esto amparado por una impunidad que sigue enviando el mensaje de que agredir a la prensa no tiene consecuencias”, señaló.

La representante de Artículo 19 sostuvo que los crímenes no deben analizarse como hechos aislados, debido a que las víctimas habían denunciado corrupción, inseguridad, abusos de poder o irregularidades relacionadas con autoridades y particulares. “No es una suma de casos; todo esto se convierte en un patrón”, precisó. Algunos comunicadores habían recibido amenazas por diferentes medios y otros contaban con medidas oficiales de protección, pero esas acciones no evitaron que fueran localizados y asesinados.

Leyva Aguilar era autor de la columna El zumbido del Moscardón, cuyo contenido también difundía mediante videos en TikTok. En noviembre de 2025 advirtió públicamente que, si algo le ocurría a él o a su familia, responsabilizaba al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; al secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero, y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero. El periodista era conocido por sus críticas contra la administración estatal encabezada por Morena y por sus señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios, organizaciones sindicales y actividades delictivas.

En su última publicación en video, el comunicador adelantó que su columna abordaría “la permisibilidad del gobernador Salomón Jara para institucionalizar el crimen”, señalamiento que relacionó con Noé Jara, hermano del mandatario, y con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, a cuyos integrantes atribuía presuntas extorsiones. En contenidos anteriores había acusado al gobernador de tener “al narco metido hasta las narices” en su administración y también cuestionó la organización de la Guelaguetza, su afluencia y presuntos nexos entre áreas de turismo y grupos criminales.

Tras el homicidio, Salomón Jara manifestó su disposición a declarar si es convocado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Frente a las acusaciones formuladas por el periodista, respondió: “No existe ningún elemento para sostener una afirmación de esa naturaleza que pueda inculpar; la Fiscalía debe determinar responsabilidades”. Las autoridades difundieron grabaciones de los momentos previos al ataque del 22 de julio, en las que aparecen al menos tres hombres y una motocicleta. Uno de los involucrados realizó una llamada telefónica antes de que se efectuaran los disparos.

Reporteros Sin Fronteras documentó que Leyva Aguilar acudió el 14 de julio de 2025 a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para denunciar amenazas de muerte. Posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador y los otros dos funcionarios mencionados públicamente. Pese a que existían antecedentes formales sobre el riesgo que enfrentaba, el comunicador permaneció expuesto hasta el momento de su asesinato.

La violencia contra la prensa también alcanzó a Josué Martínez Contreras, conocido como “El Jaguar”, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan. El comunicador, abogado y académico de 39 años fue asesinado el 16 de julio en Puebla, frente a su madre y a su hijo de 13 años, quien llamó a los servicios de emergencia. Hombres que viajaban en una motocicleta le dispararon cerca de su domicilio y escaparon antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Martínez Contreras cubría asuntos relacionados con seguridad, servicios públicos y administración municipal. Meses antes había denunciado tomas clandestinas de agua potable y falta de transparencia en el manejo de los recursos recaudados por ese servicio. En un video relató que autoridades municipales y personal de la Comisión Nacional del Agua acudieron a su casa para acusarlo de adeudos, a pesar de que contaba con comprobantes de pago. El periodista aseguró que terminó pagando una “multa” de 6,000 pesos y afirmó: “El meollo de todo este asunto es que no los dejamos hacer un negocio jugoso para llevarse al agua […] Lo que quieren es quitarme, hacerme a un lado”.

El comunicador concluyó aquella grabación con una declaración que posteriormente adquirió un sentido trágico: “Recuerden que más vale morir con la fuerza del pueblo que morir de rodillas. Eso se los digo: vamos a luchar por nuestro pueblo y por nuestro municipio”. Dentro de las investigaciones por su asesinato fue detenido Javier Montalvo, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, acusado de intentar sobornar a policías que indagaban el homicidio.

Otro de los casos es el de Manuel Alejandro Mora Serna, creador de contenido periodístico conocido como “Alex Serna”, quien documentaba problemas ambientales, gestión del agua y posibles hechos de corrupción en Zihuatanejo, Guerrero. Con una cámara recorría zonas apartadas para mostrar construcciones que afectaban cauces, daños ecológicos y presuntas irregularidades cometidas por empresarios, autoridades o integrantes de organizaciones criminales. Sus reportajes identificaban directamente a las personas que consideraba responsables.

En marzo, Serna difundió la captura de una amenaza de muerte que habría recibido de un familiar de la alcaldesa de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, a quien señalaba regularmente por presuntos actos de corrupción. El Comité para la Protección de los Periodistas informó que no había sido incorporado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su última publicación apareció el 20 de junio y posteriormente su familia denunció su desaparición. El 3 de julio, autoridades de Guerrero confirmaron el hallazgo de su cuerpo, el cual, según reportes de medios locales, presentaba huellas de tortura.

Veracruz concentra tres de los siete homicidios registrados durante el año. El primero ocurrió el 8 de enero en Poza Rica, donde fue asesinado Carlos Leonardo Ramírez Castro, director de Código Norte Veracruz. El periodista, de 26 años, cubría hechos policiales, denuncias ciudadanas y acontecimientos sociales. Desde 2024 había contado con medidas de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, luego de recibir amenazas e intimidaciones atribuidas a policías municipales, pero la protección concluyó meses antes de su muerte.

Los responsables grabaron y difundieron el asesinato de Ramírez Castro, una acción interpretada como muestra del control y la impunidad con que operan los grupos criminales en la región. Durante el día de su funeral desaparecieron Wendy Arantza Portilla Ramos, pareja del periodista, y su amiga Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, ambas de 23 años. Las dos jóvenes continúan sin ser localizadas, mientras las autoridades han girado órdenes de aprehensión relacionadas con la investigación del homicidio.

Cinco meses después, también en Poza Rica, fue ejecutado Luis Ángel López Valdez, reportero de 29 años y colaborador de Vanguardia de Veracruz. El comunicador cubría información policial, era ingeniero y participaba en Cruz Ámbar, organización dedicada a emergencias médicas, rescate y protección civil. También contaba con medidas de protección después de haber denunciado amenazas y hostigamiento. Una línea de investigación se relaciona con una denuncia presentada por el reportero contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El 2 de junio, la periodista Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, registró el momento en que hombres encapuchados irrumpieron en su domicilio de Nanchital y se la llevaron por la fuerza. Sus restos fueron encontrados el 3 de julio. Las investigaciones derivaron en la detención de ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. La fiscalía estatal solicitó al Congreso de Veracruz retirar el fuero al alcalde de ese municipio, a quien acusa de ordenar el secuestro y asesinato porque la periodista tenía una fotografía en la que aparecía portando un arma larga.

En Nuevo León, Juan David Gámez, director del portal Táctica SS, fue asesinado a tiros en el municipio de García. El comunicador informaba sobre narcotráfico, corrupción, robos, operativos, secuestros, hallazgos de cuerpos y ataques armados. Mantenía en reserva sus datos personales y su imagen, una decisión que mostraba los riesgos relacionados con su cobertura. Dos días antes de morir publicó una pregunta que resumía el ambiente de intimidación: ¿Por qué en Nuevo León no podemos hacer periodismo de investigación sin recibir amenazas?

Artículo 19 ha identificado que 55 por ciento de las agresiones contra periodistas se dirige a quienes investigan corrupción y política. Otro 24 por ciento afecta a comunicadores que cubren seguridad y justicia, mientras que 12 por ciento corresponde a periodistas especializados en derechos humanos. El resto de las agresiones se vincula con investigaciones sobre el sector privado, la tierra y el territorio.

Para Mariana Suárez, la explicación de los asesinatos se encuentra en la falta de consecuencias para los responsables. “Es una pregunta dolorosa, es una pregunta que indigna y que duele mucho. Es una pregunta que en Artículo 19 nos hacemos constantemente. Y tal vez escucharán a otros colegas decir esto mismo que voy a contestar: En México se mata a periodistas porque se puede. ¿A quién me refiero con esto? A la impunidad”, declaró.

La organización sostiene que la falta de justicia no solamente deja sin castigo los crímenes ya cometidos, sino que facilita nuevos ataques al demostrar que quienes amenazan, secuestran o asesinan periodistas pueden actuar sin enfrentar sanciones. Mientras las investigaciones no esclarezcan responsabilidades intelectuales y materiales, las medidas de protección continúen fallando y las denuncias previas no produzcan acciones efectivas, ejercer el periodismo en México seguirá siendo una actividad de alto riesgo, especialmente para quienes revelan redes de corrupción, abusos de autoridad y vínculos con el crimen organizado.