REDACCIÓN / IA
Ciudad de México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no serán afectados los derechos de los trabajadores, pero esto ha desencadenado una serie de protestas y el anuncio de amparos. A pesar de su posición, especialistas y partidos de oposición han expresado su preocupación en sentido contrario.
Los fideicomisos son herramientas financieras utilizadas por instancias públicas o privadas para resguardar fondos destinados a propósitos específicos. Estos fondos, mientras no se gasten, generan rendimientos. Hasta el segundo trimestre de 2023, se han reportado 178 fideicomisos vigentes, 138 en operación y otros 40 en proceso de extinción.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, estos fideicomisos se financian con recursos aprobados por el Congreso y ofrecen una ventaja importante: si no se utilizan, los recursos se quedan en reserva, lo que permite un mayor control de los recursos independientemente de los cambios políticos y las discusiones presupuestarias anuales.
La iniciativa de Morena tiene como objetivo la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial, incluyendo aquellos relacionados con pensiones «complementarias» para funcionarios públicos. Estos fideicomisos reciben financiamiento a partir de recursos provenientes de los fideicomisos. Específicamente, se busca eliminar tres fideicomisos relacionados con pensiones complementarias para mandos superiores, mandos medios y personal operativo, así como magistrados y jueces jubilados. Más de la mitad de los recursos que se pretenden eliminar están enfocados en pensiones, y el fideicomiso de mandos superiores es el que cuenta con menos recursos.
A pesar de que estas pensiones se consideran «complementarias», la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha argumentado que no son prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que desde la creación de estos fideicomisos se estableció que su entrega no sería obligatoria ni permanente.
Expertos en derecho constitucional han advertido que eliminar estos fideicomisos podría ser considerado como una aplicación retroactiva de la ley, lo que afectaría los derechos de los trabajadores, lo que está prohibido por el artículo 123 de la Constitución. La SCJN ha registrado beneficiarios en estos fideicomisos, y la extinción de los mismos podría afectar la implementación de reformas constitucionales y, por lo tanto, los compromisos del Estado mexicano.
Morena también busca eliminar el fideicomiso del Consejo de la Judicatura Federal para el Desarrollo de Infraestructura, que financia la implementación de reformas constitucionales y legales. La extinción de este fideicomiso afectaría directamente la implementación de reformas y compromisos del Estado.
Por otro lado, existe un fideicomiso destinado al mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces para garantizar que estos funcionarios judiciales no establezcan relaciones comerciales para obtener viviendas que podrían estar relacionadas con casos judiciales. La iniciativa de Morena menciona que la SCJN utiliza solo una fracción mínima de los recursos de estos fideicomisos anualmente y sigue recurriendo al presupuesto.
A pesar de la preocupación por la opacidad en el uso de fideicomisos, expertos han señalado que la mejor opción sería mejorar los mecanismos de transparencia en lugar de eliminarlos. Organizaciones especializadas han expresado su desacuerdo con procesos arbitrarios de extinción de fideicomisos públicos sin una evaluación rigurosa. También han destacado la preocupación por el impacto en la independencia del Poder Judicial.
La iniciativa de Morena ha sido criticada por legisladores de oposición, quienes argumentan que busca castigar al Poder Judicial y afectar su autonomía en respuesta a sus resoluciones relacionadas con reformas del gobierno actual.
Con información de Animal Político
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