La FGR negó contar con pruebas directas para relacionar a los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna con muertes ligadas al caso de contrabando de combustibles. Aunque ambos siguen bajo indagatoria federal, la dependencia sostuvo que cualquier señalamiento debe probarse formalmente
Ciudad de México, 23/05/26 (Más).- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el viernes que existan pruebas directas que vinculen a los hermanos Farías Laguna con una serie de homicidios y muertes ocurridas en los últimos dos años alrededor de las investigaciones por huachicol fiscal, una red de contrabando de combustibles que involucra puertos, aduanas, mandos navales y funcionarios federales.
De acuerdo con información publicada por La Silla Rota, la FGR respondió a versiones periodísticas que relacionaban a Manuel y Fernando Farías Laguna con la muerte de presuntos testigos, funcionarios y elementos ligados a las indagatorias sobre tráfico ilegal de hidrocarburos. La dependencia sostuvo que no existen datos directos que permitan imputarles esos crímenes.
“La Fiscalía General de la República reitera que, hasta este momento, no se cuenta con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas”, indicó la institución encabezada por Ernestina Godoy.
Pese a la declaración oficial, el caso volvió a colocar bajo atención una cadena de muertes relacionadas con investigaciones sobre huachicol fiscal, un esquema de importación irregular de combustibles mediante puertos y aduanas del país, particularmente en Tamaulipas y Colima.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 9 de septiembre de 2025, cuando la Secretaría de Marina confirmó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora. El mando naval había sido subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima, hasta 2023.
Ese mismo día también fue reportada la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien fue encontrado sin vida en su oficina. Las autoridades señalaron inicialmente un aparente suicidio, luego de revelarse presuntos sobornos para permitir el ingreso de combustible sin declarar.
La lista incluye además al capitán Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, asesinado en mayo de 2023 apenas dos semanas después de asumir el cargo que había dejado Del Ángel Zúñiga en el puerto de Manzanillo. En aquel momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el crimen a represalias derivadas de medidas de control implementadas en la aduana.
También figura Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, asesinado tras un decomiso de casi dos millones de litros de hidrocarburo relacionado con una célula del Cártel del Golfo en Reynosa.
En noviembre de 2023 fue ejecutado en Manzanillo el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de Recaudación de Aduanas, quien previamente había denunciado una presunta red de corrupción vinculada con los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
Otro de los asesinatos relacionados con el caso fue el de Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la delegación de la FGR en Colima, atacada por sujetos armados en octubre de 2024 mientras participaba en investigaciones sobre operaciones ligadas al huachicol fiscal.
A esa serie de casos se suma el homicidio de Carlos Narváez Romero, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México, asesinado en mayo de 2024 en Ciudad de México. Narváez había buscado dirigir la institución cuando ésta pasó al control de las Fuerzas Armadas.
Actualmente, los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna continúan bajo investigación federal por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles. Manuel N enfrenta proceso judicial en México, mientras que Fernando N, excontralmirante de Marina, fue detenido en Argentina tras ingresar presuntamente con un pasaporte falso guatemalteco.
La FGR insistió en que las investigaciones continúan abiertas y subrayó que cualquier imputación deberá sustentarse con pruebas dentro de las indagatorias oficiales, en medio de uno de los expedientes más delicados relacionados con corrupción, aduanas y contrabando de hidrocarburos en los últimos años.
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