Chihuahua, Chihuahua, 28/05/26 (Más).- Durante años, decenas de hombres desaparecieron sin dejar rastro en distintas ciudades y comunidades de Chihuahua. Algunos salieron de sus casas para buscar trabajo; otros fueron enganchados en terminales de autobuses, asentamientos indígenas, colonias marginadas o incluso en oficinas donde realizaban trámites gubernamentales. Muchos nunca volvieron.
Una investigación periodística reveló que varios de ellos no habían sido asesinados ni permanecían ocultos en fosas clandestinas: estaban vivos, convertidos en mano de obra esclava al servicio del narcotráfico en la Sierra Tarahumara.
De acuerdo con la investigación periodística de Quinto Elemento Lab y el proyecto A dónde van los desaparecidos, publicada por El País, esta red de explotación operó durante años mediante un sistema de reclutamiento forzado que aprovechaba la pobreza extrema, las adicciones, el desempleo y la vulnerabilidad social de cientos de personas.
La indagatoria documenta cómo grupos criminales utilizaron engaños y amenazas para abastecer de trabajadores a los cultivos de amapola y marihuana establecidos en zonas remotas de la Sierra Tarahumara.
La magnitud del fenómeno comenzó a hacerse visible en julio de 2019, cuando autoridades estatales rescataron a 21 hombres que permanecían cautivos en un campamento clandestino ubicado en una zona montañosa del municipio de Ocampo. Los trabajadores vivían en cuevas y eran obligados a realizar labores agrícolas desde el amanecer hasta la noche bajo la vigilancia de hombres armados. Entre los rescatados se encontraba una persona que había permanecido cautiva durante casi tres años. Lo más alarmante fue que únicamente cuatro de ellos habían sido reportados oficialmente como desaparecidos.
Los testimonios recabados por la investigación permiten reconstruir un sistema de explotación que recuerda prácticas de esclavitud que parecían superadas desde hace siglos. Los hombres eran trasladados a la sierra bajo falsas promesas de empleo en ranchos ganaderos, trabajos de construcción o actividades agrícolas legales. Una vez en la región, eran incomunicados, vigilados y obligados a trabajar en plantíos de droga. Las jornadas incluían la preparación de terrenos, la siembra, la cosecha de amapola, la extracción de goma de opio, el acarreo de agua, la tala de árboles y la construcción de infraestructura para los propios campamentos criminales.
La investigación documenta que los cautivos eran sometidos a un régimen permanente de violencia física y psicológica. Los golpes con varas o culatas de armas eran utilizados para imponer disciplina. También se registraron castigos que incluían inmersiones forzadas en ríos o pozos hasta provocar asfixia parcial, privación de alimentos y amarrarlos durante días a los árboles. Algunos sobrevivientes denunciaron haber presenciado asesinatos de compañeros que intentaron escapar o que simplemente fueron castigados por los vigilantes.
La alimentación constituía otra forma de control. De acuerdo con los testimonios, los trabajadores recibían apenas dos raciones al día, generalmente sopa o frijoles. Para soportar las largas jornadas les entregaban una mezcla de harina de maíz, agua y azúcar conocida entre ellos como “loco”, un preparado destinado únicamente a evitar que desfallecieran mientras trabajaban. El hambre llegó a ser tan intensa que algunos aceptaban golpear a otros cautivos a cambio de refrescos o galletas.
Entre las víctimas hubo adolescentes indígenas rarámuris reclutados directamente en sus comunidades. Uno de ellos relató a las autoridades que fue llevado a trabajar cuando tenía apenas 17 años. Durante su cautiverio sufrió agresiones sexuales y fue testigo de ejecuciones. Su historia se sumó a la de otros sobrevivientes que describieron un ambiente de terror constante, donde la posibilidad de escapar parecía casi imposible debido al aislamiento geográfico y a la vigilancia armada.
La Sierra Tarahumara se convirtió en una prisión natural para los cautivos. Los campamentos estaban ubicados en barrancas profundas, rodeadas de montañas escarpadas, bosques densos y cañones que dificultaban cualquier intento de fuga. Quienes lograban escapar debían caminar durante días sin agua ni alimentos, sorteando precipicios y el riesgo de ser capturados nuevamente. Algunos fueron devueltos a los campamentos después de que habitantes o comerciantes de la región alertaran a los propios captores sobre su presencia.
Uno de los casos más representativos fue el de un hombre identificado con las iniciales BAR, quien desapareció en agosto de 2015 cuando acudió a realizar un trámite en la ciudad de Chihuahua. Su familia pasó casi tres años sin tener noticias de él hasta que logró escapar junto con un adolescente rarámuri. Ambos caminaron durante días por la sierra antes de encontrar ayuda y regresar a la civilización. Sus testimonios fueron fundamentales para revelar la existencia de varios campamentos similares distribuidos en la región.
Los relatos también muestran que el sistema criminal operaba como una estructura organizada. Los sobrevivientes identificaron distintos niveles de mando, familias o grupos que controlaban extensas áreas de cultivo y una logística capaz de reclutar trabajadores en diferentes municipios del estado.
Algunos jornaleros eran contratados temporalmente y recibían pago por sus labores, mientras que otros eran retenidos contra su voluntad y convertidos en esclavos. Esta diferencia permitía a los responsables ocultar la verdadera dimensión del problema y mantener una apariencia de normalidad en ciertas actividades agrícolas.
La investigación plantea además cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades. Desde años antes del rescate existían denuncias formales que describían el mismo mecanismo de reclutamiento y explotación. Incluso en 2018 se realizó un operativo en la zona donde posteriormente fueron localizados los cautivos. En aquella ocasión se encontraron cuevas e infraestructura utilizada por los grupos criminales, pero no se localizaron personas y las investigaciones no avanzaron. A pesar de las evidencias, la red continuó operando y existen reportes de nuevos casos ocurridos incluso después de 2019.
El caso también revela una faceta poco explorada de la crisis de desapariciones en México. Frente a una cifra nacional que supera las 130 mil personas desaparecidas, los testimonios de la Sierra Tarahumara sugieren que una parte de las víctimas podría permanecer viva en condiciones de explotación extrema. No se trata únicamente de desapariciones vinculadas con homicidios o entierros clandestinos, sino de personas utilizadas como recurso productivo dentro de la economía criminal.
Para muchos de los sobrevivientes, el rescate no significó el final de la tragedia. La mayoría regresó con profundas secuelas físicas y psicológicas. Algunos desarrollaron trastornos mentales, otros enfrentaron adicciones o fueron abandonados por sus familias. Varios murieron pocos años después de recuperar la libertad.
La investigación concluye que el narcotráfico aceleró procesos de marginación que ya existían previamente, aprovechándose de personas que habían sido abandonadas por las instituciones y empujadas a la vulnerabilidad por la pobreza.
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