Por Horacio Cárdenas Zardoni
Ha de ser interesante conocer cómo los poderosos pactan con los gobernantes el recibir trato de impunidad. Lo comento porque nunca, que un servidor sepa, ha habido una miniserie, una Bio Pic, o como se llamen en el momento a lo que antes eran películas y programas, en torno a ese asunto en específico, el del pacto de impunidad ¿qué es lo que se dicen, qué es lo que rebelan a cambio de lo que no rebelan, cómo y porqué es que todo lo que ocurre en esas reuniones, que seguramente es grabado con los dispositivos más sofisticados que el dinero puede comprar, solo muy rara vez se difunde?, seguro que quienes participan en esas cosas tienen su propio código, no vamos a decir de ética, pero sí de conducta, saben perfectamente que en el momento en el que uno de ellos suelte la sopa, sus socios incidentales también soltarán lo que tienen en su contra, que también es su seguro contra traiciones.
Pero no, se habla de lo que ocurre abajo, a nivel de pueblo, siempre sufrido pero que por lo mismo impresiona a las audiencias de que se trate, lo otro se maneja en forma de mensajes cifrados, de señas, de mutuos acuerdos en torno a valores entendidos, ¿hablar?, ¿firmar?, ¿dejar por escrito?, eso es cosa de ingenuos y de incautos, lo conveniente es no dejar rastro de nada, y así irla llevando, con las más altas posibilidades de jamás ser tocado con el proverbial pétalo de una rosa, y aunque lo llegaran a ser, esgrimir los argumentos incuestionables, más allá de los cuales quede claro que nos se debe pasar, so pena de que nadie quede a salvo de las revelaciones.
En ese tenor nos hallamos en torno al asunto del Servicio Médico de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una pústula en la relación entre gobierno y cierto sector de los gobernados, hasta eso no demasiado numeroso, pero que no por esto deja de ser complicado, dada la influencia que tiene o puede llegar a tener el sector magisterial en la comunidad a la que, ellos sí, pertenecen, después de todo ¿cuántos alumnos no ha tenido cada profesor a lo largo de su carrera, miles, y no solo cuentan los alumnos, sino también los padres de familia, conocidos, amistades, y otras personas, que se enteran de lo que ocurre en los centros escolares y fuera de ellos, en relación con este punto específico, el de que los profesores del sistema educativo estatal, derechohabientes del servicio médico del sindicato, pero empleados del gobierno del estado, viven con el Jesús en la boca, ante la eventualidad de caer enfermos, y verse obligados a recurrir a un sistema de salud que tiene no menos de una década de hallarse en situación de quiebra técnica, y que solo se sostiene, porque les siguen descontando a los trabajadores afiliados, de sus percepciones quincenales, un dinero que no se aplica a su salud, y que tiene los fines más distantes de lo que al trabajador y contribuyente forzado le interesa.
La nota aparecida en la prensa saltillense la semana pasada no tiene ninguna novedad, como no sea la actualización de los datos. Se habla de un quebranto, bueno no con ese nombre, sino de irregularidades u observaciones no satisfechas por una cantidad de 873 millones de pesos. No es difícil imaginar que una institución que debe esa suma, está en condiciones pobrísimas de ofrecer un servicio de calidad, a la altura de las necesidades de los pacientes, llámese en medicamentos, tratamientos, estudios diagnósticos, por no hablar del factor humano, el de la contratación de médicos generales, especialistas, enfermeros, laboratoristas, y demás que se requieren para operar un sanatorio.
Como le decimos, la nota no es más que actualización de lo que periódicamente se informa a la población, sin que tengan mayor efecto en el estado de cosas. Los funcionarios públicos del ámbito educativo nada suelen declarar sobre el caso, le pasan la bolita a la secretaría de gobierno, o directamente a la Fiscalía General de justicia, la primera dice, también lo de siempre, que están trabajando para resolver el problema de la mejor manera posible, excusamos decir que esta manera nomás no se ve llegar, las cosas permanecen igual, cuando no empeoran, a niveles críticos, que tampoco le importan mucho a nadie.
Pero lo interesante de la nota de Lucía Pérez Paz es el recuadro, en el cual se enumeran en forma de tabla los mismos datos de costumbre. Allí nos enteramos que hay irregularidades sin resolver desde el año 2015, y se han venido presentando año con año, con excepción del 2018 y 2021. En lo personal nos parece que no hay ninguna justificación para que en ocho años no se halla logrado solventar ni uno solo de los actos denunciados, toda vez que según la fuente, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, los procedimientos judiciales siguen vigentes.
¿De veras México y los mexicanos estamos condenados a un sistema judicial en el que en ocho o nueve años, nomás no se halla podido resolver una cuestión tan prioritaria como lo puede ser el cuidado de la salud de los profesores que enseñan a los niños lo que deben saber para enfrentarse a la vida?, nos parece difícil, imposible de creer, y sin embargo… allí están los datos.
¿Cuántas administraciones estatales, cuantas directivas sindicales, cuántas directivas del servicio médico ha habido en estos nueve años, y tenemos que creer que nadie se ha tomado las cosas tan en serio como para solventar el problema de manera integral, o bueno, no pidamos perlas a la virgen, con ir limpiando el expediente, no sé, a lo mejor quitando los casos más antiguos, para que queden solo los más recientes, o al revés, resolver estos y dejar que los otros prescriban o establecer algún tipo de negociación con los acreedores o lo que sea, que constituye el problema, pero no, nada, el desfalco no hace más que crecer, los profesores siguen viviendo a como van pudiendo… o muriendo ante la falta de atención adecuada, pero las instituciones… son las que quedan peor que todo lo anterior.
El sistema judicial, el estatal, el federal quedan como el hazmerreir de todas las instituciones involucradas, toda vez que allí están sus sentencias, y el servicio médico, el sindicato, quizá también el gobierno del estado, si es que es de su competencia, hacen caso omiso de las sentencias de la corte, comportándose como si estuvieran sordos, como si no fuera con ellos el asunto, como si…
Tal vez piensan que nunca habrá sanciones, o que las que hayan no sean tan graves como para implicarles una pena corporal que los saque de su zona de lujo y confort, ¿y porque habrían de pensarlo, si nadie ha caído por eso?, el caso es que… las cosas siguen empeorando, los profesores enfermando, agravándose o muriendo, y los juzgadores y administradores, cobrando altos sueldos por no hacer nada.