Chilapa, Guerrero, 12/05/26 (Más).- La violencia atribuida a Los Ardillos mantiene bajo asedio a comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, donde desde el 6 de mayo se reportan al menos 76 personas asesinadas, 25 desaparecidas y más de 800 familias desplazadas por ataques con drones y armas de alto calibre.
De acuerdo con información publicada por Infobae, los hechos han provocado una nueva denuncia del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, que acusó abandono de las autoridades federales y estatales mientras habitantes de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán han tenido que huir para salvar la vida.
El organismo indígena reprochó que las fuerzas de seguridad no hayan intervenido con oportunidad pese a contar con capacidad operativa.
“Tienen helicópteros, tienen armas, tienen todo para entrar, pero siguen dejando a nuestros pueblos solos mientras nos están matando”, señaló en un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena.
La denuncia ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que primero era necesario entrar en contacto con ellos y ver lo que está ocurriendo, postura que generó inconformidad entre las comunidades afectadas, que aseguran enfrentar una ofensiva criminal abierta.
El 11 de mayo, alrededor de las 12:30 horas, integrantes de Los Ardillos habrían ingresado a Alcozacán, donde ya se refugiaban familias desplazadas de otras localidades. De acuerdo con los testimonios difundidos, los ataques incluyeron disparos de armas largas y drones, sin que el Ejército acudiera de inmediato.
El CIPOG-EZ señaló directamente a Celso, Bernardo, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez, hijos del fundador de Los Ardillos, como responsables de la ofensiva. También acusó que el grupo criminal opera con protección política y omisión de autoridades en Guerrero.
Las comunidades sostienen que la presencia de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano ha servido únicamente para simular mediáticamente un supuesto control de la región, mientras los agresores se mueven cerca de instalaciones militares sin ser detenidos.
En videos difundidos por madres desplazadas, las mujeres exigieron acciones concretas al Gobierno federal y cuestionaron los discursos oficiales frente al miedo que viven niñas y niños por los ataques.
“La presidenta Claudia Sheinbaum dice: ‘Llegamos las mujeres’, pero de qué sirven sus discursos mientras nuestros niños y niñas lloran de miedo por los drones”, reclamaron.
Los Ardillos surgieron en Quechultenango alrededor del año 2000 bajo el mando de Celso Ortega Rosas, alias “La Ardilla”, quien comenzó con cultivos de amapola y construyó una red de control territorial. Tras su asesinato en 2011, sus hijos asumieron el liderazgo del grupo.
Con el paso de los años, la organización amplió sus fuentes de ingresos más allá de la amapola. Se le atribuyen actividades de extorsión, secuestro, control del transporte público, cobro de piso, presión sobre autoridades municipales y disputa por recursos mineros en distintas zonas de Guerrero.
La violencia asociada a Los Ardillos se ha extendido durante más de una década con emboscadas, asesinatos, desplazamientos forzados y ataques contra policías comunitarias. Entre los episodios más graves figuran la masacre de músicos indígenas en 2020, los enfrentamientos en Chilapa y Tixtla, y el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, en octubre de 2024. El nuevo episodio en la Montaña Baja vuelve a colocar a Guerrero en el centro de la crisis de seguridad nacional, con comunidades indígenas que denuncian vivir entre el abandono institucional y el avance de un grupo criminal que, aseguran, opera con impunidad.
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