Ciudad de México, 30/05/25 (Más).- Este domingo 1 de junio, México celebrará una jornada electoral sin precedentes en el mundo. Por primera vez, la ciudadanía participará directamente en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados regionales, jueces de distrito y otras autoridades del Poder Judicial.
Con cien millones de ciudadanos habilitados para votar, el proceso representa una transformación radical en la estructura de la justicia mexicana.
El nuevo esquema de elección judicial surge como resultado de una reforma constitucional impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y concretada durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A través de esta reforma, se estableció que todos los cargos del Poder Judicial serían sometidos a votación popular. La iniciativa fue una de las principales banderas políticas de la Cuarta Transformación y fue aprobada tras la victoria legislativa de la coalición Morena-PT-PVEM en las elecciones de 2024.
A diferencia de otros países como Bolivia o Estados Unidos, donde las votaciones para jueces se limitan a ciertos niveles o regiones, México adoptó un modelo integral.
Este domingo se elegirán 9 ministros de la Suprema Corte, 2 magistrados del Tribunal Electoral, 15 magistrados regionales del mismo órgano, 5 magistrados del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. A nivel local, en 19 estados también se votará por cerca de 1.700 jueces, junto con alcaldías y otros cargos municipales. Algunos votantes recibirán hasta 13 papeletas.
La presidenta Sheinbaum ha defendido públicamente el proceso. “Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a estar en el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores… van a responder al pueblo”, declaró esta semana. También ha presentado ejemplos de boletas en conferencias matutinas y ha explicado el procedimiento que deberán seguir los votantes para emitir su sufragio.

Desde su diseño, la reforma ha estado en el centro de una profunda división política. Quienes la respaldan argumentan que democratiza al Poder Judicial, históricamente percibido como una élite alejada de los intereses populares. Para sus promotores, se abre un nuevo espacio de escrutinio ciudadano que puede contribuir a reducir la impunidad y combatir la corrupción judicial.
Por el contrario, los críticos sostienen que la reforma debilita los contrapesos constitucionales y expone al Poder Judicial a influencias externas, incluidos partidos políticos y grupos criminales.
El ministro de la Suprema Corte Javier Laynez dijo esta semana: “Para mí es un engaño para la ciudadanía. No van a elegir a sus jueces y magistrados. Falso”. Añadió que él no participará en la votación por la falta de garantías en el conteo.
La organización Defensorxs identificó a 19 candidatos con antecedentes que calificó como de alto riesgo, incluyendo vínculos presuntos con el narcotráfico o señalamientos por violencia y corrupción. La oposición también denunció que el proceso de nominación fue controlado por la mayoría legislativa del oficialismo, lo que habría limitado la independencia de los aspirantes.
A pesar del alcance del proceso, la participación ciudadana se anticipa baja. El Instituto Nacional Electoral (INE) estima que solo entre el 8% y el 15% de los votantes acudirán a las urnas. En elecciones anteriores, la abstención ha sido del 38% en comicios presidenciales, 47% en elecciones intermedias y hasta 82% en consultas populares.
El INE también ordenó el cese en la distribución de “acordeones”, tarjetas con instrucciones para votar por ciertos candidatos, presuntamente distribuidas por operadores políticos.

Los analistas coinciden en que lo que se juega este domingo va más allá del futuro inmediato de la Cuarta Transformación.
Héctor Alejandro Quintanar, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el voto representa una nueva etapa de politización en el país. “Va a ser complicado para el ciudadano… pero la democracia es así”, afirmó. Añadió que la reforma puede permitir el surgimiento de contrapesos internos al interior del Poder Judicial.
La analista Viri Ríos, especializada en políticas públicas, opinó que esta reforma marca el inicio de una etapa compleja para el gobierno. “Del 1 de junio en adelante, los malos resultados se van a atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula”, advirtió. Desde su perspectiva, el nuevo Poder Judicial será un reflejo del país, con sus virtudes y sus problemas. “¿Va a haber narcotraficantes que sean jueces?… hay presidentes municipales que le responden al narco en México. Claro que sí, hay cero dudas”, indicó.
Aunque el debate sobre los méritos y riesgos del nuevo sistema continúa, la reforma ya está en vigor y los resultados comenzarán a delinear el futuro de la justicia en México.
A partir del domingo, los jueces ya no serán elegidos a través de procesos internos, sino mediante el sufragio directo de los ciudadanos. Para el gobierno actual, este proceso representa una oportunidad para legitimar su promesa de combatir la impunidad. Para la oposición, un riesgo de erosión institucional.
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