Astillero
Julio Hernández López
Largas sesiones, disensos en la alianza de partidos 4T e, indicativamente, en legisladores de a pie y de élite del propio Morena. A fin de cuentas, un fatigoso, desordenado y, en momentos, contradictorio esfuerzo de la maquinaria dominante de las cámaras al intentar un rediseño ventajoso de puntos claves del proceso electoral.
El propio Ricardo Monreal Ávila reculó a última hora respecto a su contundente iniciativa de sancionar a quienes recibieran, probadamente, apoyo injerencista extranjero. Aprobada en la Cámara de Diputados, de la que es jefe político, pero carente de proceso oportuno en el Senado y con el tiempo encima para desahogar las siguientes fases correspondientes a la adecuación de leyes secundarias, el zacatecano prefirió retirar el texto de la discordia, según eso para dar más tiempo a la reflexión y los acuerdos, aunque también entre versiones de enojos transfronterizos por la pretensión de frenar intervencionismos trumpistas, mileístas o de la marca conservadora que fuera.
De no asirse a alguna maniobra procesal, la iniciativa contra intervencionismos extranjeros no podría aplicarse en las elecciones intermedias de 2027, sino hasta las presidenciales de 2030. O ser interpretada la reforma constitucional monrealista, sin contar con las normas secundarias que establecerían las formas de aplicarla, por los magistrados del tribunal electoral recientemente premiados con la opción de poder relegirse cuatro de ellos. Política mexicana surrealista.
Véase el otro ejemplo preocupante, con tufo corruptor: la maniobra de última hora con la que un segmento de la maquinaria morenista de San Lázaro regaló a magistrados electorales federales la posibilidad de ser relectos a partir de 2028, con lo cual algunos de ellos podrían cumplir 17 años en el cargo.
“¡La mitad que Porfirio Díaz!”, exclamó el vicecoordinador de los diputados federales con color guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien en el debate expresó duras descalificaciones a esta reforma que pareciera haberse concebido para contar con la voluntad de estancia prolongada de los cuatro magistrados electorales (Los Felipes y compañía, les llaman) de comprobada predisposición a la marrullería y el arreglo al servicio del postor gobernante.
A partir de presuntos declarantes no identificados, ayer fue publicado en The New York Times un reporte de los acuerdos (eufemismo para no decir “imposiciones”) entre Estados Unidos y Guatemala para que fuerzas militares del primer país actúen contra cárteles del narcotráfico en territorio del segundo: “ataques aéreos” y otras acciones estadunidenses que ya habría aprobado Bernardo Arévalo, presidente de la nación centroamericana.
Horas más tarde, el ministro de Defensa, Henry David Sáenz, dio a conocer el documento oficial del caso, enviado al titular del Pentágono, Pete Hegseth: Guatemala pidió “liderar, con la asistencia de Estados Unidos, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por Estados Unidos dentro del país de Guatemala”. Esto, en el marco del “compromiso y membresía dentro de la Coalición Anticárteles de las Américas” (https://goo.su/5vEn). Recuérdese que esta coalición, también conocida como Escudo de las Américas, es una creación gringa que agrupa a 17 países en un pacto militar y político para combatir a los cárteles en el hemisferio americano.
Para México es amenazante ese tipo de operaciones militares en la parte más relevante de su frontera sur. Según dos de las fuentes no identificadas del NYT, “el gobierno de Trump se está enfocando en Guatemala y Honduras con la idea de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico (…) La estrategia más amplia de la Casa Blanca consiste en normalizar la presencia militar estadunidense en toda América Latina para ganar influencia sobre México” (https://goo.su/dNNfwH). ¡Hasta el próximo lunes!
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