Ciudad de México, noviembre 20 (Más).- Juan Carlos Ramírez Michaca lleva 21 años en prisión por un homicidio ocurrido en Ecatepec, Estado de México. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que su detención fue arbitraria y pidió al Estado mexicano liberarlo de inmediato, indemnizarlo y reparar los daños.
La solicitud de amnistía que podría permitir su salida está ahora en manos de un juez mexiquense.
Ramírez Michaca tenía 19 años cuando fue detenido, el 20 de febrero de 2005, en su domicilio de la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. En abril de 2007 recibió una sentencia de 140 años de prisión por homicidio. Su familia y defensa sostienen que no cometió el crimen y que la acusación se apoyó en una declaración obtenida mediante tortura.
La Opinión 49/2026 del Grupo de Trabajo de la ONU determinó que hubo violaciones graves a sus derechos durante la detención y el proceso penal. Entre ellas señaló la falta de una base legal válida para detenerlo, la imposición automática de prisión preventiva, el uso de pruebas ilícitas y las omisiones de las autoridades judiciales frente a las denuncias de tortura. También consideró que las deficiencias en su defensa y la autoinculpación forzada afectaron su derecho a un juicio justo. El organismo pidió además una investigación independiente y medidas de reparación.
La defensa y la familia relataron que agentes de la entonces Policía Ministerial ingresaron durante la madrugada a la vivienda, sacaron a Juan Carlos y a otros familiares y lo llevaron ante el Ministerio Público. Afirmaron que fue golpeado, desnudado y sumergido en un tambo con agua para obligarlo a declararse responsable. Según la defensa, los policías buscaban inicialmente información sobre los responsables de un ataque armado vinculado con el grupo conocido como MK-13 o Los Cholos, pero después señalaron a Ramírez Michaca como responsable.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) también se pronunció a favor de que se le conceda la amnistía. El organismo identificó irregularidades en la detención, como el uso de la figura de flagrancia equiparada, la falta de información sobre sus derechos, una entrevista policial sin asistencia de una persona defensora y deficiencias en su defensa jurídica. También advirtió que no se investigaron adecuadamente las denuncias de tortura.
La solicitud de amnistía está ante el Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba, a cargo del juez Magdaleno Camacho Vázquez. La defensa considera que el caso cumple con el artículo 4, fracción II, de la Ley de Amnistía del Estado de México, que contempla el beneficio cuando un organismo de derechos humanos documenta violaciones y se pronuncia a favor de la libertad. Por ahora, la petición de la ONU no equivale a una orden judicial de excarcelación. El juez debe resolver la solicitud pendiente.
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