Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 18/08/26 (Más).- Las protestas de derechohabientes del IMSS registradas hace una semana en Monclova llegaron este martes al Congreso del Estado, donde los diputados aprobaron exhortar al director general del Instituto, Zoé Robledo, a investigar las conductas atribuidas a personal médico y de apoyo del Hospital General de Zona número 7 y, en caso de comprobarse irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado de Morena Luis Jaime Ponce Ortiz y aprobado como de urgente y obvia resolución.
El exhorto solicita al titular del Seguro Social “supervisar, investigar y sancionar” las conductas denunciadas por los derechohabientes, además de procurar la reparación efectiva de sus derechos cuando se acrediten afectaciones.
La movilización que detonó el planteamiento legislativo ocurrió el martes 11 de agosto en la Clínica 7 de Monclova, cuando jubilados, pensionados y otros derechohabientes se manifestaron para reclamar por presuntas negligencias médicas, deficiencias en la atención y falta de insumos.
En esa manifestación, los quejosos intentaron llegar hasta las oficinas administrativas para exigir la intervención de funcionarios con facultades para resolver sus reclamos y fueron contenidos por guardias de seguridad, lo que derivó en empujones y posteriormente en un enfrentamiento físico.
Entre los reclamos expuestos ese día destacó el de Juan Armendáriz, de 78 años, quien denunció afectaciones después de una cirugía de cataratas y aseguró que alrededor de 70 pacientes habrían presentado daños en la vista en distinto grado. El IMSS desmintió más tarde el señalamiento.
Durante la protesta también se denunció que un médico habría ofrecido realizar de manera particular, por 90 mil pesos, una cirugía que presuntamente no podía efectuarse dentro del Instituto por falta de insumos.
Esas acusaciones fueron retomadas por Ponce Ortiz en el Congreso. En la exposición del punto de acuerdo, el legislador señala que alrededor de 70 pacientes habrían sido sometidos a cirugías oftalmológicas deficientes, con casos en los que los afectados denunciaron la pérdida de un ojo, y sostiene que no habrían recibido una respuesta satisfactoria de la institución.
El documento va más allá de las intervenciones oftalmológicas. Ponce Ortiz afirma que existen denuncias según las cuales algunos médicos del HGZ 7 presuntamente inducen a familiares de pacientes a realizar pagos ilegales para obtener prioridad en intervenciones quirúrgicas, o bien a recibir atención en los consultorios privados de los propios médicos.
También incorpora señalamientos por falta u ocultamiento de medicamentos, problemas en trámites de pensiones y demoras de entre seis meses y un año para conseguir citas con especialistas.
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