Llega oposición al puente internacional a expedientes federales en EU

Aunque todavía no cuentan con una orden judicial contra el proyecto, organizaciones y residentes han tenido logros: documentan riesgos, movilizar comunidades y presionar a las autoridades

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila, 23/07/26 (Más).- Aunque la oposición social al puente internacional Puerto Verde no tiene hasta ahora una orden judicial ni un litigio capaces de suspender la obra, tampoco puede ser considerada sólo una protesta testimonial dado que han conseguido llevar el conflicto a expedientes federales, reuniones comunitarias, solicitudes de información y campañas electorales.

Su verdadero músculo no se encuentra en el número de organizaciones ni en sus recursos económicos, que parecen limitados, sino en su capacidad para intervenir en cada etapa pendiente del proyecto y sumar su resistencia a obstáculos de mayor peso como la negativa de Union Pacific, el rechazo del Ayuntamiento de Eagle Pass, la división dentro del condado de Maverick y las condiciones que todavía deben cumplirse antes de iniciar la obra.

Puerto Verde Global Trade Bridge es un proyecto fronterizo que contempla la construcción de un puente internacional de seis carriles para transporte de carga, un cruce ferroviario y complejos aduaneros en ambos lados del río Bravo. La infraestructura se ubicaría al norte de Eagle Pass, en el condado de Maverick, Texas, frente a la zona de Piedras Negras, Coahuila, y cerca de la comunidad de Seco Mines,

La organización con mayor presencia formal es Eagle Pass Border Coalition, conocida como EPBC, una agrupación ambiental y comunitaria que comenzó a movilizarse desde 2019 frente a proyectos fronterizos y que en octubre de 2024 obtuvo el reconocimiento fiscal como organización sin fines de lucro.

Los registros del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos la clasifican como una organización dedicada a la protección ambiental y el activismo; sin embargo, todavía no existen declaraciones fiscales públicas que permitan conocer sus ingresos, gastos, personal o capacidad financiera, por lo que no puede considerarse una organización con una estructura económica comparable con la de las grandes agrupaciones ambientales nacionales.

Su importancia radica en que ya consiguió entrar al expediente federal de Puerto Verde.

La resolución publicada por la Surface Transportation Board –la autoridad estadounidense encargada de regular el transporte ferroviario– confirma que EPBC presentó comentarios formales contra la solicitud de Green Eagle Railroad, empresa subsidiaria de Puerto Verde Holdings para construir una vía de aproximadamente 1.3 millas en el condado de Maverick.

La coalición planteó preocupaciones relacionadas con inundaciones, calidad del agua, contaminación atmosférica, ruido, tránsito ferroviario y posibles accidentes con sustancias peligrosas. Su participación obligó a que esas objeciones quedaran registradas y fueran consideradas dentro del proceso ambiental, aunque no impidió que la Surface Transportation Board autorizara el ferrocarril el 22 de abril de 2026, sujeto a medidas de mitigación.

Movilización con base territorial

Las transcripciones oficiales de las audiencias ambientales permiten medir mejor el alcance de EPBC.

Durante una sesión virtual celebrada el 24 de abril de 2024, la activista Amerika García Grewal informó a los representantes federales que la coalición había reunido entre 20 y 25 habitantes en un mismo espacio, con conexión a internet, computadora y proyector, para que vecinos sin acceso o experiencia con la plataforma digital pudieran participar.

Los integrantes de la coalición pidieron que las consultas se realizaran directamente en las comunidades afectadas y señalaron la proximidad de la infraestructura proyectada a escuelas, viviendas y a la toma de agua que abastece a Eagle Pass y parte del condado de Maverick.

En otra audiencia, Jessie Fuentes, integrante de EPBC y propietario de una empresa de recorridos en el río Bravo, expuso ante la autoridad ferroviaria los riesgos de construir junto al arroyo Seco y cerca de la toma municipal de agua. También citó estudios sobre inundaciones realizados para el gobierno local y el Texas Water Development Board.

Estas intervenciones muestran que la coalición posee capacidad para reunir testimonios, analizar documentos, comparecer ante autoridades federales y construir antecedentes administrativos. Pero la misma resolución de la Surface Transportation Board exhibe su límite, pues los argumentos ambientales fueron incorporados al expediente, aunque no consiguieron impedir la autorización.

EPBC puede influir en el diseño de medidas de mitigación, documentar posibles incumplimientos y aportar elementos para una impugnación posterior. No puede, por sí sola, revocar el permiso presidencial ni ordenar que se detenga la obra.

Una organización reciente, pero con redes más amplias

Otro actor es Frontera Federation, organización civil establecida en Eagle Pass y reconocida como entidad desde mayo de 2025. Los registros fiscales la ubican en las áreas de derechos civiles, acción social y activismo, pero tampoco contienen información financiera suficiente para conocer el tamaño de su presupuesto o su número de empleados.

Frontera Federation se presentó públicamente en marzo de 2025 como una organización binacional destinada a fortalecer la participación comunitaria, vigilar a los gobiernos, defender derechos humanos y atender asuntos de salud, medio ambiente y seguridad en ambos lados de la frontera.

Su campo de acción no se limita a Puerto Verde, también ha intervenido en controversias por la militarización de Eagle Pass, el uso de Shelby Park y la instalación de barreras en el río Bravo.

Su relevancia para Puerto Verde está en la estrategia que ha propuesto: en abril de 2025 publicó una agenda que incluía exigir talleres públicos en Seco Mines, presentar solicitudes de acceso a todas las comunicaciones entre los comisionados de Maverick y las empresas Green Eagle Railroad y Puerto Verde Holdings, movilizar residentes a las sesiones del condado, pedir una evaluación ambiental independiente y buscar apoyo legal para analizar posibles acciones contra el proyecto.

Esa agenda demuestra una capacidad de organización superior a una protesta espontánea; su objetivo es colocar presión en cada decisión administrativa, financiera o política, obligar a las autoridades a responder públicamente y producir documentos que eventualmente puedan utilizarse en tribunales.

No obstante, Frontera Federation es una agrupación reciente; en las fuentes públicas revisadas no aparece todavía una demanda presentada directamente por la organización contra Puerto Verde, la contratación de una firma jurídica especializada ni un fondo destinado a sostener un litigio federal prolongado.

Su alcance actual es principalmente comunitario, mediático y administrativo. Puede documentar, organizar, denunciar y formar alianzas; para suspender el proyecto necesitaría convertir esa actividad en una acción judicial y obtener de un juez una orden temporal o definitiva.

Residentes que no necesariamente rechazan el puente

La oposición tampoco es homogénea: una parte importante de los habitantes de Seco Mines no rechaza necesariamente la construcción de otro cruce comercial, sino el sitio seleccionado para las vías, las instalaciones aduaneras y el tránsito permanente de trenes y camiones.

Spectrum News documentó que residentes como Graciela Maldonado viven a pocos metros de las áreas donde se construiría la infraestructura; sus preocupaciones incluyen ruido, contaminación del aire, pérdida de tranquilidad, inundaciones y el riesgo de que las viviendas queden rodeadas por instalaciones industriales.

El diario Houston Chronicle y Puente News Collaborative también documentaron reuniones organizadas por la Organización Fronteriza o The Border Organization, en las que participaron habitantes, activistas y candidatos del condado. Las imágenes y testimonios recabados muestran que la discusión ya tiene una base territorial en Seco Mines y no depende únicamente de dirigentes externos.

La demanda común de estos residentes es modificar la ubicación, transparentar el financiamiento y evaluar con mayor profundidad las consecuencias ambientales y urbanas. Eso amplía sus posibilidades de negociación: obligar a reubicar instalaciones o imponer medidas de mitigación puede ser más viable que cancelar completamente un proyecto que ya cuenta con autorizaciones federales.