Ciudad de México, 03/07/25 (Más).- El Congreso de la Ciudad de México recibió una nueva iniciativa legislativa que busca modificar el marco normativo sobre violencia política de género, con el objetivo de proteger el derecho a la libre expresión de los ciudadanos.
La propuesta, denominada Ley Karla, fue presentada por la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y plantea excluir de dicha figura jurídica a personas que no formen parte del ámbito político.
Durante la presentación, Rangel Lorenzana afirmó que la libertad de expresión es el eje central de la democracia. La diputada se refirió al caso de Karla Estrella, una ama de casa que fue sancionada por violencia política de género tras publicar en la red social X un comentario sobre una supuesta candidatura de la esposa de un diputado rumbo a 2025, en el cual cuestionó la influencia política de Sergio Gutiérrez Luna.
Luego de la denuncia, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la publicación de Karla Estrella constituía violencia política de género. Como resultado, se le impuso una serie de sanciones: una multa económica, la obligación de disculparse públicamente durante un mes, tomar un curso de género y leer bibliografía relacionada, difundir la sentencia en su perfil de X y permanecer inscrita durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.
Karla Estrella manifestó en sus redes sociales que se sentía perseguida y censurada, lo cual reavivó el debate público sobre los límites entre la libertad de expresión y las leyes contra la violencia política de género, especialmente en el contexto del uso creciente de plataformas digitales para la discusión política.
Ante esta situación, la diputada Rangel Lorenzana calificó lo sucedido como un ataque grave a la libertad de expresión y explicó que la iniciativa de la Ley Karla tiene como finalidad evitar que ciudadanos comunes sean perseguidos o sancionados penalmente por expresar críticas hacia funcionarios o servidores públicos.
La legisladora argumentó que la legislación vigente está siendo utilizada para intimidar a opositores, periodistas y ciudadanos. Señaló: “Tristemente, la violencia política de género diseñada con el noble objetivo de proteger a las mujeres se ha desvirtuado por completo e irónicamente en México se está usando como instrumento para callar a las mujeres”.
Agregó que sólo en regímenes autoritarios se sanciona a las personas por expresar opiniones y alertó sobre el riesgo de que en México se promuevan iniciativas encaminadas a controlar la opinión pública y restringir el derecho a disentir. En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a defender las libertades civiles y el derecho a criticar a quienes desempeñan funciones públicas.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino para su análisis y dictamen. De ser aprobada, modificaría el alcance de la figura jurídica de violencia política de género, estableciendo que únicamente se aplicaría en relaciones entre actores políticos, y quedaría sin efecto en casos que involucren a ciudadanos particulares. La discusión sobre esta iniciativa se inserta en un debate más amplio sobre el equilibrio entre la protección contra la violencia política de género y el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión. La resolución que adopte el Congreso de la Ciudad de México será determinante para definir los límites de este tipo de sanciones en el contexto político y social actual.
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