Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 4/7/25 (Más).- Aunque la intención del gobierno de Coahuila es impedir el acceso a las elecciones de personas vinculadas a la delincuencia o al narcotráfico, el Código Electoral de Coahuila no contiene disposiciones específicas que ayuden a cumplir ese objetivo y, además, el Instituto Electoral no ha tomado medidas preventivas para la elección de este año ni tiene previsto hacerlo.
Las condicionantes en la norma electoral coahuilense apenas incluyen algunos requisitos que no parecen suficientes para impedir que personas vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico, que presenten información falsa o incompleta, puedan acceder a candidaturas y eventualmente a cargos de elección popular.
Más, el periódico digital de Coahuila, realizó una revisión al Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y consultó expertos en derecho electoral para establecer el nivel de protección que garantiza la ley frente a posibles candidaturas de personas vinculadas al crimen organizado.
Los expertos prefirieron mantener su nombre en el anonimato, pero coincidieron en que la legislación de Coahuila se queda corta en el tema de la delincuencia organizada.
El ejercicio realizado por Más permitió identificar que no existe ninguna disposición que prohíba expresamente la candidatura de personas con este tipo de vínculos no deseados. De hecho, en todo el Código ni siquiera se mencionan las palabras “delincuencia” o “narcotráfico”.
Lo que sí existe es una serie de requisitos que intentan impedir el acceso de personas con cierto perfil no deseado a las elecciones, como una vía legal indirecta para señalar a quienes tienen vínculos con la delincuencia o el narcotráfico.
El artículo 10 fija los requisitos de elegibilidad para la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. no incluyen una prohibición específica por narcotráfico o delincuencia organizada. Lo que sí aparece expresamente son otras condiciones, como estar inscrito en el padrón electoral, separarse de ciertos cargos públicos en determinados plazos, presentar declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, y no estar condenado por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Donde sí existen controles más estrictos es en el tema de los recursos utilizados en campaña, con el objetivo de impedir su origen ilícito. Para aspirantes a candidaturas independientes, el artículo 116 prohíbe aceptar o utilizar recursos de procedencia ilícita; el artículo 112 ordena verificar la licitud de los recursos y prevé que, si hay una violación grave a las reglas de ingreso y gasto, se pierde el derecho a ser registrado; y el artículo 162 permite al Instituto celebrar convenios con autoridades financieras y con la Fiscalía para investigar el posible uso de recursos ilícitos.
En este punto sí existe una barrera, pero está enfocada en el financiamiento de las campañas y no en el aspecto central de bloquear el paso a personas que tengan o pudieran tener vínculos con narcotraficantes o integrantes de la delincuencia organizada.
Existe la posibilidad de que el Instituto Electoral de Coahuila emita un acuerdo que lo obligue a investigar a fondo a los aspirantes a candidatos; sin embargo, esta ruta debe respetar el principio de legalidad, que impide a las autoridades actuar sin atribuciones ni fundamento legal, así como el principio de presunción de inocencia, que obliga a considerar inocente a toda persona mientras no exista una sentencia en su contra.
Aunque el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, señaló en entrevista con Más que es posible adoptar un acuerdo para blindar la elección e impedir el paso de personas no deseadas cuando exista información objetiva, hasta ahora el Consejo General no ha tomado un acuerdo de este tipo ni ha manifestado intención de hacerlo.
El consejero Marco Antonio Yeverino Rodríguez dijo a Más que el registro de aspirantes se conduce sin extralimitar las atribuciones del Instituto. En este contexto, la semana pasada el Consejo General dio luz verde para que Masías Menera Sierra, originario de Piedras Negras, buscara la candidatura independiente a diputado local. Se trata de un integrante de una familia cuyos hermanos han estado vinculados en el pasado con el crimen organizado y el narcotráfico. El caso más significativo es el de su hermano Daniel, quien fue extraditado el año pasado a Estados Unidos como parte de una lista de personas relacionadas con actividades del narcotráfico y el crimen organizado.
En el caso de los partidos políticos, el Código tampoco contiene una causal expresa de cancelación de su registro por “vínculos con el narcotráfico”, aunque sí establece controles financieros.
En consecuencia, el Código Electoral de Coahuila no incluye una cláusula expresa contra la llamada “narcopolítica” que, por sí sola, niegue el registro por simples vínculos o señalamientos. Lo que sí contempla son mecanismos para bloquear la participación cuando exista un proceso penal o una sentencia que afecte los derechos políticos de los aspirantes, o cuando se detecte el uso de recursos de procedencia ilícita o infracciones graves en materia de fiscalización.
Así, una persona bajo investigación que no haya sido vinculada a proceso penal mantiene abierta la posibilidad de buscar una candidatura, siempre que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la ley y utilice recursos de campaña de manera legal. Posteriormente, podría continuar con sus actividades y relaciones personales sin impedimento jurídico derivado del Código.
El proceso electoral en Coahuila ya inició para la elección de diputados locales este año, y no es posible modificar la ley para que una reforma aplique en el actual proceso. En ese escenario, la contienda avanzará sin cambios normativos, pese a la preocupación expresada por autoridades estatales sobre la posible incursión de personas vinculadas con actividades delictivas en las elecciones.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.