Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 04/11/26 (Más).- Los municipios de Coahuila enfrentarán nuevas exigencias de modernización catastral que podrían presionar sus presupuestos y capacidades operativas, debido a que la nueva legislación federal establece la adopción de plataformas y procedimientos homologados para comenzar a operar en enero de 2027, con gastos que deberán cubrirse con los recursos autorizados.
Sin embargo, la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, vigente desde el 24 de octubre, también abre la posibilidad de mejorar la recaudación predial mediante información más precisa sobre los inmuebles. Esto pese a que no crea un impuesto ni dispone un incremento automático de lo que pagan sus propietarios.
Por ejemplo, un ayuntamiento que conserve expedientes en papel o un padrón desactualizado podría tener que destinar recursos a digitalizar archivos, verificar datos de los predios y capacitar al personal. Si no presupuestó esas tareas, tendría que ajustar sus partidas de gasto para financiarlas, reduciendo el margen disponible para otras necesidades municipales, antes de obtener una eventual mejora en la recaudación del predial.
En un análisis de la nueva legislación hecho por MÁS, se observa que su implementación podría requerir digitalizar expedientes, depurar bases de datos, capacitar trabajadores, adecuar equipos y conexiones. Estas tareas representarían una carga proporcionalmente mayor para los ayuntamientos con menos personal especializado o archivos desactualizados, aunque todavía se necesita un diagnóstico municipal para determinar el alcance de esas necesidades en Coahuila.
El quinto transitorio, fija el 31 de diciembre de 2026, como plazo general para adoptar los modelos y plataformas, con operación a partir del 1 de enero de 2027.
La aplicación deberá sujetarse al calendario que publique la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, considerando las capacidades técnicas y operativas de las autoridades.
La transición coincidirá con el cierre del ejercicio fiscal y la preparación de los cobros del siguiente año. Para los gobiernos municipales, esto supone organizar simultáneamente la actualización tecnológica, la continuidad del servicio y las previsiones de gasto. Todo listo para operar justo cuando más personas acuden a pagar el Predial, a inicio de año.
Uno de los efectos potenciales más relevantes se encuentra en el predial. Un padrón actualizado puede permitir identificar propiedades omitidas, ampliaciones no registradas o características que ya no corresponden con las asentadas en los expedientes. En Coahuila, el valor catastral constituye la base para calcular ese impuesto, por lo que una corrección puede repercutir en el monto a pagar conforme a las disposiciones locales aplicables.
El resultado no necesariamente sería un aumento generalizado. La actualización también puede corregir errores, mientras que una mayor recaudación dependerá de la calidad de los registros y de la capacidad de las tesorerías para cobrar. La reforma conserva las competencias locales en materia de predial.
Coahuila cuenta con un Instituto Registral y Catastral, además, con unidades catastrales municipales previstas en su legislación. Por ello, la adaptación implicará coordinar las estructuras existentes y revisar sus sistemas y procedimientos para hacerlos compatibles con las nuevas disposiciones nacionales.
La vinculación entre catastro y Registro Público permitirá detectar inconsistencias en la información de los inmuebles. Para las oficinas municipales podría traducirse inicialmente en más expedientes por aclarar y, posteriormente, en mayor certeza para los propietarios. La asignación de una clave catastral, sin embargo, no acredita por sí sola la propiedad ni regulariza actos irregulares.
La ley también exige trazabilidad de las actuaciones y contempla responsabilidades por incumplimiento. Esto podría facilitar la revisión de cambios en los registros y aportar elementos para el trabajo de las contralorías y los órganos fiscalizadores.
Para ciudadanos y empresas, la homologación busca reducir diferencias entre requisitos y procedimientos, así como evitar gestiones repetidas e información contradictoria. El beneficio dependerá de que los sistemas funcionen y los datos sean confiables, pues trasladar expedientes a una plataforma digital no resuelve por sí mismo sus inconsistencias.
La información actualizada también puede apoyar decisiones sobre expansión urbana, infraestructura y servicios públicos, funciones que la legislación coahuilense ya reconoce para el catastro. No obstante, para conocer el impacto concreto de la reforma en cada ayuntamiento será necesario revisar sus padrones, capacidades tecnológicas, presupuestos y programas de implementación.
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