LENTO AVANCE EN ANTICORRUPCIÓN, CASOS PARRAS, TORREÓN Y FRONTERA

Por Miguel Villarello

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Como si estuvieran entrampadas continúan a paso muy lento las indagatorias radicadas en la Fiscalía Especializada en Hechos por Delitos de Corrupción del Estado de Coahuila (FEHDC) contra administraciones municipales.

Definitivamente Parras es el municipio que encabeza el listado con más de 15 indagatorias y a las que se sumarían por lo menos otras tres denuncias, seguido por Torreón, a decir del fiscal anticorrupción estatal Jesús Homero Flores Mier.

Algunas de esas denuncias provienen de la parte ciudadana, la mayoría son por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y son por la negligencia en cuanto a solventar observaciones de sus cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2020 hacia atrás.

Esta situación los pone en evidencia por considerarse, de acuerdo con la ley, como posibles hechos de corrupción en cualquiera de sus calificaciones: negligencia, peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y uso o ejercicio indebido de atribuciones públicas.

Para el caso, se hará mención analítica de los municipios de Parras, Torreón, Frontera y Matamoros, éste último por la cantidad de funcionarios que la actual administración municipal pretende liquidar mediante promesas y convenios incumplidos; así como someramente Frontera por la reciente adquisición de camiones para el ayuntamiento presuntamente usados y considerados como desecho a un precio muy elevado.

Sólo de Parras la anterior administración podría ser llamada a cuentas por un faltante superior a los 35 millones de pesos, mientras que Torreón, Matamoros y Frontera enfrentan observaciones no solventadas ante la Auditoría por un estimado de 70 millones de pesos, equis millones y equis millones respectivamente y en lo que atañe al 2020.

SIN DETENIDOS

Es el mismo fiscal anticorrupción de la entidad quien proporciona datos sobre estas localidades.

Aunque no precisó la cantidad, Jesús Homero Flores Mier confirmó la recepción de diversas denuncias provenientes de la Auditoría Superior del Estado contra posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de primer nivel de administraciones municipales en los ejercicios 2019 y 2020.

“Para ello se continúan integrando las carpetas de investigación correspondientes, como ejemplo de ello, Parras encabeza la lista de denuncias y carpetas indagatorias y que corresponden a varias administraciones de años pasados, no solamente contra la anterior del 2019 al 2021”.

En el caso de Parras siguen las investigaciones, no hemos llegado a vincular a nadie hasta el momento, pero lo que se hace es recabar la información de la administración anterior, al respecto la Fiscalía Anticorrupción cuenta con más de 15 carpetas de investigación.

“Hoy debe de ser el municipio que más carpetas tiene, son de administraciones anteriores, además que hace unas semanas recibimos otras denuncias en contra de la administración anterior, es decir, en contra de la alcaldía de Ramiro Pérez Arciniega, fueron de parte de la ciudadanía y se integran también”, añade.

Se le pone en contexto en el sentido de que el actual presidente de Parras, Fernando Orozco Lara, dio a conocer recientemente que próximamente interpondría otra denuncia contra la administración anterior por algunos hechos relacionados con malos manejos administrativos y que fueron detectados en la entrega recepción.

Y después de refrendar que la dependencia está abierta a cualquier denuncia, Flores Mier da a conocer que las carpetas de investigación con que se cuenta actualmente tienen que ver con delitos como desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito.

“Son los hechos denunciados específicamente de Parras y son carpetas de investigación de alrededor de seis funcionarios de alto nivel de áreas administrativas y adquisiciones entre otras”.

Otro caso es el relativo al posible mal uso de recursos por parte del alcalde de Frontera en la región Carbonífera, Roberto Piña Amaya, del que el Fiscal destaca que ya se recibió la denuncia y tiene que ver con la adquisición de dos camiones.

Sin embargo, le fue requerida información al ayuntamiento el cual solicitó una prórroga y le otorgaron tres días para contestar.

“Les solicitamos los contratos de adquisición de los camiones involucrados y estamos a la espera que nos entreguen los documentos para ello tienen hasta el lunes, pues sólo nos enviaron un acta de cabildo y otra papelería”, agrega.

Precisa entonces que se trata de los documentos de adquisición de las unidades, “pero estamos dentro de los plazos de análisis de la información”.

Asimismo, y en lo general de todas las carpetas con que cuenta la Fiscalía hasta el momento no se ha fijado la medida cautelar contra quien resulte responsable porque no se ha hecho una vinculación a proceso.

Por lo que se refiere al caso Matamoros, del que extrabajadores del ayuntamiento interpondrían la denuncia por presunta corrupción en contra del edil ante la FEHDC comenta que hasta hoy no se ha recibido ningún tipo de denuncia en ese sentido contra el actual alcalde.

“Sin embargo, estaremos atentos para recibir cualquier denuncia en contra de cualquier funcionario público que hubiera incurrido en una falta grave o delito”, asegura.

Además, de dicho municipio, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con varias carpetas de investigación, pero son contra administraciones anteriores y provienen tanto de la ASE como de la ciudadanía.

“Al respecto a la fecha se recaba información ya que se han hecho solicitudes de documentación desde enero de este año, es decir, seguimos integrando las carpetas de investigación para luego deslindar responsabilidades”, concluye Flores Mier.

SIGUE EN PIE

El primero de los casos es correspondiente al ayuntamiento de Torreón, en la región Laguna, donde la Fiscalía Especializada en Hechos por Delitos de Corrupción de Coahuila lleva una investigación por peculado, posiblemente varias decenas de millones de pesos, contra el SIMAS-Torreón Rural respecto de la administración correspondiente al panista Jorge Zermeño y de la cual se tiene un detenido.

Al respecto, recientemente el alcalde de esa ciudad, Alberto Román Cepeda, habla, pero de la investigación del Sistema de Agua y Saneamiento concretamente, el SIMAS-Torreón que no es el rural, pero del que también se detectaron algunos desvíos.

“Va en función de la entrega recepción y entrega de lo que se ha encontrado y la Fiscalía se ha encargado de lo siguiente, es un tema que sigue en pie”.

Asegura que “va adelante, nosotros hicimos lo que nos corresponde como Municipio y ya lo demás corresponde a las agencias investigadoras, es decir, se presentaron las denuncias correspondientes y lo demás estará en ellos”, concluye escuetamente.

ACUMULA INVESTIGACIONES

La investigación en contra de la administración municipal de Parras 2019-2021 encabezada por Ramiro Pérez Arciniega, está directamente con Fiscalía Anticorrupción, dice días después Fernando Orozco Lara.

El edil de dicha localidad para el trienio 2022-2024 afirma que existen otras denuncias ante la Auditoría, “además nuestros abogados están preparando una más para presentarla antes de que concluya este ejercicio 2022 y se actúe conforme a derecho”.

Reconoce, sin embargo, que aún no se sabe cuánto haya dejado de faltantes el anterior ayuntamiento “porque cada vez nos enteramos de nuevos temas al respecto y por eso estamos integrando lo correspondiente a la denuncia”.

“Inclusive en cuanto al monto del quebranto en dinero es un tema que no queremos adelantar para no salirnos de la investigación, pero es una cantidad considerable”, aclara, no obstante, se sabe que la cantidad desaparecida de las arcas de la Tesorería Municipal ha superado los 35 millones de pesos.

“Desgraciadamente los archivos y documentos que nos dejaron salen de diferentes lados y eso es lo que nos complica un poco el terminar de cerrar el procedimiento de investigación”, agrega.

Y, luego de considerar el estudio como algo complicado, el edil precisa que ya se trabaja en eso.

Respecto de que la ley penal brinda la oportunidad de reparar el daño o llegar a un acuerdo reparatorio entre imputado y víctima, posibilidad que se traduce en prácticamente devolver lo robado a quienes cometieron un ilícito de corrupción, el acalde índica escuetamente: “Lo justo es lo que se tiene que hacer, todo conforme a derecho y sobre esa idea vamos a ir trabajando”.

LOS QUEBRANTOS

Se trata del Informe Anual de Resultados 2020 de la Auditoría Superior del Estado y se abordan específicamente auditorias de cumplimiento y auditorias financieras de estos cuatro municipios.

Es decir, aparte de las denuncias que les han sido interpuestas ante la Fiscalía por la parte ciudadana, los siguientes datos fueron obtenidos de la ASE en donde Torreón mostró observaciones no solventadas por más de 71 millones de pesos y ejercicio de 42.8 millones de pesos arriba de lo aprobado en servicios personales.

Parras mostró observaciones no solventadas por más de 13.7 millones de pesos y ejerció más de 19 millones de pesos arriba de lo aprobado en servicios personales; Frontera mostró observaciones no solventadas por más de 46.7 millones de pesos y una disminución de sus ingresos sin justificar por 11.3 millones en cuanto a auditoría financiera.

Y Matamoros finalmente mostró observaciones no solventadas por 30 millones de pesos y ejercicio de 19.8 millones de pesos arriba de lo aprobado en servicios personales, además de la injustificada disminución de alrededor de 3 millones 600 mil pesos en ayuda social.

Con poco más de 30 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor que supera los 70 millones de pesos tanto en obra como en egresos y que tiene que ver con fiscalización de cuenta pública, deficiencias técnicas y físicas en obras públicas, faltantes de comprobación o documentación insuficiente.

En cuanto a las observaciones no solventadas por la entidad pública, dice la ASE, durante el plazo legalmente establecido para tal efecto fueron por un valor de 71 millones 976 mil 176 pesos.

Por lo que respecta a auditorías financieras uno de los hallazgos indica que la asignación global de servicios personales correspondiente al ejercicio 2020 pasó de un aprobado de 920 millones 357 mil 134 pesos a un devengado de 963 millones 207 mil 353 pesos, incrementándose en 4 millones 850 mil 218 pesos.

A pesar de ello, el ayuntamiento de Jorge Zermeño no presentó la información y documentación que justificara el incremento de servicios personales.

Con 67 observaciones no solventadas por el ayuntamiento parreño de Ramiro Pérez Arciniega durante el plazo legalmente establecido se alcanzaron los 13 millones 707 mil 893 pesos en los rubros mencionados antes.

Por lo que respecta a auditorías financieras específicamente el quinto hallazgo refiere que el importe aprobado para el ejercicio 2019 correspondiente a servicios personales fue de 67 millones 724 mil 165 pesos, mientras que para el ejercicio 2020 ascendió a 87 millones 495 mil 686 pesos.

Derivado de ello, se advierte un incremento de 19 millones 771 mil 521 pesos, equivalente al 29.19 por ciento, del cual no presentó la documentación e información que justifique haber excedido el límite del incremento de servicios personales en relación con el ejercicio inmediato anterior.

El ayuntamiento de Florencio Siller Linaje, de Frontera, concluyó ante la ASE con 56 observaciones no solventadas durante el plazo legalmente establecido y fueron por un valor de 46 millones 718 mil 973 pesos en cuanto a obra y egresos.

Por lo que respecta a auditorías financieras, específicamente el hallazgo seis de la ASE indica que la estimación de ingresos para el ejercicio 2020 ascendió a 265 millones 759 mil 908 pesos, mientras que los ingresos efectivamente devengados fueron 254 millones 421 mil 872 pesos lo que representó una disminución de ingresos por un total de 11 millones 338 mil 36 pesos.

Pese a dicha situación, el Municipio no realizó los ajustes necesarios en los rubros del gasto de comunicación social, gasto corriente, gasto en servicios personales y percepciones extraordinarias.

38 observaciones no solventadas por el Municipio en la administración de Horacio Piña Ávila durante el plazo legalmente establecido en 2020 fueron detectadas por la ASE, mismas que tienen un valor de 30 millones 138 mil 716 pesos en los mismos rubros anteriormente citados.

En cuanto a las auditorías financieras, de ellas se destacan el hallazgo 4 que indica que el importe aprobado para el ejercicio 2019 correspondiente a servicios personales fue de 111 millones 159 mil 269 pesos, mientras que para el ejercicio del siguiente año se incrementó a 131 millones 47 mil 398 pesos.

De ello se advierte un aumento de 19 millones 888 mil 128 pesos, lo cual equivalió al 17.89 por ciento y del que el ayuntamiento no presentó la documentación que justificase haber excedido el límite del incremento de servicios personales.

Mientras que otro hallazgo, el número cinco de la ASE correspondió a la asignación global de servicios personales correspondiente al ejercicio 2020, la cual pasó de un aprobado de 131 millones 47 mil 398 pesos a un devengado de 155 millones 489 mil 26 pesos, lo cual significó un incremento de 24 millones 441 mil 627 pesos de los que tampoco se presentó información ni documentación que justificara el incremento en los servicios personales.

Otro hallazgo de la Auditoría fue el número 8, donde indica que el importe de los ingresos estimados previstos para el ejercicio 2020 fue de 290 millones 861 mil 954 pesos, pero que los efectivamente devengados fueron 275 millones 502 mil 552 pesos, por lo que la ASE advirtió entonces una disminución de ingresos de 15 millones 359 mil 401 pesos.

En este aspecto el ayuntamiento de Matamoros no realizó los ajustes correspondientes a los rubros del gasto puesto que al final del año había generado un balance presupuestario negativo, además que los gastos de comunicación social y publicidad, gasto por remuneraciones adicionales y especiales al personal y el gasto corriente no sufrieron disminuciones.

“Aunado a lo anterior, el municipio realizó disminuciones en el rubro del gasto de subsidios y subvenciones, así como en ayudas sociales, afectando con ello los programas sociales y las prioridades del gasto”, concluía la ASE en diciembre del 2021.

CAMIONES USADOS

Quedan finalmente dos casos más de posible corrupción más actuales y corresponden directamente a los alcaldes de Frontera y Matamoros, además de ser provenientes de la ciudadanía.

En agosto de este año trascendió en diversos medios que el alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya, de extracción morenista, había adquirido cuatro meses atrás dos camiones para ser destinados “a la recolección de basura”.

El hecho resultó simple, sin embargo, los mismos burócratas municipales y regidores de oposición filtraron información en el sentido de que se había pagado un alto costo por dichas unidades, por lo que aseguraban un posible ilícito de corrupción.

Se pagaron en marzo 5.2 millones de pesos por dicha adquisición ante una empresa subastadora del centro del país y otra del sur que los remataban en 1 millón 200 mil pesos aproximadamente cada uno.

La presunción, en agosto, era de haber gastado más del doble por unos camiones modelo 2015 y considerados en desuso.

De acuerdo con indagatorias, una de las cuales lleva la Fiscalía Anticorrupción, los camiones marca Freightliner uno modelo 2014 y el otro 2015 cuyo valor en promedio era de 1 millón 200 mil pesos cada uno, se adquirieron sin licitación pública previa en 5 millones 287 mil pesos en total.

La sospecha, el sobrecosto y adquisición fuera del municipio y cuya función sería destinada a la recolección de basura, que la empresa que presuntamente los vendió y facturó y cuyo concepto de venta refiere unidades automotoras distintas a las adquiridas es una diferente a la que realmente los vendió al ayuntamiento de Frontera.

Otro dato de prueba del fraude es que se trata de dos empresas las vendedoras, por lo que la factura con que cuenta la Tesorería del Municipio de Piña Amaya pudiera ser de las que se denominan empresas fachada.

ADQUISICIONES Y CONCESIONES

Apenas el 6 de septiembre extrabajadores que están en litigio contra la actual administración municipal de Matamoros se presentaron en el Congreso para solicitar la ayuda de diputados mediante intervención o exhorto para que el alcalde les resuelva su situación jurídica y laboral.

Se trataba de seis que acudieron hasta Saltillo y, en representación de 200 ex burócratas de dicho municipio, fueron atendidos por la diputada Yolanda Elizondo Maltos, de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), quien se ofreció a apoyarlos.

Venimos al Congreso del Estado y luego iremos a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar ayuda y una denuncia para investigación en contra del alcalde Miguel Ángel Ramírez López “por estarnos jineteando liquidaciones y por la posible práctica de actos de corrupción en su administración municipal”.

Se trata del pago de liquidación de común acuerdo para unos 200 trabajadores que suma fácilmente más de 10 millones de pesos, platicó Sergio Alberto Luna Lavenant.

Acompañado de varios ex servidores públicos del municipio lagunero precisó que buscaban, primero, en el Congreso el apoyo de la diputada Elizondo Maltos por esta situación, “ya que principios de año la administración del actual edil despidió a estos 200 trabajadores, de los que por lo menos el 40 por ciento fueron presionados para firmar un convenio y darles su finiquito”.

“Ya pasaron 9 meses, sin embargo, y no ha cumplido el alcalde, por lo que de seguir en su postura de no atendernos ni dialogar realizaremos actos más fuertes como la toma del ayuntamiento pues ya en dos ocasiones anteriores los afectados nos manifestamos fuera de la presidencia municipal”, agrega.

Luna Lavenant, quien se desempeñó como director de Ecología en la administración 2019-2021, revela que otra circunstancia es la posible comisión de irregularidades que tiene que ver con corrupción por parte del alcalde y su administración.

“Para muestra están acciones como los contratos para obra a empresas fantasmas mediante adquisición directa, por ejemplo, adquirió 19 unidades usadas y en malas condiciones para servicios al municipio y por ello paga más de 614 mil pesos mensuales por concepto de renta, lo cual podría ser tipificado como un quebranto por 7 millones anuales a las arcas de la tesorería municipal”.

Otra anomalía administrativa, comenta, es que “apenas van 9 meses de administración y, con una nómina inflada, ya el edil presionó para aprobar la entrega de 15 concesiones de alcoholes para gente ligada a él, más la entrega de 150 concesiones de taxi en la zona urbana y 21 en la zona rural”.

“Ello sin contar que en poco tiempo ha endeudado al Municipio con 25 millones de pesos”, concluye.

Así las cosas y estos cuatro ayuntamientos, cuyas administraciones abarcaron del 2019 al 2021 y las actuales, suman por lo menos 161 millones 400 mil pesos de observaciones no solventadas y presupuesto incrementado en el rubro de los servicios personales, obra y egresos ante la ASE.

Y la presunción de delitos cometidos van desde el peculado hasta el desvío de recursos, corrupción y ejercicio indebido de funciones.

Al respecto, la Fiscalía Especializada en Hechos por Delitos de Corrupción del Estado de Coahuila continúa engordando las carpetas de investigación, citando a exfuncionarios y trabajadores en funciones para testificar y aclarar lo que haya ha lugar y fincando responsabilidades.

Mientras continúa el gasto indiscriminado, según algunos observadores, por parte de estos ayuntamientos y otros en la entidad.