Ciudad de México, 09/07/25 (Más).- La reforma a la Ley de Turismo, aprobada en 2024 con el objetivo de regular los alojamientos temporales y mitigar los efectos de la gentrificación en la capital, permanece en un limbo jurídico debido a la serie de amparos interpuestos por anfitriones y plataformas digitales como Airbnb. Esta situación ha provocado una parálisis institucional que ha impedido la aplicación efectiva de las normas, mientras la crisis de vivienda en Ciudad de México continúa agravándose.
El viernes pasado, vecinos de algunas de las colonias con mayor plusvalía y alza en los precios de renta, como Juárez, Roma Norte, Condesa e Hipódromo, salieron a las calles para manifestarse contra el fenómeno. Durante la protesta se pudieron observar carteles con leyendas como “Gringos go home”, reflejo del descontento frente a la especulación inmobiliaria que atribuyen a las plataformas de renta de corto plazo. Los manifestantes exigieron la regulación de empresas como Airbnb y Booking, a las que responsabilizan por el encarecimiento del mercado y el desplazamiento de residentes históricos.
En abril de 2024, Martí Batres, entonces jefe de Gobierno, propuso una reforma para controlar la proliferación de hospedajes temporales en las zonas turísticas de la capital. Una de las medidas principales fue la creación de un padrón de anfitriones, que obligaba a los propietarios a registrarse, detallar las características de su inmueble y obtener un permiso para operar. Posteriormente, el gobierno local impulsó una segunda modificación a la ley para establecer que una propiedad solo pudiera ser rentada durante el 50 % del año. Esta última fue aprobada por el Congreso capitalino con 49 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones.
A raíz de la aprobación, tanto anfitriones individuales como la propia plataforma Airbnb recurrieron al amparo judicial para impedir la entrada en vigor de las disposiciones. En enero de este año, la compañía anunció que buscaría frenar la aplicación de la ley a través de medios legales con el argumento de que era necesario continuar apoyando a la comunidad de anfitriones y en verdad promover una igualdad de oportunidades y condiciones a través de una regulación justa.
De acuerdo con el abogado Héctor Leonel Rivera Muñoz, la mayoría de los juicios iniciados por los anfitriones se encuentran actualmente en trámite. “En algunos de ellos fue concedida la suspensión definitiva para que la restricción de ocupación del 50% de las noches al año no sea aplicada hasta en tanto los juicios sean concluidos”, explicó el especialista. En otros casos, las resoluciones determinaron que no existía afectación directa, argumentando que el amparo solo podría proceder una vez superado el límite de noches anuales o tras la implementación del padrón. Sin embargo, ya existe una resolución de un Tribunal Colegiado que ordena al juez analizar el fondo del asunto y decidir sobre la inconstitucionalidad de la norma.
Los argumentos presentados por los demandantes giran en torno al impacto económico de la reforma. Según Airbnb, más del 80 % de los anfitriones registrados cuentan con uno o dos inmuebles, y en muchos casos se trata de personas de la tercera edad que dependen de esos ingresos. En un comunicado, la empresa afirmó que por cada peso que un huésped gasta en alojamiento, deja casi cuatro pesos adicionales en restaurantes, transporte, comercios y actividades turísticas.
Respecto al tratamiento fiscal y regulatorio, Rivera señaló que los anfitriones están sujetos a mayores cargas que otros prestadores de servicios turísticos. “Los anfitriones pagan un 1.5% más de impuestos federales que los hoteles”, explicó. Según cifras de Airbnb, desde 2017 han entregado más de 650 millones de pesos en impuestos sobre hospedaje en la Ciudad de México.
El abogado también apuntó que los apartamentos turísticos enfrentan las mismas obligaciones legales que los hoteles y criticó que no se les permita operar bajo las mismas condiciones. “No sería justo que, al tener las mismas obligaciones de hospedaje, a unos se les permita ofrecer el servicio el 100% de las noches al año, mientras que a otros solo se les permita el 50%”, sostuvo. Añadió que una prohibición más severa solo incentivaría la proliferación de alojamientos informales.
En respuesta a la creciente presión social, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su administración trabaja con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la búsqueda de nuevos mecanismos regulatorios que permitan contener el aumento en los precios de vivienda. “Particularmente en la Condesa, la Roma, ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios”, señaló.
No obstante, hasta ahora no hay un calendario definido para la implementación de la reforma aprobada ni claridad sobre si se acompañará de nuevas restricciones. Tampoco se han presentado acciones concretas para detener el avance de la gentrificación o atender el déficit habitacional en la capital. Mientras las resoluciones judiciales continúan en trámite, la regulación del sector permanece estancada y la situación de los habitantes de zonas afectadas por el turismo inmobiliario sigue sin respuesta institucional efectiva.
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