Le retiran custodia y seis días después lo matan

Gabriel Hernández, empresario y activista, fue asesinado en Reynosa días después de que las autoridades le retiraran la protección

Reynosa, Tamaulipas, 16/07/25 (Más).- Seis días después de que las autoridades estatales le retiraran la custodia que tenía por orden judicial, Gabriel Hernández Tovar, empresario de Reynosa y activista del Colectivo 10 de Marzo, fue asesinado a balazos la madrugada del 16 de julio. Su cuerpo fue localizado dentro de una camioneta Nissan Frontier blanca, la cual fue hallada proyectada hacia el interior de un canal de desfogue de aguas negras en la colonia Loma Real de Jarachina Sur, en Reynosa.

La unidad presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego en el asiento del conductor. Según reportes preliminares, Hernández fue perseguido por un grupo armado y ejecutado a tiros. Al intentar huir, perdió el control del vehículo y cayó al canal. Personal de Protección Civil y Bomberos acudió al sitio y confirmó el deceso.

Medios locales informaron que el ataque se habría producido cuando la víctima se encontraba en una tienda de autoservicio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no ha emitido hasta el momento una postura oficial sobre los hechos ni sobre las líneas de investigación abiertas.

Gabriel Hernández fue secuestrado en 2021, presuntamente por integrantes del Cártel del Golfo. Durante ese periodo, fue testigo de crímenes como ejecuciones e inhumaciones clandestinas. A partir de entonces, se convirtió en denunciante activo de desapariciones forzadas en la región y colaborador del Colectivo 10 de Marzo, fundado por Delia Quiroa.

En junio de 2024, Hernández denunció públicamente amenazas de muerte. Acusó a Mario Guitian Rosas, alias ‘La Chispa’, de ser responsable de secuestros en la zona. También señaló al fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, como protector de dicho grupo criminal. “Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, el responsable es Mario ‘La Chispa’ y el fiscal Irving Barrios”, dijo en un audio enviado a la periodista Azucena Uresti. En otro mensaje, declaró: “Aquí en Reynosa, la capital del secuestro, el gobierno no protege a los empresarios”.

Desde abril de 2023, contaba con un amparo judicial que obligaba a las autoridades a brindarle protección a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La custodia, a cargo de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Tamaulipas, fue retirada el 10 de julio de 2025, sin explicación alguna, a pesar de que el amparo seguía vigente.

Delia Quiroa, del Colectivo 10 de Marzo, confirmó que la protección fue retirada pese a una orden judicial expresa. “El gobierno debía garantizar su seguridad, y no lo hizo. Ahora estamos exigiendo respuestas y justicia”, declaró en entrevista con Azucena Uresti el jueves posterior al crimen.

La situación generó alarma en el colectivo, cuyos integrantes también enfrentan amenazas. Quiroa explicó que el mismo 10 de julio, el Poder Judicial emitió un nuevo acuerdo en el que se ordenaba protección urgente para otros dos miembros del grupo. Hasta la fecha, el mecanismo federal no ha establecido contacto con ellos.

Durante meses, Gabriel Hernández reportó que las investigaciones por secuestro y extorsión en su contra no avanzaban. Acusó una presunta protección institucional hacia sus agresores. El entonces vocero estatal de seguridad, Jorge Cuéllar, calificó las denuncias como “subjetivas” y lo invitó a “insistir y denunciar”, aunque el activista ya había agotado los canales legales.

“Cuando una persona se vuelve incómoda para las autoridades, pasan estas cosas”, afirmó Delia Quiroa. Las declaraciones fueron replicadas por otros integrantes del colectivo, quienes exigieron la intervención de organismos federales e internacionales.

Hasta ahora, ni el Gobierno de Tamaulipas ni la Fiscalía estatal han informado públicamente los motivos del retiro de protección ni han proporcionado detalles sobre los avances en la investigación del asesinato de Gabriel Hernández. El caso se suma a otros en los que personas bajo amenaza han sido asesinadas pese a contar con medidas de protección judiciales.