Le quitaron 384 hectáreas al área natural protegida

A cuatro días de publicado el decreto, Ruba solicitó el cambio de uso de suelo de área natural protegida a zona habitacional de alta densidad H5. El cambio favoreció a constructora que desarrolló el fraccionamiento Parajes de Santa Elena

Por Heriberto Medina

Saltillo, Coahuila, 17/08/26, (Más).- El área natural protegida de la Sierra de Zapalinamé perdió 384 hectáreas para permitir que la empresa Ruba construyera el fraccionamiento Parajes de Santa Elena, lo que causó daños a ecosistemas que deberían estar sujetos a protección.

En el decreto original de 1996, mediante el cual se delimitaron los terrenos del área natural protegida, se estableció que esta comprendía una superficie total de 25 mil 768 hectáreas. Doce años después, en 2008, el Gobierno del Estado modificó sus dimensiones mediante otro decreto y las redujo a 25 mil 384 hectáreas: 384 hectáreas menos.

El despojo se consumó el 9 de mayo de 2008, fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto firmado por el entonces gobernador Humberto Moreira; el secretario de Gobierno, Homero Ramos Gloria, y el secretario de Medio Ambiente, Héctor Franco López.

En el documento se argumenta, falsamente, que el objetivo de la modificación era ubicar con mayor precisión los puntos que delimitaban el área natural protegida mediante el uso de nuevas tecnologías.

Incluso, el decreto presenta la medida como favorable para la conservación de la Sierra de Zapalinamé, cuando en realidad ocurrió lo contrario.

“Que las adecuaciones propuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Coahuila llevarán a las autoridades estatales y municipales a tener una información más precisa sobre la delimitación de la superficie regida bajo protección especial, debido al alto valor ambiental para Coahuila, por el abastecimiento del recurso hídrico que proporciona a la región Sureste del Estado, así como por las especies de flora y fauna presentes en la misma, susceptibles de ser protegidas bajo el régimen previsto por la Ley”, se indica en el documento.

Sin embargo, al comparar los 39 puntos que marcan los límites, todos aparecen exactamente iguales, sin variación alguna, salvo las dos últimas referencias, que modifican el perímetro de la zona sujeta a conservación precisamente donde ahora se localiza el fraccionamiento Parajes de Santa Elena.

Es decir, las nuevas tecnologías supuestamente empleadas para efectuar el nuevo trazo determinaron que todo estaba bien, excepto la zona donde la constructora Ruba había mostrado interés en desarrollar un fraccionamiento.

Mediante Google Earth fue posible ubicar con precisión la superficie que perdió la reserva natural de la Sierra de Zapalinamé. Una parte considerable corresponde a terrenos donde la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) mantenía una zona de reforestación con coníferas conocidas como pinos alepos.

Cuatro días después de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, la constructora Ruba solicitó formalmente que un predio de su propiedad pasara de estar catalogado como área natural protegida y sujeta a conservación ecológica a tener un uso de suelo habitacional de densidad alta H5.

El terreno de Ruba se encuentra dentro de la superficie que fue excluida de la reserva natural.

La modificación implicaba un perjuicio considerable para los ecosistemas de la zona, así como un riesgo permanente para los bosques de la Sierra de Zapalinamé, debido a la cercanía de núcleos habitacionales que incrementan la contaminación por la basura que generan y elevan el peligro de incendios forestales.

Ninguno de estos aspectos fue suficiente para que los regidores que integraban la Comisión de Desarrollo Urbano rechazaran la solicitud; por el contrario, la aprobaron.

La comisión era presidida por Alberto Leyva y estaba integrada también por Everardo Quezada, Lauren Rosaura Rodríguez Villarreal, Fernando Oyervides Thomas, Roberto Cárdenas Zavala, Liliana Romo y Nohemí Pérez Alvizo.

También en la zona de restauración

Una situación similar ocurrió en el área declarada zona de restauración, ubicada debajo de la cota de los mil 800 metros, en el corredor habitacional Los Fundadores.

El 8 de junio de 2007 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto mediante el cual se declararon mil 827 hectáreas como zona de restauración. La medida se tomó después de que el periódico Palabra denunciara públicamente la construcción de un fraccionamiento por encima de la cota de los mil 800 metros, que marcaba el límite del área natural protegida.

Las viviendas construidas quedaron abandonadas y el Gobierno del Estado declaró esos terrenos zona de restauración.

Con esta disposición se pretendía frenar el avance de los desarrollos habitacionales sobre la Sierra de Zapalinamé y reforestar el lugar con especies nativas.

Sin embargo, el Gobierno del Estado incumplió su obligación de proteger la zona. Siete años después, en 2014, la administración de Rubén Moreira modificó sus límites: la superficie pasó de mil 827 a mil 775 hectáreas, lo que representó una pérdida de 52 hectáreas.

En el propio decreto se explica que el ajuste obedeció a la existencia de desarrollos habitacionales cuya construcción no podía revertirse.

“Que no obstante lo anterior, existen diversas áreas que actualmente resultan de imposible reparación o restauración, debido a sus condiciones de urbanización o deterioro ambiental agravado que no permiten dar cumplimiento al objeto del decreto de restauración”, se precisa en el documento.