Por Marco Campos Mena
En las últimas semanas han ocurrido tres tropiezos que, en conjunto, han marcado un rumbo distinto para la presidencia de Claudia Sheinbaum y para Morena. No son simples escaramuzas mediáticas, son fracturas que minan la confianza ciudadana porque muestran incoherencia entre lo que se promete y lo que se hace.
La primera caída tuvo que ver con La Barredora y con la innegable cercanía entre poder público y redes oscuras. Adán Augusto López, en su papel de coordinador del Senado y con pasado como notario y gobernador, ha sido expuesto con evidencias que conectan a empresarios y personajes políticos con grupos ligados al crimen.
Lo que empezó como rumores terminó convirtiéndose en documentos, testimonios y reportes periodísticos que apuntan a nexos que en su momento no se investigaron con la debida diligencia. Peor aún, cuando la institución pide pruebas para actuar, se olvida que en otros casos bastan filtraciones o testimonios para destruir reputaciones ajenas. Esa aplicación selectiva de la presunción de inocencia no solo huele a doble rasero, muestra que la lealtad política, más que la justicia, dicta conductas dentro del círculo de poder. Esa defensa cerrada de cuadros cercanos terminó por salpicar la imagen presidencial porque revela una elección clara: “Proteger primero al partido y dejar en segundo plano la transparencia”.
La segunda caída brotó de la emergencia y de la torpeza en su manejo.
Frente a las recientes inundaciones que azotaron varias regiones (con atención mediática en sitios como Poza Rica) la reacción oficial tuvo dos caras: un acto público de presencia que buscó transmitir cercanía, y decisiones comunicacionales que se contradecían al día siguiente.
Decir “no vamos a ocultar nada” desde una camioneta y luego omitir qué municipios se informarán es una muestra de contradicción pública difícil de defender.
En ese contexto reapareció la figura del extitular del Fonden, José María ‘Chema’ Tapia Franco: señalado por opiniones y reportes antiguos sobre su manejo del fideicomiso, hoy es un actor con perfiles políticos en disputa, lo que convierte en incómoda la narrativa oficial que criticó al Fonden pero ahora convive con personajes relacionados a él.
La eliminación del fideicomiso no anuló la necesidad de recursos flexibles para emergencias: aunque existe una partida presupuestal, su naturaleza distinta limita su capacidad de respuesta inmediata. Esa mezcla de gestos simbólicos y decisiones administrativas contradice la narrativa de un gobierno cercano y eficaz.
La tercera caída es política y material: la traición a la promesa de “no más impuestos”.
Se decía que no habría nuevas cargas al bolsillo popular; sin embargo, la reforma al IEPS aprobada en lo general eleva el gravamen sobre refrescos y bebidas saborizadas (la cuota por litro crece considerablemente) y, además, plantea medidas nuevas (como un IEPS del 8% para videojuegos catalogados como violentos) y una tarifa específica para bebidas “light” o “cero”.
No se trata solo de tecnicismos fiscales: en el imaginario público todo esto suena a recaudación camuflada por salud pública. Peor todavía: episodios como el de la campaña de desprestigio contra Electrolit y la pelea contra laboratorios ponen en evidencia que buscan cubrir sus errores culpando a alguien más y de pasada aprovechan para crear más conceptos recaudatorios. Cuando los ingresos se elevan pero no existe claridad sobre que esos recursos reforzarán la salud o la prevención, la reacción social es desencanto, no comprensión.
A todo esto se sumó una voz que merece atención: la diputada de Movimiento Ciudadano que, desde el pleno, recordó que culpar a los videojuegos por la violencia es simplista y peligroso. Su intervención fue clara: la ficción no genera delincuentes; la violencia nace de un Estado que no cumple con su tarea de garantizar seguridad, oportunidades y justicia. Ese señalamiento corta el intento de convertir en chivo expiatorio al entretenimiento para ocultar fallas estructurales. Si la discusión sobre la seguridad se reduce a qué se ve en una pantalla, evitamos la conversación central: por qué miles de jóvenes no encuentran alternativa distinta a la ilegalidad.
Hay un mismo patrón: una narrativa oficial que promete rectitud y protección, seguida de decisiones o defensas que contradicen esa promesa. Defender lo indefendible, reciclar a figuras cuestionadas y convertir medidas fiscales en símbolos antes que en políticas públicas concretas alimenta la percepción de que el gobierno prioriza la imagen por encima de la solución. La consecuencia es la más grave: erosión de la legitimidad. La política no es un juego de espejos; es gestión de riesgos, rendición de cuentas y, sobre todo, coherencia entre palabra y acto.
La recuperación de la credibilidad no pasa por discursos ni por gestos calculados, pasa por asumir errores, aceptar investigaciones imparciales cuando procedan, dar cuentas claras sobre la administración de recursos para emergencias y convertir la política fiscal en una herramienta transparente y dirigida a resultados medibles.
Nadie pide perfección, se exige responsabilidad. Si la 4T quiere recomponer su dirección, debe escoger la rendición de cuentas antes que la defensa a ultranza; rectificar cuando se equivoque y priorizar soluciones reales sobre narrativas convenientes. Es la única manera de que la presidenta vuelva a recuperar la confianza del país y de que Morena deje de caer una y otra vez por las mismas “grietas”, como se les dice ahora…
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